La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a traves del organismo que corresponda, tenga bien disponer las acciones y medidas pertinentes que eviten el robo, acopio y trafico de objetos y bienes arqueológicos y paleontológicos en nuestro país, asegurando el marco legal vigente que prohíbe la importación, exportación y transferencia del patrimonio cultural argentino.

Señor presidente:

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

La ley 25.743 sobre Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico apunta a la "preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes".

En la actualidad nuestro país es conciente de que es muy difícil combatir el tráfico de estos bienes, las excavaciones ilícitas se suceden sin control estatal o provincial, se cometen diariamente delitos penales y es manifiesto el daño irreversible que se hace a nuestro Patrimonio Cultural que nos identifica como Nación.

A nivel mundial el tráfico ilícito de este tipo de objetos es la tercera actividad delictiva detrás del narcotráfico y de la venta ilegal de armas, convirtiéndose en un negocio millonario. Datos estadísticos ubican a la Argentina como el segundo país del mundo en importancia paleontológica, detrás de la Republica Popular China.

Existe a nivel nacional e internacional una gran cantidad de legislación y convenciones que apuntan a combatir estos delitos, cabe mencionar la ley N° 25.257 que aprueba la "Convención del Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente", adoptada en Roma el 24 de junio de 1995, la ley Nº 25.568, que aprueba la "Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas" - Convención de San Salvador", aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 16 de junio de 1976 en San Salvador, y el decreto 1166/2003, donde se Crea en el ámbito de la Secretaría de Cultura el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Convencidos de la importancia fundamental de la protección del patrimonio cultural y profundamente preocupados por el tráfico de los bienes culturales y por los daños irreparables que puedan producirse es que solicito se adopten medidas precautorias para controlar este delito en todo el territorio nacional, a efectos de poder resguardar nuestra información arqueológica, histórica y científica.

Defender nuestro Patrimonio Cultural debe ser mas que una mera declaración, es una tarea de todos, un esfuerzo que nos convoca a para poner fin a este comercio ilegal que viene adquiriendo niveles de epidemia cultural.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.