La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio por la elevación a juicio de la causa penal 672/2011, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional n° 2 de Clorinda, a cargo del Juez Santos Gabriel Garzón y de la Fiscal Gloria Elena Rejala, en la que se acusa al Qarashe Qom, Félix Díaz, por el delito de usurpación.

Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, al INAI, y a los poderes ejecutivos y judiciales provinciales que tomen las medidas a su alcance para evitar la criminalización del reclamo constitucional de los diversos pueblos originarios sobre sus tierras.

Señor presidente:

La situación de los pueblos originarios en nuestro país es probablemente una de las deudas más profundas que tiene nuestro país en materia de derechos humanos. Si bien tanto nuestro texto constitucional como diversas normas infraconstitucionales (incluyendo tratados internacionales) son ricas en lo que hace al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos y de sus derechos fundamentales, lejos se encuentra nuestra realidad del mencionado ideal normativo. Basta solo con recordar que el pueblo Qom en la Provincia de Formosa ha sido víctima en reiteradas ocasiones de discriminación y violencia física tanto por parte de sujetos privados como estatales (basta mencionar los homicidios de Celestina Jara, Natalia Lila Coyipe, Daniel Asijak e Imer Flores acaecidos entre diciembre de 2012 y enero de 2013, para dimensionar la magnitud de la problemática).

En este lamentable marco fáctico, se inscribe un nuevo hecho que merece nuestra atención. El pasado 28 de mayo del corriente, el Juzgado Criminal y Correccional n° 2 de Clorinda dictó el auto de elevación a juicio del Qarashe Qom, Félix Díaz, por el delito de usurpación (art. 181, inc. 1, Código Penal) que tramita en la causa penal 672/2011. Estos actos estatales (que en comparación con la omisión del deber de protección de la seguridad física de los individuos que pertenecen a este pueblo parecen nimios), muestran una nueva faceta en la marginación sistemática de nuestros pueblos originarios: su criminalización. Claro es que, la criminalización de un grupo vulnerable que busca el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales hecho merece nuestro máximo repudio.

Al mismo tiempo, más allá de este caso en particular, es también objeto de este proyecto prevenir esta situación a lo largo y ancho de nuestro territorio, solicitando a diferentes poderes nacionales y provinciales que tomen todas las medidas a su alcance para evitarla. No podemos negar que los pueblos originarios se encuentran en un estado de marginación alarmante. Las soluciones disponibles para resolverlo son diversas y discutibles, pero no hay duda de que la criminalización de sus actos no es una de ellas, y de que no es el fuero penal el foro adecuado para este debate.

Por ello, y en el entendimiento de que debemos aunar esfuerzos desde todo el arco político con un mensaje claro y contundente, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.