La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional visto la necesidad de evitar el incremento desmesurado de la facturación de gas natural por redes, que afecta gravemente a la mayoría de los usuarios del país, para solicitarle:

-Que arbitre los medios necesarios, a través de los organismos que corresponda, para la Revisión del Decreto 2067/08 y de todas las resoluciones dictadas a partir del mismo, adecuándolos a la situación actual de emergencia económica;

- La suspensión del cobro de las facturaciones actuales;

- La refacturación de las mismas, eliminando los cargos aplicados correspondientes al Decreto mencionado y sus resoluciones complementarias, asegurando el pago solo por el consumo de gas efectuado; y

- Ordenar a la empresa prestadora del servicio la imposibilidad del corte del mismo, así como de cualquier otra sanción que quiera ser aplicada por el prestador al respecto.

Señor presidente:

A través de la aplicación del decreto 2067/08 del 27 de noviembre de 2008 y sus resoluciones complementarias, el Ejecutivo Nacional aumentó el cargo fijo en la tarifa del gas generando incrementos en las mismas de dimensiones inesperadas y en particular, afectando considerablemente a los usuarios residenciales con mayor incidencia por el aumento del consumo de la época invernal.

La decisión de elevar el umbral del consumo de 1.000 a 1.500 metros cúbicos al año estimando cubrir de esta forma los requerimientos de una familia tipo, han sido erróneos ya que en la mayoría de los casos el consumo básico de las mismas supera este nivel mínimo de 1500m3 e incide directamente en un amplio universo de consumidores con elevación de costos por la aplicación del Decreto mencionado. Si a esto le incorporamos la situación socioeconómica afectada por la crisis mundial y su impacto en los aspectos económicos y laborales locales, estos consumidores se ven imposibilitados, en estas condiciones, de abonar las tarifas con los cargos mencionados para este servicio.

A esta situación hay que incorporarle la profunda preocupación y acciones impulsadas por las Defensorías del Pueblo, tanto de la Provincia, como de las principales Ciudades de Córdoba, quienes en una acción compartida han solicitado a los legisladores nacionales por la provincia, incluir en la agenda legislativa nacional, esta solicitud de derogación y decisiones complementarias que acompañan al presente proyecto.

Cabe resaltar que a este respecto también se han expedido la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia, la Dirección de Protección al Consumidor de la Municipalidad de Córdoba, el Consejo Protector de Consumidores y Usuarios y la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores entre otras.

Consideramos que el problema excede los límites provinciales ya que acciones similares se vienen desarrollando en diferentes provincias del país, por considerar que su imposición provoca graves distorsiones a la economía familiar y especialmente a la canasta alimentaria de millones de argentinos y en particular a los sectores de menores recursos en todo el país.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.-