La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su repudio a las agresiones provocadas por un grupo identificado con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra el Canal de TV Globovisión el 3 de agosto de 2009, a su vez expresa su categórico rechazo al cierre de 34 radioemisoras en dicho país, sendas situaciones que significan una flagrante violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Señor presidente:

Con absoluto asombro el martes 3 de agosto de 2009 asistimos a un hecho de violencia inusitada contra un medio de comunicación en Latinoamérica, se trata de la cobarde agresión al Canal de TV. Globovisión de la República Bolivariana de Venezuela.

En dicha oportunidad y a través de imágenes televisivas que recorrieron el mundo, se pudo constatar que un grupo armado de más de 30 personas, que se movilizaba en motocicletas, atacó con bombas lacrimógenas la sede del canal televisivo, provocando varios heridos. Entre ellos una agente de la propia Policía Metropolitana de Caracas, apostada allí por instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en función de las medidas que adoptara para garantizar la seguridad de la cadena televisiva Globovisión.

El grupo Unión Patriótica Venezolana (UPV), identificado con el oficialismo gobernante de ese país, estaba encabezado por la dirigente "chavista" Lina Ron, reconocida por los trabajadores de la emisora.

Alberto Ravell, denunció en distintos medios que "sería la cuarta vez que Lina Ron arroja bombas lacrimógenas contra las instalaciones de Globovisión, por lo que responsabilizó directamente a Chávez", Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que declaraba "Si el Gobierno lo que quiere es asesinarnos, acabar con nosotros, hágalo de una vez".

Por otro lado aseguraba "es un atropello que tiene que ser repudiado por la comunidad entera", y enfatizaba "yo quiero saber ahora que va a decir el Ministro de Interior, Diosdado Cabello (Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) y el Presidente cuando a plena luz del día asaltan un canal de televisión".

Este repudiable episodio se produce, como corolario de una andanada de amenazas de cierre promovida por el Gobierno del Presidente venezolano Hugo Chávez, que acusa al medio de practicar "terrorismo mediático".

A partir de calificaciones lamentables como estas y de acciones concretas que se realizan por parte del gobierno de aquel país, contra los medios de comunicación que mantienen una línea editorial contraria a sus decisiones, Globovisión debe hacer frente a varios expedientes administrativos que podrían acarrearle la inmediata revocatoria del permiso de emisión.

Afirmación que se relaciona con decisiones adoptadas en los últimos días, donde se produjo el cierre de más de 30 emisoras radiales y de Tv por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de ese país y, la posibilidad de avanzar en idéntico sentido sobre otras 200, que estarían en riesgo de perder sus licencias "por abusar de la libertad de expresión" se argumenta. Situación que generó la inmediata reacción de miles de personas que se volcaron a las calles del país para expresar su rechazo a estas medidas.

Sin embargo, aquella acusación al medio de practicar "terrorismo mediático" no es aislada, el propio Presidente de la República, en uno de los programas televisivos que realiza diariamente ya había avanzado en las amenazas, fue en oportunidad de tomar periódicos locales en sus manos y relatar, "Pedrito, Juancito, ustedes me están escuchando en este momento. ¿Ven el nombre de este periódico? Este periódico lo dirige el señor Miguel Enrique Otero. Acuérdense de él: Miguel Enrique Otero". Luego toma el periódico "El Universal" y sostiene, "Pedrito, Juancito, ustedes me están escuchando. Este periódico lo dirige el señor Andrés Mata Osorio. Estos dos periódicos son enemigos de la Revolución. Estos dos señores son enemigos de la patria".

De esta manera se crea desde el mismo poder político del estado una reiterada situación de apología del odio apelando su argumento a través de la "libre expresión", contrariando no solo los tratados internacionales a los que adhiere dicho país como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino el verdadero rol del estado que no puede pretender construir la verdad para los ciudadanos, debe asegurarles, en todo caso, el espacio necesario para que dentro del debate democrático formen su criterio y opinión.

Es categórico el artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su punto 5 reza, "Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional", más aún, el Estatuto de la Corte Penal Internacional amplía tales prohibiciones al incluir los motivos políticos.

El gobierno venezolano debe reconocer las definiciones sobre derechos humanos y particularmente sobre libertad de expresión de los tratados internacionales a los que adhiere, entre ellos el de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque forma parte de su bloque de legitimidad y a partir de ello poner en práctica la definición de su artículo 13, que refiere explícitamente a la libertad de pensamiento y expresión.

Del mismo modo debe respetar las decisiones adoptadas por los organismos internacionales, como las quejas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la

situación de la relación de los medios de comunicación venezolanos con el gobierno, y no reaccionar ante ellas como lo hiciera la fiscal general de Venezuela proponiendo un proyecto de ley sobre delitos mediáticos para maniatar a los medios, cuestionado de igual forma por algunos organismos internacionales.

También es imprescindible que valore la reciente sentencia de la Corte Interamericana en los casos Ríos y Perozo de Venezuela, periodistas de la Radio Caracas Televisión y Globovisión respectivamente, dictada ante las agresiones ofensivas proferidas por parte de funcionarios de gobierno y del propio presidente venezolano contra estos, sentencia que tranquilamente podría caberle a la Argentina de los últimos tiempos de persistir algunas conductas.

La Corte Interamericana sostiene en ellas que "todo funcionario público, todo gobernante, tiene derecho a que se le reconozca su derecho a la libre expresión del pensamiento". Sin embargo sostiene que "hay una exigencia mucho más gravosa para ellos que la que se pide a los periodistas cuando se reclama que los mismos se comporten con la debida diligencia en la confrontación de sus fuentes". Afirma que "en el caso de los gobernantes y políticos tienen la obligación de expresarse responsablemente y con fundamento en cada cosa que digan o expresen porque son moderadores y condicionadores de las conductas sociales". Lo que significa que no es lo mismo la expresión de un periodista o de un ciudadano que la de un gobernante.

Desde aquella responsabilidad es desde donde se debe reflexionar sobre la importancia que debe tener el estado y sus funcionarios no solo en reclamar pluralidad a los medios, sino por el contrario trabajar para asegurar esa pluralidad y la diversidad como uno de los pilares fundamentales de la democracia.

El escenario venezolano y particularmente este hecho, ha generado distintas reacciones a favor de la libertad de expresión y el repudio a las presiones a la prensa, destacándose como ejemplo significativo el comunicado de prensa Nº 55/09 de la CIDH, fechado el 3 de agosto de 2009 en Washington, donde "Expresa preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela". Recalca que, "Desde el año 2000, la CIDH ha venido observando una paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica. Por información recibida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en los últimos días la Comisión ha conocido nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y la presentación de un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión bajo el proyecto de delitos mediáticos".

De la misma forma vale destacar los conceptos vertidos sobre la materia por el Dr. Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, entre otros honores, a quién este año, la Sociedad Interamericana de Prensa reconociera con el gran premio Chapultepec 2009 y que visitara esta Honorable Cámara de Diputados y particularmente la Comisión de Libertad de Expresión, el pasado 15 de julio de 2009 dejándonos valiosísimos conceptos para rescatar en la materia.

Luego de una detallada exposición concluía sosteniendo que "Hoy en día, cuando se desmonta el viejo estado republicano y el mundo pierde el tejido social y regresa a estas patrias de campanario, y otro gran sector se monta sobre las autopistas de la información, parece ser que el único elemento articulador de las voluntades políticas está en la opinión pública y en sus instrumentos, que son los medios de comunicación social. Ellos son el cuarto poder o pasan a ser el verdadero poder de nuestro tiempo. ¿Será por eso que quienes aman tanto el poder, no para servir sino para servirse, corren desesperados a ponerles las manos y controlar los instrumentos de información que nos ofrece la era contemporánea?"

Finalmente la democracia en el continente, tiene su columna vertebral, que indiscutiblemente es la libertad de expresión y lo es desde las actas de la asamblea revolucionaria francesa de 1789 y de las declaraciones de las cortes generales y extraordinarias de Cádiz de 1812, donde la libertad de imprenta y la eliminación de la censura constituían una condición absoluta para el nacimiento de las repúblicas liberales y democráticas. Libertad de expresión que no sólo es fundamental para la democracia sino que lo es para el desarrollo de la condición humana.

Por estas razones nuestro país no puede dejar pasar como inadvertida, esta grave situación en la que se encuentra el hermano país de Venezuela con relación al derecho humano de libertad de expresión, y debe pronunciarse categóricamente, y ese pronunciamiento debe partir del ámbito más representativo del pueblo, el que por excelencia es esta Cámara de Diputados de la Nación.

Por tal motivo solicitamos a nuestro pares nos acompañen con el voto afirmativo al presente proyecto.