La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la Dra.Carmen Argibay y rinde su homenaje a quien fuera una de las más comprometidas luchadoras por los derechos humanos en especial, por los derechos humanos de las mujeres.

Señor presidente:

No sólo ha perdido el Poder Judicial una gran jueza; también la democracia ha perdido un gran ejemplo de funcionaria pública y de ciudadana comprometida con los valores inherentes a una república y un estado constitucional de derecho.

Carmen Argibay fue una jurista que ejerció su magistratura en forma independiente de todo poder político o económico en el más alto tribunal de la Nación. Defendió sus ideas enraizadas en los derechos humanos en todo tiempo y espacio, lo que le valió el respeto y el reconocimiento de la comunidad internacional a punto tal de desempeñarse en el Tribunal Criminal Internacional que juzgó crímenes de guerra en la ex Yugoeslavia.

Carmen Argibay nunca abandonó sus principios de lucha por la igualdad y la convivencia respetuosa de los derechos humanos y las libertades públicas. Luchó por elevar el piso de igualdad de la condición jurídica y social de la mujer trabajando desde todos los ámbitos. Fue innovadora en el accionar de la Corte Suprema que no se limitó a dictar sentencias sino a asumir su responsabilidad para promover la difusión y capacitación del propio Poder Judicial en relación a las Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos en especial, de la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer. Para ello impulsó, en todas las jurisdicciones y niveles del Poder Judicial, el debate y compromiso para implementar e interpretar las normas a la luz de estos Tratados con una nueva perspectiva de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó a su cargo esta inmensa tarea creando la Oficina de la Mujer de la que Carmen Argibay era responsable.

Esa Oficina se transformó en el motor de muchos cambios necesarios para que el Poder Judicial no permanezca indiferente ante los compromisos que nuestro país asumió al incorporar los Tratados a la Constitución Nacional. Estos compromisos no son meras declaraciones, sino deberes concretos que el Estado -a través de todos sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se ha comprometido a respetar pero sobre todo, a promover.

Pudo haber ejercido su magistratura sin necesidad de asumir esta inconmensurable tarea. Pero sus principios igualitarios, sus valores democráticos y su sentido humanista no le permitieron ser indiferente ante la injusticia. Ese fue su gran mensaje: trabajar en pos de sus ideales de justicia sin abdicar de sus principios.

Solo podemos expresar nuestro reconocimiento por su aporte a la construcción de una democracia fundada en la transparencia, la solidaridad y la igualdad.

Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.