La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que proceda a derogar en forma inmediata el Decreto 2067/08 y las resoluciones administrativas que los reglamentan (Resolución Nº1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Resolución 563/2008 ENARGAS), que tiene como efecto el incremento de la tarifa de gas a los consumidores y usuarios, por considerarlo ilegítimo e inconstitucional.

Señor presidente:

El Decreto Nº 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional dispone la creación de un fondo fiduciario para atender las importaciones de gas natural y todas aquellas necesarias para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo (artículo 1º), concretadas específicamente a través de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), según se indica en los 'considerandos' del decreto.

En el artículo 2º de la norma se estableció que dicho fondo fiduciario "...estará integrado por los siguientes recursos: (i) cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural; (ii) los recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales; y (iii) a través de sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector...".

El mencionado decreto ha sido cuestionado por inconstitucional e ilegítimo en distintas presentaciones judiciales, por diversas razones como vicios en el procedimiento previo al dictado del acto administrativo (Río Negro, Chubut); incompetencia del Poder Ejecutivo por ser atribución de este Congreso Nacional (Chubut), irrazonabilidad en la medida y el monto del aumento, que agudiza la crisis económica de los argentinos, entre otros argumentos. Existiendo, a la fecha, medidas cautelares favorables a los consumidores en las Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, así como presentaciones de diferentes Defensores del Pueblo provinciales.

A las razones legales esgrimidas, debemos agregar las consecuencias sociales y económicas que esta norma causa a miles de argentinos que en forma intempestiva ven aumentados sus gastos corrientes, dentro del cual el gas es un bien de consumo indispensable para sus hogares..

Es por ello, que atendiendo a la necesidad de dar respuesta inmediata a la problemática causada por el dictado del Decreto 2967/08 y su reglamentación, que solicitamos su urgente derogación.