La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que resulten competentes informe sobre los siguientes puntos:

1 - Si tiene conocimiento de la concesión otorgada por el gobierno la provincia de Río Negro, para la realización de trabajos de explotación de gas y petróleo, en el paraje Ñirihuau Arriba, ubicado a tan sólo 3.500 metros del Parque Nacional Nahuel Huapi.

2 - En caso afirmativo indique:

I) Si la Administración Nacional ha verificado la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes, teniendo en cuenta el daño ya ocurrido en la zona ut supra referida, ocasionado por explotaciones de idéntica naturaleza.

II) Indique cuáles son las medidas concretas adoptadas por el Estado Nacional, en ejercicio de su poder de policía y en el marco de lo estipulado por la ley 22.355, a fin de garantizar la protección de la flora y fauna de la región concesionada y del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Señor presidente:

Se han verificado en las proximidades de la ciudad de Bariloche, más precisamente en el paraje Ñirihuau Arriba -lugar de una invalorable riqueza natural- una serie de perforaciones exploratorias con el objeto de hallar yacimientos de gas y petróleo. Algunas de ellas fueron hechas en los últimos años y otras tienen décadas. Esta actividad ha ocasionado preocupantes impactos sobre el ecosistema de la zona. En efecto, según denuncias de habitantes del lugar, publicadas por el diario Clarín, "esas perforaciones y los "manaderos existentes ya están contaminando los arroyos del lugar. El petróleo avanza por los cursos de aguas y los pobladores registraron la presencia de pájaros empetrolados" (1) .

Dos motivos son los que preocupan a los pobladores: las emanaciones de petróleo ya existentes en el valle del Ñirihuau, que van a dar directamente al arroyo Las Minas y de allí siguen al arroyo Ñirihuau, para concluir finalmente en el lago Nahuel Huapi; y la licitación otorgada por el Gobierno de la Provincia de Río Negro para realizar nuevos trabajos de exploración en busca de gas y petróleo en la zona.

Con relación a esto último, resulta muy preocupante la decisión adoptada por las autoridades de la citada provincia, de conceder permisos para llevar adelante extracciones de gas y petróleo en un área ubicada a tan sólo 3.500 metros del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La firma que ganó la licitación para explorar la zona -que tiene 536.024 hectáreas en total- es la Unión Transitoria de Empresas integrada por las firmas Repsol y Pluspetrol.

Corresponde poner de relieve que el espacio concesionado está dentro de la Reserva de la Biosfera Norpatagónica creada el año pasado por acuerdo de UNESCO, el Estado Nacional y los gobiernos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Esta Reserva tiene un marco multijurisdiccional basado en el consenso de manejo, pero que no tiene la fuerza legal para el derecho argentino como las normas que regulan a los Parques Nacionales. En este sentido, es dable remarcar que el artículo 4to de la ley 22.355 categóricamente prescribe que en los parques "está prohibida toda explotación económica con excepción de

la vinculada al turismo". A su vez el artículo 5to de la norma referida establece taxativamente la prohibición de explotación y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales en estas zonas protegidas.

La falta de normas específicas que reglamenten rigurosamente este tipo de actividades tan riesgosas para la indemnidad del medio ambiente, se suma al escaso control por parte del gobierno de la provincia de Río Negro. Con relación a esto último, los pobladores de la zona afirman que el CODEMA (Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente) carece de capacidad técnica para hacer evaluaciones medioambientales. Diferentes Organizaciones ambientalistas ya han alertado sobre las consecuencias disvaliosas que el proyecto generará. Éstas no confían en el control que el Estado Provincial ejercerá. Y las dudas a priori parecen justificadas. En la misma nota antes referida los integrantes de la ONG "Comunidad del Limay" afirman "no podemos confiar en el poder de policía de un organismo que por años no se preocupó por la contaminación de las perforaciones exploratorias" y agregaron que "pretender que no habrá derrames es una ilusión (...) cualquier derrame va a llegar al lago".

Frente a esta situación, la Administración Nacional, a través de los organismos competentes, debe actuar con celeridad adoptando las medidas preventivas necesarias a fin de evitar posibles daños ambientales. Corresponde que el Estado, en ejercicio de su poder de policía, se anticipe a los hechos para que no tengamos que padecer consecuencias a la postre irreparables. Corresponde precisar, a fin de deslindar cualquier conflicto de competencia entre los gobiernos Nacional y Provincial, que la zona comprometida está a tan sólo 3.500 metros de un Parque Nacional y en consecuencia compromete al interés del gobierno federal.

Por los motivos expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.