La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

EXPRESAR PREOCUPACIÓN POR LA FIRMA DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 943/09 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL QUE ESTABLECE LA AUTORIZACIÓN AL SIS- TEMA NACIONAL DE MEDIOS PÚBLICOS PARA OPERAR UN SISTEMA DE TELEVISIÓN SATELITAL EN FORMA PARALELA AL DEBATE DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.

Señor presidente:

La presidente de la Nación Cristina Fer- nández de Kirchner y el jefe de Gabinete de ministros Aníbal Fernández firmaron el 28 de julio pasado el decreto de Necesidad y Urgencia 943/09 que permite al Siste- ma Nacional de Medios Públicos operar un sistema televisión satelital con contenidos culturales, informativos y educativos. No cuestionamos totalmente el contenido de la iniciativa del decreto en mención si- no que nuevamente ponemos el acento crítico en las formas adoptadas por este Go- bierno para fijar pautas en el mercado de los medios de comunicación social, que como dice el decreto mencionado, "son los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión". Al hablar de libertad de expresión, observamos un avance del Estado Nacional , re- presentado por su Gobierno, que administra recursos aportados por todos los argen- tinos para impulsar un paquete de señales satelitales con contenidos aparentemente bien intencionados. Decimos entonces que el contenido puede ser positivo, pero conociendo los antece- dentes del actual Gobierno en materia de libertad de prensa y libertad de expresión, ambos defendidos conforme a los artículos 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional, no podemos menos que señalar algunas alarmas de posibles abusos. En primer lugar, cuestionamos que se haya impuesto la vigencia de un nuevo siste- ma de difusión de ideas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Por lo tan- to, es propicio reclamar que este tipo de iniciativas debe contar con el consenso y la participación del Parlamento Nacional. En el Congreso de la Nación, precisamente, están representados los intereses de las provincias, muchas de ellas con amplias franjas de ciudadanos que hoy no disponen de acceso a se

ñales de televisión culturales, educativas o informativas, como menciona el decreto 943. La medida del Gobierno se basa en el argumento que "el Estado Nacional debe con- tar con "herramientas" que le permitan desarrollar "una política de libre acceso a la información por parte de la población en situación de vulnerabilidad social", lo que seria contradictorio con el hecho, que estamos a escasos meses de haberse presen- tado por parte de la propia autora del decreto de necesidad y urgencia, de un nuevo anteproyecto de ley de radiodifusión, aún en discusión para reemplazar la norma vi- gente, ley 22.285. En este marco, nos parece contradictorio que se denote a la actual ley de Radiodifu- sión por sus contenidos impuestos por las Juntas Militares de la última dictadura, pe- ro al mismo tiempo se la utilice de fundamento para justificar la instauración de un paquete satelital de señales con contenidos controlados absolutamente por el Esta- do, sin participación de la sociedad civil y del Parlamento. De hecho, fueron largamente promocionados los "debates de base" organizados por el Comité Federal de Radiodifusión en distintos puntos del país para dar consenso a un proyecto que ya debería estar en el Parlamento para su discusión. Sin embargo, este sorpresivo DNU parece instaurar en la práctica, y a espaldas del Congreso, una nueva señal de televisión. Si al decreto 943 lo relacionados como el decreto publicado a continuación en el Bo- letín Oficial, el decreto 948 que establece la concentración de la contratación de pau- tas de publicidad oficial exclusivamente en manos del Sistema de Medios Públicos y la Agencia Telam, no podemos menos que sospechar que lejos de existir la intención de "garantizar las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opinio- nes", como dice la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos ante una maniobra política donde el Gobierno busca posicionarse ante lo considera "una conspiración mediática", a la que responsabiliza por el resul- tado de las últimas elecciones. Nuestra opinión no la única que se ha vertido en el mismo sentido. El abogado cons- titucionalista Gregorio Badeni, estimó: "Se advierte prima facie una intromisión del Gobierno, a través del Estado, en el espectro de la comunicación social, que sigue los lineamientos que se están dando en Venezuela". El reconocido hombre del Derecho consideró especialmente delicada esta interven- ción si se hace por decreto "aunque fuera de necesidad y urgencia" mientras se está tratando un proyecto de ley de radiodifusión en el Congreso. Y recordó que la doctri- na de la Corte Suprema de Justicia es que si hay un proyecto tratándose en las cá- maras, no corresponde aceptar un decreto de necesidad y urgencia. Para el doctor Badeni, la creación de contenidos por parte del Estado "es un elemen- to que cualquier gobierno puede usar con fines de política partidaria". Por su parte, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) que agrupa a más de 300 emisoras gratuitas de radio y TV, 700 operadoras de cable y 300 diarios y revistas manifestó ayer que con este proyecto "se busca controlar y homogeneizar contenidos televisivos en todo el país". "Esta sorpresiva y sospechosa medida, que no reconoce antecedentes a nivel inter- nacional, no brinda opciones audiovisuales gratuitas a los sectores más vulnerables, sino que los obliga a ser rehenes únicamente de señales oficiales o paraoficiales, o sea del discurso oficial", advirtió la entidad. Asimismo, enfatizó que la medida "en lugar de promover la producción de contenidos locales apunta a un modelo altamente centralizado" de producción en Buenos Aires y "nada dice el decreto de los fondos públicos con que financiará en medio de la crisis económica actual". "Creemos que con estas medidas insólitas y discrecionales se busca neutralizar el alcance de las voces independientes a lo largo y ancho del país", finaliza. En este marco, no podemos menos que expresar nuestro preocupación ante este nuevo decreto que por sus formas y antecedentes lo consideramos un nueva avance del gobierno sobre la libertad de prensa y de expresión.