El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1° - Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Art. 2° - La Convención Constituyente estará habilitada a reformar el artículo 25 de la Constitución Nacional excluyendo la voz "europea".

Art. 3° - La Convención Constituyente se reunirá con el único objeto de considerar la reforma al texto constitucional mencionada en el artículo precedente. Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia establecida. Art. 4º - El Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la Nación para elegir a los convencionales constituyentes que reformarán la Constitución Nacional en fecha coincidente con la próxima renovación parcial de legisladores nacionales. Art. 5º - Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegirán un número de convencionales constituyentes igual al total de legisladores que envían al Congreso de la Nación. Art. 6° - Para ser convencional constituyente se requiere haber cumplido 25 años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. Art. 7º - Los convencionales constituyentes serán elegidos en forma directa por el pueblo de la Nación Argentina y la representación ser la distribuida mediante el sistema proporcional D'Hont con arreglo a la ley general vigente en la materia para la elección de diputados nacionales. Art. 8º - La remuneración máxima de los convencionales será igual al salario mensual promedio de un docente de doble jornada. Este monto no podrá acumularse en caso de que sean legisladores o funcionarios estatales, nacionales o provinciales. Art. 9º - La Convención Constituyente será juez último de la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros y podrá regirse por el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Nación o modificarlo y adaptarlo según sus potestades soberanas. Art. 10° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

I. La importancia de la inmigración en la conformación de la Nación Argentina

Para la República Argentina las migraciones tienen un verdadero carácter fundacional.

Como en las historias de las personas, en las de los países existen hechos decisivos sin los cuales resulta imposible comprender su presente. Para la Argentina uno de esos factores determinantes ha sido la inmigración.

Entre fines del siglo XIX y principios del XX Argentina recibió una de las oleadas migratorias más importantes del mundo. Desde 1857 hasta 1920 fue el segundo país en América que más inmigrantes recibió, sólo superada por los Estados Unidos.

Allá por el 1914 el porcentaje de la población argentina que había nacido en el extranjero ascendía al 30 %.

El país creció de forma notable gracias al aporte de la inmigración. En 1869, año del primer censo poblacional, la Argentina contaba con 1.737.676 habitantes, y para 1914 ya tenía una población cercana a los 8.000.000, es decir en 45 años había multiplicado por 4,5 su cantidad de habitantes.

La mayoría de los inmigrantes de origen europeo llegó a la Argentina entre 1870 y 1929; la última oleada, menos importante en su magnitud, se produjo entre 1948 y 1952. La incidencia de la inmigración limítrofe, en cambio, se ha mantenido relativamente estable a lo largo del siglo XX. Sin embargo, a raíz de la disminución de los flujos migratorios provenientes de otros países, la inmigración de países vecinos ha incrementado su presencia relativa en el conjunto de extranjeros para constituir en 2001 el 61% de los mismos (1) .

II. La política migratoria del Gobierno Nacional (2)

A. Una nueva ley de migraciones

La Ley de Migraciones de la República Argentina (N° 25.871 (3) ), promulgada a comienzos de 2004, constituye el andamiaje legal de nuestra nueva política migratoria.

Esta nueva ley contempla altos estándares de protección de los derechos de las personas migrantes y es la base de la implementación de políticas públicas que buscan integrarlo a la sociedad. Prevé, entre otras medidas, que en la República Argentina todos los extranjeros tienen derecho a la salud y a la educación, aún aquellos que se encuentren en situación migratoria irregular. Asimismo el Estado garantiza el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges e hijos, entendiendo que la familia es un ámbito de contención necesario e importante para todo migrante.

Se trata de una norma que basada en nuestra realidad histórica, geográfica, económica regional y reconociendo nuestra tradición de país receptor de migrantes, crea los mecanismos que posibilitan que accedan a la regularidad migratoria.

B. Los acuerdos del MERCOSUR

La Reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR y Estados Asociados se ha convertido en el espacio donde los gobiernos democráticos de los países que conformamos el bloque abordamos el tema migratorio como parte del proceso regional. En la Declaración de Principios Migratorios del MERCOSUR, que suscribimos el 17 de mayo de 2004, hablamos del reconocimiento a los migrantes por su importante aporte a la formación de nuestros Estados, manifestamos que resulta prioritario para nuestros gobiernos el respeto de sus derechos, rechazamos las expulsiones masivas, afirmamos que la irregularidad migratoria no es una conducta punible desde el derecho penal y reclamamos que en otras regiones del mundo se dé a nuestros ciudadanos el mismo tratamiento que nosotros brindamos a los suyos.

Hoy cuando se habla de una "buena práctica migratoria", creemos que no puede dejarse de analizar lo hecho por el MERCOSUR, sobre la materia y bajo la premisa fundamental del respeto a los derechos humanos, sin distinción de credo, nacionalidad o raza.

Un hito en la historia de la integración del Mercado Común del Sur fue la firma del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR y Estados Asociados, hoy en proceso de internalización por los países del bloque, por el cual se posibilita que aquel que haya nacido en un país del bloque pueda obtener una residencia regular en otro país del bloque, mediante un trámite basado exclusivamente en la nacionalidad del peticionante y su carencia de antecedentes penales.

La Argentina entiende que ese es el camino. Por ello sin esperar que la norma entrara en vigencia en el bloque y sin exigir reciprocidad ha puesto en marcha el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria al cual la sapiencia de nuestro pueblo ha simplificado en un titulo sumamente significativo para el sentir nacional: "Patria Grande".

El llamado "Programa Patria Grande" ha permitido que en el período computado desde el 17 de abril de 2006 - fecha en que entró en vigencia - al 10 de julio de 2006, la regularización migratoria de 184.351 extranjeros que se encontraban residiendo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se estima que, con la extensión del programa a la totalidad del territorio, la cifra ascenderá a los 700.000.

Es dable señalar que el Programa Patria Grande no es una amnistía, no tiene una vigencia acotada, su aspiración es de política de Estado y regirá de ahora en más, para los nacionales MERCOSUR que se encuentren en territorio argentino y para aquellos que ingresen en el futuro. Otorgando incluso la posibilidad de hacer la tramitación en nuestros consulados del país de origen del peticionante e ingresar al territorio argentino ya con su residencia acordada.

C. El Programa Nacional de Normalización de Documentación Migratoria

En este contexto de es que se ha procedido a impulsar la regularización de la documentación migratoria en todo el territorio nacional.

Como señalara el Señor Presidente de la Nación (4) :

Mediante el otorgamiento de una residencia precaria ya se hallan autorizados a trabajar, a estudiar, a ingresar, permanecer y salir de la República Argentina en forma legal 323.000 inmigrantes. Asimismo durante el año 2006 se resolvió la situación migratoria de 71.000 extranjeros, fuera de lo mencionado en el programa, lo que determina que hay un total de 400.000 extranjeros que regularizaron su situación legal cumpliendo acabadamente con los lineamientos que marcan el respeto por los derechos humanos, el interés de la Argentina y los compromisos internacionales asumidos.

D. Los acuerdos con países latinoamericanos

Siguiendo el camino emprendido en el ámbito interno, la República Argentina ha suscripto sendos compromisos internacionales que resaltan su voluntad de profundizar el objetivo trazado.

Así, pueden citarse los siguientes:

- El Protocolo Adicional al Convenio de Migración suscripto con la República del Perú, el 16 de diciembre de 2002 (Ley 25.889 (5) )

- El Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, suscripto en Brasilia el 6 de diciembre de 2002 (Ley 25.902 (6) ).

- El Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, suscripto en Brasilia el 6 de diciembre de 2002 (Ley 25.903 (7) ).

E. La Ley de Educación Nacional

En el ámbito interno, la República Argentina ha tomado los resguardos para garantizar un acceso igualitario a la educación de todos los migrantes, tengan o no en regla su documentación argentina.

Así, la Ley de Educación Nacional (N° 26.206 (8) ) establece:

ARTICULO 141. - El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin Documento Nacional de Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 25.871.

III. Europa nos da la espalda

A. La nueva política migratoria de la Unión Europea

El 18 de junio de 2008, el pleno del Parlamento Europeo aprueba por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones una norma que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.

El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación de la directiva. Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones nacionales. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en un procedimiento de expulsión.

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, un total de nueve países --Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia-- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.

Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países. A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva de retorno no le obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno ha anunciado que pretende hacerlo.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días.

La directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.

B. La respuesta de la OEA y del MERCOSUR

El 26 de junio de 2008, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adopta por aclamación una resolución (9) que encomienda al Secretario General, José Miguel Insulza, acompañar a una misión de alto nivel de los Estados Miembros a la Unión Europea para "obtener información y discutir sobre las implicancias" de la Directiva de Retorno en materia Migratoria, aprobada el pasado 18 de junio por el Parlamento Europeo.

La decisión también encomienda a la mencionada comitiva "buscar soluciones prácticas a través del diálogo a las inquietudes expresadas por algunos Estados Miembros con respecto a dicha Directiva", y solicita al Secretario General que informe al Consejo Permanente sobre los resultados de la citada acción. En la resolución, los 34 Estados Miembros de la OEA expresan su "preocupación por las leyes y medidas adoptadas por algunos Estados que pueden restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes", y recuerda que los Estados "deben cumplir con sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos, con el fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes". Por su parte, la señora Presidenta de la Nación Argentina, en su discurso de apertura de la XXXV Cumbre del MERCOSUR, expresó en términos muy precisos la actitud hipócrita que esta postura conlleva (10) :

"Tengo también muy presente las palabras del señor presidente de la República del Brasil, cuando replicó una crítica que había venido desde Europa, en cuanto a que la Amazonía, la Amazonia, era patrimonio de la humanidad y no territorio de la República Federativa del Brasil.

"Realmente no es que uno crea en teorías conspirativas, pero veo un escenario internacional donde por ejemplo en Europa se centra en los inmigrantes, prácticamente como responsables de las crisis con resoluciones y con políticas francamente inadmisibles que nos remiten a épocas de xenofobia que creíamos alejadas de la historia de la humanidad, y que también creo que debemos hoy analizar y replantear."

IV. Conclusión: la necesidad de reconocernos como latinoamericanos

Las políticas activas emprendidas por el Gobierno Nacional en estos últimos años han venido a rectificar una visión distorsionada de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo.

Por demasiado tiempo miramos a Europa, priorizamos el puerto de Buenos Aires por sobre el interior de nuestra patria, y le dimos la espalda a nuestros hermanos latinoamericanos.

Es hora de que la Constitución de la Nación Argentina sea un fiel reflejo de la realidad actual.