La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, y por su intermedio a quien corresponda, informe:

- Cantidad de desalojos ejecutados, a partir de procesos iniciados por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), en el último año. Se solicita adjuntar un listado detallando, en cada uno de los casos, número de causa judicial y juzgado a cargo, fecha de inicio del proceso, fecha de realización efectiva del desalojo, domicilio del inmueble, razones del desalojo y cantidad de habitantes relevados previo al mismo.

- Cantidad de procesos de desalojo iniciados que se encuentran actualmente en trámite. Se solicita adjuntar un listado detallando, en cada uno de los casos, número de causa judicial y juzgado a cargo, fecha de inicio del proceso, domicilio del inmueble, razones del desalojo requerido, y cantidad de habitantes relevados.

- Si dicho organismo tiene previsto el inicio de nuevas acciones tendientes al desalojo de los habitantes de otros inmuebles. En caso afirmativo, se solicita adjuntar un listado detallando, en cada uno de los casos, domicilio del inmueble, razones del desalojo a requerir, y cantidad de habitantes relevados.

- Para todos los casos, si se han realizado relevamientos o censos en cada inmueble a desalojar a fin de determinar la cantidad de afectados indicando, también, si se han realizado informes socioambientales particularizados, así como si se articuló con las distintas autoridades involucradas para la implementación de medidas precautorias tendientes a brindar alojamiento, vivienda o servicios básicos a las personas afectadas. En caso afirmativo, detallar en qué consistieron, así como a quién/es fueron dirigidas.

- En relación al punto anterior, especificar particularmente las acciones desarrolladas en torno a los desalojos producidos el pasado 03/07/2007 en el barrio de Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Para todos los casos, especificar cuál es la finalidad o destino previsto para cada uno de los inmuebles desalojados.

Señor presidente:

El día 4 de Julio a las 10hs, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de una orden emitida por el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, comenzó el desalojo en el predio ubicado entre las calles Miravé, Alfayate, Suárez y Zavaleta, situado detrás de la cancha de Huracán, barrio Parque Patricios, frente a la estación del tren Buenos Aires de la ex línea Belgrano Sur.

Este predio es administrado por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Las 300 familias que allí vivían estaban llevando adelante una mesa de diálogo con el ONABE y la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, también dependiente del Ministerio antes nombrado. A partir de este diálogo se había acordado realizar un censo a concluir el domingo 8 de julio, quedando inconcluso ante la efectivización del desalojo.

Durante el operativo fueron quemadas y derribadas las construcciones de los vecinos, quedando la mayoría a la deriva. En esa primera noche, sólo algunas personas de las que fueron desalojadas pudieron dormir en uno de los galpones del predio, aún sin una respuesta efectiva sobre la resolución de su situación; mientras que al día siguiente, la única solución recibida fue un subsidio de $ 450, otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que no todos pudieron acceder quedando nuevamente en situación de calle.

A pesar de haberse realizado reuniones entre los gobiernos de Nación y Ciudad, en los que participaron representantes de los organismos correspondientes, no se logró una solución transitoria que llegue a todas las personas perjudicadas, con altos grados de falta de coordinación y resolución de las mínimas acciones acordadas.

El resultado fue la generación de un desalojo de gran magnitud en donde brilló la falta de criterio, de coordinación y de medidas predatorias suficientes que garanticen los derechos mínimos y básicos frente a una acción de consecuencias inusitadas para los que allí vivían. Se vieron vulnerados no sólo su derecho a vivienda, sino también a la alimentación, la salud, y los servicios básicos, según lo establecido en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que nuestro país adscribe.

Entendiendo que este tipo de acciones avasallan derechos mínimos, en tanto y en cuanto no sean planificadas con estándares de asistencia hacia los afectados, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.