La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y POR SU INTERMEDIO AL ORGANISMO QUE CORRESPONDA SE SIRVA INFORMAR SOBRE EL DECRETO 984/2009 DEL 28 DE JULIO DE 2009, QUE DETERMINA LA CONCENTRACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL DE TODOS LOS ORGANISMOS DEL ESTADO EN LA SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, SALVO LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

1) INFORME LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO A CONSIDERAR "QUE ES ADECUADO CENTRALIZAR LA PLANIFICACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD DE COMUNICACION DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL".

2) INFORME DETALLADAMENTE SI SE DETECTARON FALLAS EN EL SISTEMA DE DESCENTRALIZACION.

3) CUÁL ES EL FUNDAMENTO PARA QUE LA MEDIDA DE CONCENTRACIÓN SEA PARA TODOS LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y EL BANCO DE LA NACIÓN, PERO NO PARA LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

3) QUÉ PRESUPUESTO TIENE PREVISTO GASTAR LA SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 2009 Y 2010 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD OFICIAL

Señor presidente:

El destino de la Publicidad Oficial es un tema de estricta actualidad a la hora de analizar los parámetros de Libertad de Prensa y de Libertad de Expresión de un país, provincia o región. No es para menos: estas partidas constituyen un instrumento y como tal pueden ser bien o mal utilizados. Se pueden transformar, según se trate, en un instrumento de doble filo.

Nadie puede negar, y desde este Congreso de la Nación defendemos esta posibilidad, que todo organismo estatal tiene derecho de difundir sus actividades a través de la prensa, como una manera de rendición periódica de cuentas. No solamente sostenemos que es un derecho, sino una obligación de todo Gobierno comunicar e informar, para dar transparencia a su gestión.

Precisamente, en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación venimos haciendo un seguimiento de todas las denuncias sobre el uso discrecional de los fondos destinados a la publicidad de los actos de Gobierno. Desde el diario Perfil, que estableció un precedente al solicitar recibir publicidad oficial por considerarse discriminado, hasta numerosos periódicos de provincias del interior que reclaman a diario ser tratados en igual condición que sus competidores.

En este marco, nos preocupa que la titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) haya firmado el 28 de julio pasado el decreto 984/09 por el cual se concentra en la Secretaría de Medios de Comunicación la publicidad oficial de todos los organismos de la Administración Pública Nacional, salvo la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La medida fue publicada en el Boletín Oficial con la firma de la Presidente, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

El decreto explicita que "se estima adecuado centralizar la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y de comunicación de los organismos del Sector Público Nacional".

Según el primer artículo, "las campañas institucionales de publicidad, comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que realice la Administración Pública Nacional, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los demás organismos comprendidos en el artículo 8 de la ley 24.156, cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán realizarse o contratarse conforme a las disposiciones del presente decreto".

En el artículo 2 del decreto 984, se especifica que "los organismos o entidades comprendidas en el artículo 1 del presente decreto deberán encomendar la realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación a la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que las efectivizará por intermedio de Telam Sociedad del Estado".

En el artículo 3, se informa que "la contratación de bienes y servicios tendiente a la realización de las campañas a las que alude el presente decreto se deberán adjudicar respetando los principios generales de publicidad y concurrencia y atendiendo a criterios específicos tales como la capacidad creativa, artística o técnica, la habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo y la regularidad, antigüedad de publicación y tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, entre otros factores de similar naturaleza".

El único organismo que quedará fuera de este esquema es la AFIP, según estipuló el artículo 4. Asimismo, establece que la norma "no será de aplicación para la publicación de leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y actos administrativos, ni respecto de la difusión de los actos de Gobierno siempre que se publiquen en el Boletín Oficial".

¿Cómo se manejaba el sistema de publicidad oficial previo a este decreto? Estaba en vigencia el decreto el decreto 1311/2008, del 12 de agosto de 2008, que estableció un esquema inverso. Es decir que la Secretaría de Medios y los organismos tenían la posibilidad de contratar publicidad oficial en los medios de manera directa, aunque respetando las reglas de contratación referidas a la transparencia.

Este sistema permitía que las productoras de los diferentes medios contrataran la publicidad sin mayores contratiempos que los lógicos pasos administrativos. Cabe preguntarse si esta concentración en un solo organismo de la autorización para emitir publicidad, agregaría más "ventanillas" donde golpear, generando una gestión engorrosa y poco transparente.

También nos interrogamos sobre el nuevo rol que asume la Agencia oficial TELAM, o mejor dicho la recuperación de viejas potestades en materia de autorización de publicidad oficial. Hay que recordar que mediante los Decretos Nros. 2219 del 6 de julio de 1971 y 56 del 10 de enero de 1975, se estableció para la totalidad de los órganos estatales integrantes de la Administración Central, la obligatoriedad de contratar su publicidad por intermedio de la agencia TELAM Sociedad Anónima y sus predecesoras. Y que, posteriormente, en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 993 del 30 de agosto de 1996 se dispuso que los organismos y entidades de la esfera del Poder Ejecutivo Nacional debían abstenerse de realizar propaganda y publicidad, canalizando cualquier iniciativa en tal sentido a través de la ex Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación.

Sin embargo, llegamos a este decreto, luego de que el rol de TELAM se desdibujara con el decreto 1311/2008 que mencionamos más arriba, que había dejado liberada a la Secretaría de Medios.

Hasta ahora, algunos organismos oficiales como el Banco de la Nación y la Secretaría de Turismo no canalizaban sus publicidades a través de la Secretaría de Medios. Incluso, en los últimos meses, algunos organismos pidieron y consiguieron dejar de canalizar sus publicidades a través de TELAM, con el argumento de "agilizar" los trámites y los pagos.

Como podemos observar, hay mucho poder en juego en un tema delicado como la libertad de prensa, la que depende en gran medida de la publicidad oficial para subsistir, dada la depresión económica que vive el sector privado. Hoy en manos del Estado hay aproximadamente 400 millones de pesos en concepto de publicidad, torta publicitaria que va creciendo con los años y pueden ser utilizados como un ariete de presión contra la prensa independiente sino existen controles adecuados.

Así lo confirma un informe de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), quien realizó un seguimiento de los gastos realizados por la actual etapa de Gobierno. El reporte detalla que en 2008 se gastaron 396.307.367 pesos en publicidad oficial. O sea, más de un millón de pesos por día.

La cifra representa un 756,5 por ciento de incremento respecto del gasto de 2003 (cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia), que alcanzó los 46.267.906 pesos, y un 23 por ciento más que en 2007, según el informe de la ACD, una ONG dedicada a relevar la transparencia de las instituciones.

"El aumento del gasto en concepto de publicidad oficial no debiera ser problemático. Sin embargo, en un contexto donde no hay criterios claros y objetivos, y sí una gran discrecionalidad en la utilización de dichos fondos, el aumento de publicidad oficial genera preocupación por su posible impacto en los medios de comunicación y en el debate público", sostiene el informe de la organización no gubernamental.

Las mayores pautas las manejan el Ministerio del Interior (67 millones de pesos), Presidencia de la Nación (63 millones de pesos) y AFIP ($ 38 millones de pesos). En este marco, llama la atención que el organismo que más aumentó su gasto fue el Ministerio de Planificación Federal, al que pasó de 5 a 31,7 millones de pesos entre 2007 y 2008, un incremento del 534 por ciento.

Según el informe de ADC, el grueso de la publicidad oficial se concentra en los medios gráficos (37,6 por ciento), seguido de la TV (22,5%), la radio (14,9%), la TV por cable (11,9%) y vía pública (11,1%).

Entre los medios gráficos, Página/12 es el mayor beneficiario, con 29,3 millones de pesos. Le siguen el diario Clarín, con una tirada varias veces mayor y 27,2 millones de inversión. Detrás de ellos están las revistas del grupo Spolzki (Veintitrés, 7 días, Newsweek) con $13,4 millones; y los diarios La Nación ($12,5 millones), Crónica ($8,3 millones), y Popular ($5,7 millones).

Las dudas sobre los fundamentos reales de este decreto deben ser motivo de atención de este Parlamento. No estamos hablando de una cuestión presupuestaria, sino de una pauta importante que puede condicionar la tarea de la prensa independiente en nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.