La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico rechazo al Convenio firmado entre la Subsecretaría Social de Tierras y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires el cual habilita a los notarios a realizar escrituras sociales, siendo ésta una tarea que, hasta el día de la fecha desarrolla la Escribanía General de Gobierno de forma eficiente, eficaz y sin costo alguno para las familias de menores recursos de dicha Provincia.

Señor presidente:

La Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene, desde el año 1989, la potestad de desarrollar una política social de regularización dominial y afectación de bien de familia que garantiza a los sectores de menores recursos acceder a la seguridad jurídica sobre sus viviendas. Así lo establece la Ley 10.830 -con sus respectivas modificatorias- así lo establece en su Artículo 4, donde define como funciones de la Escribanía "las regularizaciones dominiales de interés social que involucren a particulares, cuando así lo requieran el Poder Ejecutivo Provincial o las Municipalidades" (Inciso E) y "la constitución, modificación o desafectación de bien de familia en todos los casos que corresponda su intervención" (Inciso E; incorporado por Ley 13.264). Asímismo, la reglamentación de esta potestad está definida por los Decretos N° 1256/01 y 2199/06, donde se establecen los requisitos necesarios para que la Escribanía lleve adelante en forma gratuita, escrituras a particulares o a personas jurídicas sin fines de lucro.

Como trascendió en los medios de comunicación, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires ha firmado un Convenio con el Subsecretario Provincial de Tierras Nicolás Terrera, que de ser homologado por el Gobernador de dicha Provincia, habilitaría a los escribanos a realizar las escrituras sociales. Uno de los principales argumentos esgrimidos para justificar la iniciativa del Convenio es que el mismo "(...) propone una descentralización operativa y territorial de la actuación notarial que impactará positivamente en el volumen escriturario permitiendo el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley". (1) Así, la propuesta de tercerización de la escrituración social impediría a la Escribanía General de Gobierno, proseguir con la exitosa tarea que desarrolla hasta el momento.

Las escrituras sociales tienen como objetivo garantizar que las personas de escasos o nulos recursos puedan llevar a cabo los trámites de propiedad de su vivienda o terreno sin tener que recurrir al sector privado, donde los costos de los mismos oscilan los tres mil pesos. Las mencionadas escrituras permiten que las personas que sean o no integrantes de complejos habitacionales construidos por el Estado, puedan regularizar su situación de vivienda de manera gratuita. Entre los requisitos existentes, se exige que el inmueble afectado sea vivienda única de ocupación permanente y que posea un valor fiscal establecido dentro de ciertos límites impuestos por la legislación existente.

La Escribanía General de Gobierno dependiente del Ministerio de Justicia provincial, desarrolla una actividad altamente efectiva con resultados más que satisfactorios en la materia. Por citar un ejemplo, en el año 2008 concretó alrededor de quince mil escrituras (15.000); al día de la fecha se estima que la Escribanía ha escriturado sin costo alguno para las familias, más de veintitrés mil (23.000) parcelas en ciento treinta y cuatro (134) distritos de la Provincia de Buenos Aires; la proyección para los próximos tres años -plan trienal de escrituración- es de sesenta mil (60.000) escrituras sociales. (2)

Cantidad de Escrituras Firmadas - Operatoria Ley 10.830

Al 31 de octubre del 2008

FUENTE: "Aspectos jurídicos y sociales en la integración territorial". Luciano Scatolini (3)

Consideramos que asistir y contener a las familias más vulneradas es un rol indelegable del Estado. El Estado Provincial desarrolla efectivamente actividades tendientes a garantizar el derecho constitucional a la vivienda - Artículo 14 bis de la Carta Magna- que se halla respaldado a su vez por el derecho internacional a través de los tratados internacionales que Argentina ha firmado y que adquieren jerarquía constitucional por el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

La precariedad de la tenencia se emparenta con la existencia de asentamientos humanos denominados irregulares, informales o ilegales; esto, en América Latina, es estructural del proceso de urbanización capitalista de la región (4) , que excluye a los sectores de menores recursos impeliéndolos a vivir en condiciones inseguras y deficitarias, lejos de los estándares mínimos de calidad habitacional. En Argentina, la informalidad en la tenencia de la tierra y la vivienda no solo se expresa a través de los mencionados asentamientos, sino también en la falta de de regularización dominial de los complejos construidos por el Estado y en los casos de trasmisiones de dominio que involucren a particulares sin posibilidades de hacerse cargo del costo que implica la escrituración. (5) En este sentido, es insoslayable el reconocimiento e importancia de la existencia del mencionado mecanismo que lleva adelante la Escribanía General de Gobierno, donde se articulan de manera eficaz y eficiente los recursos disponibles para ofrecer soluciones concretas.

Si bien es cierto que la solución jurídica de la informalidad no resuelve el problema de fondo -la inclusión socioespacial de los sectores afectados-, se debe destacar que esta modalidad de escrituración posibilita a las familias a afectar su inmueble como bien de familia, impidiendo así una ejecución hipotecaria, a la vez que les permite acceder a programas de mejora de vivienda u otros.

Es preciso que el Estado siga cumpliendo la función que hasta el momento desarrolla, imposibilitando que medidas de corte neoliberal continúen afectando a los sectores más postergados, en una cuestión tan crucial para la vida misma como lo es la vivienda.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.