La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su repudio por el hostigamiento judicial y las persecuciones policiales sufridas Rolando Díaz, reportero gráfico del Nuevo Diario de la provincia de Salta, el 29 de abril de 2010, cuando desarrollaba su tarea periodística.

Solicitando la actuación inmediata de los organismos competentes a fin de esclarecer el hecho y hallar a sus responsables materiales.

Señor presidente:

El 20 de enero de 2010, en el marco de un conflicto social entre el Jockey Club y miembros pertenecientes a la Comunidad Indígena Lules de Finca Los Costas, quienes intentaban impedir la construcción de una cancha de rugby, en las tierras reclamadas por dicha Comunidad, el reportero Rolando Díaz fue agredido por personal policial. Las agresiones hacia Díaz ocurrieron cuando intentaba fotografiar a los uniformados en el instante en que usaban "gas pimienta" contra los manifestantes.

Díaz, pese a ser el principal damnificado, esta siendo investigado como el presunto autor de amenazas contra la autoridad, por el Juzgado de Instrucción Formal de 3º Nominación del Poder Judicial salteño, a cargo de Pablo Farrah. Los denunciantes fueron el comisario inspector Héctor Luciano Tolaba, el subcomisario Néstor José Bogarín y el oficial auxiliar Javier Néstor Jiménez, quienes sostienen que el reportero "...los amenazó con fotografiarlos para hacerlos echar de la fuerza."

Periodistas de todo el país, han sido objeto de agresiones de distinta índole, tales como Adela Gómez en Santa Cruz, Facundo Pastor y Fernando Bravo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maria Rosa Leico en Mendoza, Gustavo Torres de Chaco, Jaime Barrera y Rolando Díaz en Salta, Guillermo Bahr, Tomás Méndez y Juan Federico en Córdoba, Alcides Quiroga en Santa Cruz, entre muchos otros.

Es sabido que existen en nuestro país intereses muy claros en contra de la actuación del periodismo sin condicionamientos, y sabido es que existen sectores decididos a coartar, presionar y condicionar al periodismo comprometido con brindar la información tal cual se produce, en tanto es el estado el mayor responsable de garantizar en nuestro país la libertad de prensa y expresión y a esa tarea se debe abocar de inmediato.

No solo para esclarecer este hecho y otros que aún están pendientes de resolver y que todavía no se conocen responsables, sino para evitar definitivamente que hechos como este vuelva a suceder.

Consideramos que éste es un intento más de limitar la labor de los profesionales de prensa, y constituye una clara violación del derecho a la Libertad de Expresión. Pues la sociedad -en su conjunto- tiene el derecho a acceder a una información cierta, sin condicionamiento alguno.

En éste sentido, cabe simplemente enumerar a modo de ejemplo a los siguientes: los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 4 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre.

El Preámbulo de la Declaración de Chapultepec, sostiene: "Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas (...) la difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, (...) es posible mantener una sociedad libre. Solo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna."

Es necesario que nuestras instituciones funcionen en forma eficaz para poner fin a la intolerancia y a las prácticas que buscan acallar la pluralidad de voces y pensamientos distintos, y en tal sentido ésta Cámara debe expresarse.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en éste proyecto.