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PROYECTO DE TP
Expediente 3583-D-2007
Sumario: AUTORIZASE A ENERGIAS ARGENTINA SA (ENARSA) CREADA POR LA LEY 25943, HA PROCEDER AL RESCATE DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA EMPRESA YPF SA; CREACION DE UNA COMISION DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA ESTATIZACION DE LA EMPRESA DE YPF SA.
Fecha: 19/07/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 93
El Senado y Cámara de Diputados...
ARTÍCULO 1º):
Autorízase a Energías Argentina SA (ENARSA) creada por la Ley Nº
25.943, ha proceder al rescate de la totalidad de las acciones que se
encuentran en poder de la empresa Y.P.F S.A.
ARTÍCULO 2º): A
partir del momento en que se producirá el rescate, ENARSA pasará a
ser la única titular de las acciones mencionadas en el Artículo
anterior.
ARTÍCULO 3º):
Créase una Comisión de Control y Fiscalización de la estatización de la
empresa de Y.P.F SA: la que estará integrada por tres (3)
representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos (2) representantes de
la Honorable Cámara de Diputaos de la Nación, y dos (2) del
Honorable Senado de la Nación, los que tendrán por finalidad
supervisar el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º):
El Poder Ejecutivo Nacional a través del organismo que designe, está
facultado para realizar todos los actos que fueran necesarios e
imprescindibles para proceder al rescate de la totalidad del paquete
accionario que se encuentra en poder de Y.P.F SA, estableciendo la
forma en que dicho acto se llevará a cabo.
ARTÍCULO 5º):
Deróguese cualquier disposición que contradiga los objetivos de la
presente Ley.
ARTÍCULO 6º):
De Forma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente
Proyecto de Ley que se pone a consideración de este Honorable
Congreso de la Nación, tiene por finalidad proceder al rescate de la
totalidad del paquete accionario que se encuentra en poder de la
empresa Y.P.F SA. Para ello, se establece en el Artículo 1º) de la
presente, que el organismo encargado de llevar adelante éste proceso
será Energías Argentina SA (ENARSA).
Dicho Ente es el
responsable de todo lo referente a la explotación, exploración y comercialización
del petróleo y el gas. Es decir, que la Ley de creación del mismo, dentro de su
objeto social permite la realización de acciones y funciones que hoy en día realiza
la empresa privada YPF SA.
La gestión del
gobierno del Sr. Presidente Dr. Néstor Kirchner ha marcado una gran diferencia
con las políticas implementadas por gobiernos anteriores en lo que se refiere a las
privatizaciones. Es por eso, que creemos que este Proyecto de Ley se condice con
los lineamientos del actual gobierno en busca de la recuperación del control y
seguimiento de los recursos naturales, más aún cuando se trata del petróleo, que
como sabemos no es renovable y además, es fundamental para el desarrollo y
crecimiento de los distintos sectores productivos y comerciales.
Esta iniciativa
permitiría recuperar como empresa nacional a Y.P.F, recobrando para
la nación argentina la titularidad de uno de los principales recursos
naturales: el petróleos, y en consecuencia todos los productos
derivados de él.
Los recursos naturales
son definidos, en términos generales, como el conjunto de elementos
de origen natural que se encuentran en nuestra Naturaleza de forma
no modificada, y que en su mayoría son escasos, si se los compara con
su demanda actual o potencial. Se los puede clasificar en recursos
renovables, que usualmente son organismos vivos que crecen y se
renuevan, como por ejemplo la flora y la fauna; y no renovables, que
son aquellos cuya existencia es agotable, como es el hecho del
petróleo y los yacimientos de minerales.
Es en este sentido, que la
privatización de estos recursos a partir de la Ley de Reforma del
Estado Nº 23.696, habría implicado la transferencia de este
patrimonio, fundamental para cualquier país, al jugar un papel
indispensable en la determinación de la posición económica y política
de una nación.
A lo largo del siglo XX han
existido innumerables experiencias sobre reformas del Estado en
América Latina y en el mundo. Este proceso se inicia en Argentina a
partir de la década de 1980, profundizándose en la década siguiente.
Anteriormente los esfuerzos por reestructurar al Estado se habían
dirigidos a garantizar su papel como articulador de las relaciones
sociales. Es así, que toda acción en esta dirección no cuestionaba su
intervención en la vida social y económica. Se trataba de un Estado
empresario, regulador, empleador, subsidiador
A partir de la década del
1980 y principalmente de 1990 este rol comienza a ser cuestionado
con la emergencia de un nuevo diagnóstico respecto de la función que
debía tener. Las crisis financiera internacional, el fin del estado de
bienestar, la escasez de recursos, las crisis de las deudas externas, las
presiones de los organismos internacionales de crédito, el
estancamiento y el aumento de las demandas sociales en término de
salud, seguridad, educación, entre otros promovieron este nuevo
contexto. Es así, que esta situación definió y preparó un nuevo clima
ideológico y social, en el cual el Estado como articulador de las
relaciones sociales y promotor del desarrollo social, económico y
cultural, ya no sería posible.
En consecuencia, el
diagnóstico habría sido elaborado promulgando que el Estado
empleador, subsidiador, empresario y regulador habría generado, tanto
un exceso de gastos y crisis fiscal producto de su intervensionismo
desmesurado, como una "situación de hipertrofia" (Oszlak, 1993)
causada por el exceso de funciones, la mala distribución de los
recursos, y la ineficiencia para resolver los reclamos sociales y
privados.
En este contexto, las
Reformas del Estado aparecen como la política a desarrollar para
revertir esta situación. Este proceso es definido por innumerables
especialistas en la materia, algunos de ellos, lo conciben como un
proceso político e interburocrático que implica la redefinición de las
fronteras entre el Estado y la sociedad, pues transforma la manera en
que el gobierno interviene en los asuntos de la sociedad y crea nuevas
reglas de juego (Oszlak:1993). Se trata en definitiva, de un conjunto
de medidas orientadas a intervenir en las competencias y relaciones
del Estrado y la Sociedad.
Las
privatizaciones fueron uno de los procesos que más caracterizó esta
etapa argentina. Si bien esta medida aparece en el discurso público,
según especialista en esta temática, en 1976, es recién en la durante
el Gobierno del Presidente Raúl Alfonsín que esta cuestión aparece con
ímpetu. La privatización de SIAM, de la empresa de turismo Sol Jet, y
de la compañía azucarera Las Palmas del Chaco Austral son parte de
este período. Con el Gobierno siguiente, esta política se vuelve
sistemática, vendiendo y colocando en manos de privados a la mayoría
de las empresas públicas y de servicios. Entre ellas se destacan YPF,
Aerolíneas Argentina, el Sistema Previsional, ENTEL, el sector eléctrico,
y otros organismos.
Algunas de
las consecuencias que habría traído este proceso, fueron el despido
masivo de empleados del Estado, el incremento del desempleo y la
pobreza, el avance del mercado sobre áreas que antes el gobierno las
garantizaba como la salud, la educación, la seguridad, el aumento de
las dificultades en algunos estados provinciales para sustentar
económicamente las nuevas funciones atribuidas, e incluso se habría
comprometido la capacidad del estado para dar respuestas a la
sociedad, entre otras.
En el caso de
YPF, su privatización con la Ley Nacional Nº 24.145, significó la venta
de sus activos a empresas privadas y la licitación de la mayoría de sus
pozos para la explotación de los mismos por petroleras privadas. Dicha
situación habría tenido impactos similares a los mencionados, muchos
de sus empleados fueron despedidos, y principalmente el Estado
nacional perdió la capacidad de poseer el control de uno de los
recursos naturales estratégicos más importante, junto con el agua.
No obstante,
países como Chile y Brasil, si bien la ola de privatizaciones llegó al
interior de las administraciones públicas, en ninguno de los dos casos
se procedió en la venta de los recursos naturales estratégicos como
ser el cobre y el petróleo, respectivamente, sino que por el contrario
las empresas estatales fueron potenciadas y mejoradas en términos de
infraestructura, inversión, tecnología y recursos humanos. Hoy, dichas
empresas son consideradas competitivas a nivel mundial, lo cual se
expresa en sus rendimientos en exportaciones y en inversiones.
En este
marco de análisis es que la presente Ley propone el rescate de la
totalidad de las acciones que se encuentran en poder de la empresa
Y.P.F S.A, considerando que es una temática sumamente precisa y que
exige análisis y estudios exactos. Por ello será ENARSA y el Poder
Ejecutivo los responsables de llevar adelante este proceso. Asimismo,
se plantea en el Artículo 3º) la creación de una Comisión de Control y
Fiscalización, la que estará integrada por tres (3) representantes del
Poder Ejecutivo nacional, dos (2) representantes de la Honorable
Cámara de Diputaos de la Nación, y dos (2) del Honorable Senado de
la Nación. Esto permitiría supervisar el cumplimiento de la presente
Ley.
Asimismo, consideramos fundamental mencionar los procesos de
recuperación a nivel latinoamericano como es el caso de la República
Bolivariana de Venezuela y de Bolivia. En ambos caso, la iniciativa
ejecutiva, precedida de innumerables estudios han procedido a la
rescate como bien público nacional a las principales fuentes de
energía. Si bien estos hechos han implicado la confrontación de
intereses, creemos posible el trabajo conjunto y consensuado para
impedir esta situación. Es por ello, que el Poder Ejecutivo debería
contemplar lo expresado, y proceder en este sentido.
A estos dos
hechos recientes se suman como argumentos válidos para nuestra
fundamentación lo que sucede con PETROBRAS que siendo una
empresa mixta, de capitales privados y del Estado de la República
Federativa de Brasil, y a pesar de que éste último no tiene el mayor
capital social, sí posee dentro del directorio el número de
representantes suficientes como para adoptar las decisiones de
políticas empresariales. En el caso de REPSOL, que es la que tendría la
mayoría de las acciones en los que hoy es YPF SA, también es una
empresa que pertenece al Estado Español.
El control de
las políticas a seguir por las empresas en el caso de un recurso
esencial como es éste, tiene que estar en manos del Estado para evitar
consecuencias como las que estamos viviendo en este momento, a
causa de los malos convenios de privatización que se realizaron
anteriormente; nos referimos con esto a la crisis energética. Tanto las
empresas productivas como los comercios y los hogares de muchos
argentinos hoy están padeciendo esta situación, en muchos casos por
la falta de inversión de las empresas y en otros por decisiones
comerciales que prefieren las exportaciones, favorecidos por los
precios internacionales, a cumplir con el abastecimiento del mercado
interno.
Estas
medidas empresariales que han dañado, de alguna forma, al mercado
interno, nos insta a reflexionar sobre cuales son los recaudos que estas
empresas han tomado sobre la posibilidad real de que dentro de
algunos años debiésemos importar petróleo.
Sostenemos
que frente a esta situación y dadas las condiciones económicas y
financieras actuales, sería posible impulsar la recuperación de nuestros
yacimientos petrolíferos, no sólo como sector estratégico
determinante, sino porque la energía es una piedra angular de la
economía de todo país y de la calidad de vida de sus habitantes. Lo
que ocurre hoy en día, respecto a la escasez de este servicio pone en
debate la necesidad de garantizarlo, y la reestatización de YPF SA
podría contribuir en este objetivo.
Estamos
convencidos que nuestro país tiene que seguir dando las garantías
necesarias para las inversiones directas (ID) extranjeras sigan viendo a
nuestro país seguro y con reglas claras, pero en los que respecta a
recursos naturales estamos seguros que no pueden apartarse de las
decisiones políticas que el Estado Nacional a planificado a corto y largo
plazo
Por los
fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| SOLANAS, RAUL PATRICIO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |
| OBRAS PUBLICAS |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | REPRODUCIDO POR EXPEDIENTE 1468-D-09 |