La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresa su total rechazo y preocupación por las recientes expresiones del titular de la comisión Episcopal de Educación Católica, Monseñor Héctor Aguer, respecto a los lineamientos oficiales en materia de educación sexual dispuestas por el Ministerio de Educación de la Nación, como el "Material de Formación de Formadores en Educación Sexual y Prevención del VIH/Sida", en el marco de lo establecido por la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Señor presidente:

Uno de los principales reclamos de la sociedad argentina en los últimos tiempos, que ha encontrado coincidencias en la mayoría de los partidos políticos y sectores de la sociedad civil, ha sido la demanda de mayor institucionalidad y el cumplimiento de las leyes hoy vigentes. En consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los derechos, particularmente de los sectores sociales más desfavorecidos.

Esta demanda se extiende a diversos tópicos que hacen, fundamentalmente, a la calidad de vida, el derecho a la salud y a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aunque algunos sectores minoritarios parezcan ignorarlo, uno de los principales problemas que afectan a este sector de la población es el déficit en educación sexual en el sistema educativo nacional.

En muchos países de América Latina ha sido, y es, motivo de preocupación y debate entre gobiernos, educadores, familias y expertos, expresados en numerosas ocasiones en foros y organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque no son pocos los países en cuya legislación se han incorporado normas vinculadas a la salud sexual y reproductiva y la educación sexual en la currícula, en muchos de ellos aún no se cumplen estas leyes. Al mismo tiempo han crecido los indicadores que advierten que este incumplimiento abona el terreno para los abusos contra los menores, los contagios de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo precoz, tráfico de personas, turismo sexual y el nacimiento de millones de niños no deseados, entre otros.

En tal sentido, las instituciones de la democracia, principalmente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, han redoblado sus esfuerzos en la aplicación de medidas y políticas concretas para resolver este problema, pese a que se trata de un tema que, inevitablemente genera polémica.

Algunas estadísticas señalan que en la geografía latinoamericana y caribeña viven alrededor de 494 millones de personas, de las cuales el 32.3% es menor de quince años. (1) De esa población "47.000 niños y niñas viven con el VIH y más de 400.000 jóvenes entre 15 y 24 años han sido diagnosticados VIH positivos. En la región, diariamente se constatan más de 210 muertes relacionadas con el VIH, en tanto que en el Caribe, el Sida continúa siendo una de las principales causas de muerte entre la población adulta." (2)

En nuestro país, hemos sancionado en los últimos años, con altísimos niveles de consenso social, un conjunto de normas en materia educativa (Ley de Educación Nacional N° 26.206 y, anteriormente, Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, entre otras) que se insertan en el contexto de las políticas públicas con voz propia, argentina y latinoamericana, y convocan al conjunto de docentes, estudiantes, intelectuales, profesionales, familias, funcionarios universitarios, académicos, dirigentes políticos, empresarios y sociales, con el objeto de construir una política para la educación signada por la democracia pedagógica de un Estado constitucional.

A este cuerpo legal mencionado hay que agregarle las leyes nacionales 26.061, "De protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes" y la Ley 26.150/06, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y que establece en su Art. 1°, que "Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos."

En tal sentido, es importante señalar que estas normas se inscriben en el marco de los tratados y convenios internacionales con rango constitucional que nuestro país suscribió oportunamente, por ejemplo "en octubre de 2005 el Estado argentino firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que abarca a las personas entre 15 y 24 años, reconociendo a 'los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades' (CDJ, 2005)." (3)

Al mismo tiempo, hay que considerar que este cuerpo legal tiene como cimiento y como horizonte a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que se tornan sujetos de la educación desde situaciones socio- económicas, culturales, ecológicas, lingüísticas y personales diversas, que reflejan la complejidad educativa de nuestro país. La política educativa, la organización institucional y la pedagogía deben decidirse en función de los sujetos, partiendo de sus necesidades y características actuales, para acompañarlos en la formación integral de personalidades creadoras, en la construcción de saberes socialmente productivos, en la capacidad de juicio propio, en la apropiación de valores humanísticos, en la actitud crítica y constructiva del mundo social y ambiental que les toca vivir.

En este contexto, es deber del Estado y los gobiernos brindar las herramientas pedagógicas y curriculares que potencien los procesos de desarrollo social y educativo de nuestros pueblos, con especial énfasis en el abordaje de las problemáticas que transitan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sujetos de derecho y destinatarios privilegiados de las políticas educativas. Al mismo tiempo, es necesario elaborar los materiales didácticos y capacitar a los docentes, mediante diversas herramientas, como el "Material de Formación de Formadores en Educación Sexual y Prevención del VIH/Sida".

Son minoritarios los sectores conservadores que resisten e intentan obstaculizar el cumplimiento de las normas, ya sea de carácter internacional como nacional, que regulan en la materia. Se trata de una legislación que "[...] hace hincapié en la producción de condiciones adecuadas para la educación, la salud, la recreación, la vida familiar y social de los niños y los adolescentes".

Por lo expuesto solicito a los señores diputados la aprobación del presente proyecto.-