La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su agrado por la derogación de la Resolución 1084 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Señor presidente:

Nuestra Carta Magna establece claramente una división de poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- otorgando a cada uno de ellos atribuciones y obligaciones e incorporando, a partir de la reforma constitucional de 1994, el Consejo de la Magistratura encargado de seleccionar y remover Jueces de la Nación. Hasta su creación, en muchos ámbitos se cuestionaba la forma de designación de Jueces de la Nación en todos los niveles, que marcaban una clara injerencia del Ejecutivo, y en algunos casos también de los Senadores oficialistas, lo que era visto como una manipulación de la justicia por parte del gobierno de turno.

Como una vuelta de página en la historia reciente el gobierno de Néstor Kirchner tomó una medida que rescatamos como una bocanada de aire fresco en el Poder Judicial, ya que se promovieron los nombramientos de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zafaroni, Elena Highton de Nolasco y Carmen María Argibay; que prestigiaron a un cuerpo que hasta entonces era una de las instituciones más cuestionadas de nuestra democracia. El proceso de nombramiento fue democrático y transparente, estimulándose incluso la participación del pueblo que se manifestó fundamentando a favor y en contra de las distintas propuestas, previo a las designaciones.

Sin embargo, nuestro sistema presidencialista de gobierno genera una concentración de poder que poco favor le hace a la democracia y muchas veces, desde la primera magistratura y en distintas gestiones, se ha intentado avanzar en el control de los poderes Legislativo y Judicial; estamentos que necesariamente deben ser independientes para poder garantizar equidad y transparencia en el funcionamiento del Gobierno.

Por ello entendemos como desacertada la propuesta de la entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner de modificar la composición del Consejo de la Magistratura dándole una preeminencia de funcionarios del Ejecutivo, Diputados y Senadores adictos al gobierno. Ello no hizo más que mostrar una decisión del Poder Ejecutivo de tener la llave para el ingreso y egreso de los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Recordemos que en aquel momento se intentó manipular a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores de la Nación, para que no se permita que el Senador Nacional por Santa Fe Rubén Giustiniani, quien se manifestara claramente en oposición a la manipulación de los jueces, integrara la misma.

Desde la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura hemos podido ver cómo se aceleran o frenan algunos pedidos de juicios políticos a determinados jueces, conforme a las necesidades del Ejecutivo. A ello se suma la reciente denuncia efectuada por la cúpula sindical de los trabajadores judiciales ante el Consejo de la Magistratura que arremete contra algunos jueces por no impedir que los sectores del campo realicen medidas de fuerza, un hecho que generó una respuesta efusiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.

Estos hechos, analizados individualmente, pueden parecer anécdotas, pero no son casos aislados. Se trata ya de un camino que debería comenzar a desandarse para alejar matices autoritarios y evitar el debilitamiento de las instituciones, siguiendo el ejemplo de la decisión tomada con el caso que hoy detallamos en este proyecto de Declaración.

Hace más de un mes, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación emitió la resolución 1084/08 en la que ordena que todas las fuerzas de seguridad bajo su órbita (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal) debían notificar a dicho ministerio todos los oficios que reciban de parte de Jueces y Fiscales.

Fundada en una supuesta centralización y mejora en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, la resolución establecía que "Los oficios judiciales o requerimientos de cualquier índole provenientes de magistrados judiciales y dirigidos a las Fuerzas de Seguridad dependientes de este ministerio, deberán ser elevadas a conocimiento del suscripto previo a ser respondidos".

Entendemos que, tal como lo denunciaran la Asociación de Magistrados del Poder Judicial y la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina, y lo expresaran distintos funcionarios judiciales y especialistas, la Resolución 1084 implicaba una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, atentando claramente con lo preceptuado por la Constitución Nacional, así como lo indicado en el Código Procesal Penal de la Nación que expresa, en sus artículos 184, 187 y 204; que las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia.

Por todo ello, oportunamente se presentó ante esta Honorable Cámara el Proyecto de Resolución Nº 3198-D-2008 en fecha 13 de Junio de 2008, donde solicitábamos se derogue la normativa anteriormente referenciada.

Hoy vemos con beneplácito que el Ministro de Justicia de la Nación haya derogado dicha resolución, dando muestra de que se ha tenido cordura para volver atrás una medida absolutamente desacertada y errática que ponía en jaque la independencia con que deben ejercer su función los jueces de la Nación.

Bregando por la continua construcción de la calidad institucional en todos los estamentos democráticos de nuestro país, y por los fundamentos aquí expuestos, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.