El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1.- Las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos por los soldados durante el conflicto armado del Atlántico Sur de 1982 se consideran crímenes de lesa humanidad y quedan sujetos a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

ARTÍCULO 2. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Nuestro país recepta la definición de crimen de lesa humidad del artículo 7 del Estatuto de Roma, conforme la cual los actos allí enumerados configuran crímenes de lesa humanidad si es cometido "como parte" del correspondiente ataque a la población civil. En el apartado 2. A del artículo 7 el Estatuto mencionado establece: "Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política."

Un ataque generalizado y sistemático contra la población civil fue realizado por la dictadura militar que usurpó los poderes del Estado Nacional entre 1976 y 1983. Existió un plan de desaparición forzada, tortura y exterminio de gran parte de la población civil del país. Ese proceso de desaparición forzada, tortura y exterminio de la población argentina constituye un ataque generalizado conforme las exigencias del derecho internacional sobre los crímenes de lesa humanidad.

La ocupación militar de las Islas Malvinas el 2 de Abril de 1982 que desencadeno el conflicto armado del Atlántico Sur fue una decisión militar irreflexiva motivada en "revitalizar" el "Proceso de Reorganización Nacional". Se buscaba obtener apoyo social y distraer a la población de la angustiante crisis socio económica en la que se encontraba el país y continuar el plan macabro de la desaparición forzada, tortura y extermino de la población. . Hubo una gran improvisación logística en el conflicto armado lo que se tradujo en grandes padecimientos de los soldados, que si no aceptaban calladamente la situación eran víctimas de torturas brutales. Las víctimas de estas torturas con motivo de una causa para mantener un plan de tortura y exterminio de la población fueron jóvenes civiles de clases sociales despreciadas por el gobierno de facto. Estas torturas y tratos equivalentes guardan relación directa y forman parte del ataque sistemático de la población civil argentina por parte de las fuerzas militares que habían usurpado los poderes del Estado. Por ello no pueden quedar impunes.

Por todo ello y por lo expuesto precedentemente es que solicito a mis pares me acompañen con sus firmas para la aprobación del presente proyecto de ley.-