La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar preocupación por el contenido del informe, publicado el 26 de junio del presente año, por Amnistía Internacional denominado: "UNA MIRADA ABIERTA. RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN ARGENTINA DEL PROTOCOLO FACULTATIVO CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES" , en donde se destaca a la República Argentina como uno de los principales países en los cuales se continúa practicando la tortura y malos tratos en las cárceles.

Señor presidente:

La Constitución Nacional, establece en su artículo 18 que "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".

Además de adherir a esta responsabilidad fundacional, nuestro país ratificó en el año 2004 por medio de la ley N° 25.932 el PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. El mismo, establece un Subcomité para la Prevención de la Tortura como órgano internacional de prevención, y obliga a los Estados parte a establecer de forma complementaria su propio mecanismo nacional de prevención.

Más allá de las legislaciones vigentes, el documento, dado a conocer el 26 de junio de este año, denominado "Una mirada abierta. Recomendaciones de Amnistía Internacional para la implementación en Argentina del protocolo facultativo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", menciona a la Argentina como uno de los países en los que se sigue practicando la tortura y los malos tratos en las cárceles. Es así como vemos que una de las grandes asignaturas pendientes de la República Argentina en lo que a los Derechos Humanos se refiere es el estado de las cárceles.

En el documento mencionado, Amnistía Internacional formula recomendaciones para la implementación en nuestro país del PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, sobre el cual nunca se han establecido herramientas efectivas para su implementación en Argentina.

Actualmente, nuestro país no solo no cumplió con el compromiso internacional que asumió, sino que además no ha legislado o desarrollado políticas acordes a la responsabilidad que se adjudicó.

Garantizar a todos los habitantes de Argentina los Derechos Humanos fundamentales, establecidos en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, es una obligación que tenemos como legisladores nacionales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.