La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio al golpe de Estado producido en Honduras y su condena a los actos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos en perjuicio de ciudadanos locales y extranjeros.

Asimismo, insta a que la República Argentina -a través de los organismos internacionales existentes- ponga todo su empeño para que este país pueda reconducirse al estado democrático de derecho, desconociendo a quienes usurpan ilegal e ilegítimamente sus instituciones.

Señor presidente:

En Honduras hubo un golpe de estado. Las personas y fuerzas ocupantes del estado lo hacen como usurpadores. No hay un gobierno, sino un dispositivo de dominación política y opresión social. Se vive al margen de la Constitución. Lo que manda hoy en Honduras es una dictadura.

La propuesta del depuesto presidente Miguel Zelaya de instalar una cuarta urna para realizar, junto con las elecciones, una consulta no vinculante, motivó la furia (el temor) de la clase dominante con gran control de los dispositivos institucionales. Todo el posterior acto de fuerza, que devino en un estado de excepción permanente, pretendió justificarse para salvar la Constitución. Matar lo que debe protegerse es una recurrencia latinoamericana.

Como en nuestra Constitución, la de Honduras en su Artículo 2 sostiene que "La suplantación de la Soberanía Popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de Traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano".

La rigidéz con la que se condenó ese giro del modelo representativo a uno participativo esconde una defensa inconfesable de intereses y poderes estructurales que exceden el marco jurídico del análisis. La supremacía y estabilidad de la Constitución de Honduras fue puesta en duda mucho antes del proceso de reformas de Zelaya. Sin embargo, lo que el furor destituyente soslaya es que en los últimos 27 años la Constitución hondureña ha sufrido casi 30 reformas o enmiendas, cantidad similar a las enmiendas que ha tenido la Constitución de Estados Unidos vigente desde el 17 de septiembre de 1787. El mecanismo de reforma de la Constitución de Honduras es muy flexible. Alcanza con una mayoría parlamentaria de dos tercios de sus miembros, en sesiones ordinarias (art. 373).

No puede unificarse en un solo poder la predominancia del legislativo, el judicial, el ejecutivo (Madison, Hamilton, Jay); empeora esta disfuncionalidad el concierto de las facciones corporativas: aparato coercitivo del estado, la Iglesia, sectores altamente concentrados de la sociedad civil beneficiados desde siempre con un capitalismo rentista.

Se ha pretendido hacer pasar a los golpistas como sujetos que reaccionaron frente a una violación de la Constitución hondureña. Falso. Son los únicos que insisten, con inestimable ayuda de gran parte de la prensa norteamericana, en negar tal golpe de estado. Pero hasta la propia Secretaria de Estado norteamericana así lo dijo también (http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/amenaza/cortar/ayudas/Gobierno/Honduras/elpepiint/200907 22elpepiint_8/Tes).

"A estas alturas es evidente que la categórica condena al golpe formulada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, rompió con una deplorable tradición de esa organización y, seguramente que por eso mismo, provocó que Washington lo sacara rápidamente de escena sustituyéndolo por el dócil presidente costarricense", decía ciertamente Atilio Borón.

No hicieron un golpe para evitar la ilegalidad sino para prevenir los efectos de una demanda consolidada de mayor equidad social en un pequeño país asolado por la corrupción y los privilegios. El 26 de junio, dos días antes del golpe, Micheletti envió una sugestiva comunicación al General Vasquez Velasquez. El proceso del golpe pudimos conocerlo desde fuentes hondureñas que recurrían a cualquier forma de expresiónn para decirle al mundo lo que ocurría en su país. Algunos, de notable factura: (http://honduras.redeshn.com/2009/07/23/el-camino-del-golpista-micheletti-para-usurpar-el-poder/).

Hoy se violan Derechos Humanos en Honduras. Existen informes que bien lo acreditan: (http://www.telesurtv.net/noticias/canal/ddhh_honduras.php). El narcotráfico es quien más se ha beneficiado con el toque de queda. No sorprende pues es mundialmente conocida la penetración del crimen organizado en el Estado. En un memorando del Ministerio de Defensa hondureño se ha consignado la aparición del dictador Micheletti en un listado de personas conectadas con el Cartel de Cali (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/download.php?id=27858&sid=7200af504713e95db826f665bcc4cff6).

Al golpe le han seguido sorprendentes movilizaciones populares. Es posible que muchos ciudadanos en Honduras no puedan verlas, pues existe censura (en los pocos medios críticos) y clara complicidad de la mayoría de las empresas de telecomunicaciones. No es posible "multiplicar las voces, para evitar el despotismo" (Mill). Existe el toque de queda y el estado de sitio. Las libertadas civiles básicas han sido conculcadas (Locke) Y a pesar de ello, en pequeñas localidades el pueblo se rebela a las autoridades militares.

La propuesta de la mediación Arias, de indudable sintonía norteamericana, encontró el NO de los golpistas. Incluía la garantía de no reformar la constitución (que es lo más temido por quienes usurpan la soberanía en nombre de la democracia). Insólito requisito, pero previsible. Sin embargo, el fundamentalismo refractario de quienes usurpan el poder es creciente, demencial. Ese espíritu refractario es el componente clásico de toda guerra civil. Si eso ocurre, la responsabilidad será toda de quienes destituyeron al presidente Miguel Zelaya Rosales. Como bien sostuvo Kant, el pueblo tiene todo el derecho a resistir a la opresión. Y así lo entienden los hondureños.

Sr. presidente, por las razones expuestas le solicito el pronto tratamiento de esta iniciativa.