La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más honda preocupación por la situación humanitaria de Zeynep Celaliyan, militante kurda por los derechos de la mujer quien, desde 2008, se encuentra privada de su libertad en la prisión de Kermanshah, en la República Islámica de Irán.

Y asimismo, que vería con agrado la inmediata implementación de todas las medidas humanitarias y administrativas a los efectos de preservar la vida de Zeynep Celaliyan y dar curso a la inmediata revisión de su situación procesal en pos de su libertad.

Señor presidente:

El pueblo kurdo constituye una comunidad nacional enclavada en el territorio de cuatro países de la región de Medio Oriente: Turquía, Iraq, Siria e Irán.

Desde tiempos inmemoriales, esta valiente comunidad lucha por su autodeterminación y su consecuente reconocimiento como nación, con territorio, lengua, identidad étnica y cultura propios.

Asimismo, la realidad político- institucional y social del pueblo kurdo, no es homogénea en los cuatro países consignados. Históricamente, los kurdos han vivido como regímenes de autonomía más o menos controlada y con ciertos niveles de institucionalización y representación, lo cual no ha sido obstáculo para que, en diversos períodos históricos, las organizaciones sociales y populares de la nación kurda hayan sido persistentemente reprimidas tanto por las autoridades turcas, iraquíes, sirias o iraníes.

El caso que nos convoca en el presente proyecto de declaración, incumbe a la República Islámica de Irán, en cuya región Oriental vive la comunidad kurda que, al igual que sus connacionales con asiento en los otros países, reclaman el reconocimiento como nación con derecho a una vida democrática y compartida con otros pueblos, respetando derechos de la naturaleza, territorio, población, idioma y cultura que se desarrollan y asientan en la región.

Precisamente, en Irán, la organización del pueblo kurdo en movimientos de base, partidos políticos, redes militantes por los derechos de la mujer y otras organizaciones, reproduce una forma de participación y activismo colectivo que es muy similar en los otros tres países con comunidad kurda.

Es en ese contexto, en el que debe comprenderse la situación particular de Zeynep Celaliyan, activista kurda por los derechos y la liberación de las mujeres, quien, desde 2008, se encuentra privada de su libertad en la cárcel de Kermanshah, en el Oriente iraní.

La Oficina de Mujeres Kurdas por la Paz (CENÎ), con sede en Alemania, ha denunciado, desde entonces, que el juicio que se instruyó en su contra fue una farsa, que duró tan sólo unos pocos minutos, y que violentó todas las normas del debido proceso.

Lo cierto es que, a resultas del mismo, la mencionada ciudadana fue condenada a muerte, sin evidencia ni documentación legal alguna, bajo la figura de "Moharebeh" (Enemiga de Dios), imputación que estaría vinculada a su firme activismo y participación en el movimiento de liberación kurdo, situación que se reproduce en muchos otros casos de activistas que se encuentran privados de su libertad.

Luego de este "proceso", la Suprema Corte de Teherán confirmó la condena a muerte en diciembre de 2009, a resultas de lo cual fue trasladada a un penal de máxima seguridad, la prisión de Evin, donde habrían sido ejecutados militantes del referido partido político. Durante su estadía en este presidio, habría sido sometida a vejámenes y torturas sistemáticas, con el consecuente serio deterioro de su salud física y mental. Esta alarmante situación humanitaria, hizo que organizaciones de derechos humanos kurdas y occidentales, comenzaran a trabajar en una intensa campaña internacional a los efectos de que fuera trasladada de este penal y se revisara su condena a muerte en forma inmediata.

Esta presión concertada, derivó en su traslado a Kermanshah y en la reducción de su condena a muerte por prisión perpetua, sentencia que fue refrendada por la Suprema Corte de Teherán a fines de 2011.

Desde ese momento, Zeynep ha estado confinada en un pabellón de mujeres, donde no habría sido sometida a los cuidados médicos necesarios y suficientes en orden a paliar su frágil estado de salud, que se ha deteriorado gravemente como consecuencia de las torturas y vejámenes continuados que habría sufrido desde su cautiverio. Asimismo, sus abogados han sido sometidos a serias presiones institucionales para que se abstengan de realizar declaraciones públicas sobre su situación, al tiempo que su familia ha tenido grandes obstáculos para verla y proveerle las medicinas que necesita a causa de su delicado estado de salud.

Esta grave situación humanitaria, que violenta las más elementales normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha generado una renovada presión internacional que ya ha trascendido el ámbito regional y ha derivado en llamados y advertencias, entre otras organizaciones, de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Amnistía Internacional, dirigidas al Gobierno de la República Islámica de Irán.

Es fundamental que, en el caso aludido, se asegure el imprescindible tratamiento médico que Zeynep Celaliyan necesita, al tiempo que se proceda, sin más, a su liberación por razones humanitarias y por la firme sospecha que se han vulnerado todas las normas deldebido proceso, la garantía de defensa en juicio y la posible comisión de torturas y vejámenes continuados.

Asimismo, resultaría fundamental que el Gobierno iraní informe adecuadamente sobre la situación de los presos políticos kurdos y los procesos que se sustancian en este contexto.

La situación de Zeynep Celaliyan, así como otras y otros cientos de prisioneros políticos, resulta no sólo preocupante y violatoria de los más esenciales derechos humanos, sino que, además, adquiere particular relevancia en la presente situación política de Oriente Medio, donde se ha demostrado- en regiones kurdas como Kobanê y Shengal (Sinjar)- que las fuerzas kurdas son la principal reserva democrática de la Humanidad en la lucha contra el Estado Islámico y las fuerzas irregulares que operan en Iraq y Siria. Esta situación, incluso, ha sido reconocida por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y por el Sumo Pontífice Francisco. Es, precisamente, por la compleja situación descrita que entendemos que resulta fundamental que los estados de la región supriman urgentemente la represión, persecución y aniquilamiento de aquellas personas que trabajan incansablemente por preservar los valores democráticos y altruistas en los pueblos de la región.

Lamentablemente, en muchas regiones del mundo, asoladas por guerras y conflictos que ofenden la dignidad humana, el arresto, tortura y asesinato de activistas de derechos humanos es algo que ocurre con mucha frecuencia.

Estas acciones, son condenadas por las convenciones internacionales de derechos humanos y, por cierto, la preocupante situación humanitaria en el mundo, demuestra que nunca es suficiente el llamado al cumplimiento de las normas existentes, si este llamamiento no va acompañado de una activa campaña diplomática internacional de presión directa para poner término a todo tipo de atropellos a la vida y la dignidad humanas.

Finalmente, resultaría fundamental que, en el marco de las respetuosas relaciones bilaterales existentes entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, se puedan generar los espacios institucionales adecuados a los efectos de dar curso a

acciones comunes pertinentes para asegurar el respeto a los derechos humanos universales en el marco de las Convenciones internacionales vigentes.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración