El Senado y Cámara de Diputados...

REGRESO DE LAS TROPAS Y EQUIPOS DESTINADOS A LA REPÚBLICA DE HAITÍ

Artículo 1º.- Se dispone, en los términos del artículo 9 de la Ley 25.880, el inmediato regreso al territorio nacional de los medios y del personal militar detallados en el anexo I de la Ley 25.906, en un plazo no mayor a los diez (10) días corridos a contar desde la entrada en vigencia de esta Ley.

Artículo 2º.- Se exceptúa de la dispuesto en el artículo anterior la planta potabilizadora de agua y el hospital reubicable nivel II/III, señalados en el punto 4 "Configuración de la actividad", inciso d) "Despliegue de las tropas y medios", acápite III "Equipamiento", del Anexo I de la Ley 25.906.

El Poder Ejecutivo podrá disponer la transferencia a título gratuito de dichos bienes a la República de Haití.

Artículo 3º.- Con las salvedades señaladas, se deroga la Ley 25.906, quedando en consecuencia sin efecto la autorización allí conferida.

Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

América latina tiene una deuda política y moral con la República y el pueblo de Haití y este Congreso Nacional de la Nación Argentina no puede esquivar su responsabilidad presente con esa nación hermana del Caribe insular.

Creer que el deber fue cumplido o comenzado a cumplir con la participación de las Fuerzas Armadas de Argentina en la operación de las Naciones Unidas en el territorio de esa sociedad, sería cuando menos una declaración manifiesta de hipocresía.

El gobierno de Néstor Kirchner, siguiendo los pasos de su antecesor Carlos Menem cuando el envío de tropas al Golfo Pérsico, decidió olvidarse de la larga tradición neutralista con importantes elementos de soberanía del Estado argentino, actuada hasta mediados del siglo XX, para embarcarse en la forma más humillante al servicio de una operación internacional de control social y estatal de un pueblo, y de un pequeño y debilitado país, a través de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), al mando de las Fuerzas Armadas de Brasil con la compañía del ejército chileno, heredero directo del genocida Pinochet, en 2003.

La ejecución de ese plan de intervención insolente y subimperialista fue destinado, en su argumentación diplomática de justificación a los aspectos logísticos, a la educación cívica, la seguridad y la preparación del escrutinio que terminó con la elección de René Preval en la nueva presidencia de Haití, este año 2006.

Argentina, a través de la votación de este Congreso Nacional avaló y fue cómplice de una operación de vasallaje internacional al servicio del equilibrio hemisférico del gobierno y el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, verdadero acreedor de todo lo realizado en las áreas señaladas antes por los emisarios enviados por el gobierno argentino a Haití.

En nuestra condición de nación semicolonial, mitad esclava mitad independiente, hemos cumplido el peor de los roles en el concierto hemisférico: hacer el trabajo sucio para que el gobierno de George W. Bush se sienta más tranquilo, acompañado, y pueda seguir ejecutando sus planes agresivos sobre otros países de América latina y el mundo.

Sin embargo, los resultados a casi tres años de la votación que aprobó esa operación de vasallaje en este Congreso, son tan desastrosos como la calamidad que ya padecían los haitianos antes de la intervención actual. La anterior, como la actual realidad, son productos de similares condiciones de dependencia, atraso económico provocado, saqueo de sus recursos naturales y de su población, y el control externo de su Estado, que llevaron a largas dictaduras y una vulnerabilidad permanentes.

Estados Unidos mantiene concentrada su atención sobre el pequeño territorio y Estado haitianos desde 1986, después de que una insurrección social derribó al heredero de la dinastía Jean Claude Duvalier y dejó en crisis insostenible las instituciones políticas y las bases económicas del país.

Para Washington es de interés estratégico mantener el control a cualquier costo de Haití en el Caribe oriental, pero no por su tamaño geográfico (diminuto), su economía (débil y atrasada) o su peso subregional (ninguno), sino razones de política de equilibrio subregional. Haití comparte el mismo territorio insular con la República Dominicana, pero mantiene una estrecha cercanía con Cuba, Jamaica y otros estados débiles en esa región antillana, donde una crisis social y política permanente en Haití sería un riesgo.

El desastre haitiano tiene como raíces históricas la "venganza imperial" aplicada por las grandes potencias imperialistas "blancas, occidentales y cristianas" sobre un pequeño pueblo negro que tuvo la valentía de dar un ejemplo universal: ser la primera revolución negra triunfante sobre un imperio (el francés) que se constituyó en Estado nación y república independientes, en la temprana fecha de 1804.

El valor histórico presente de Haití, como paradigma de libertad, progreso y democracia, lo patentó el reconocido intelectual de Trinidad y Tobago, C.L.R. James en su imprescindible libro "Los jacobinos negros": "La primera revolución social triunfante en América Latina, hizo de Haití un faro de la libertad a fines del siglo XVIII y principios del XIX. No sólo conquistó la emancipación de los esclavos, sino que lo convirtió en el primer Estado independiente de la región y el primero en aplicar una radical reforma agraria. Napoleón, que había restaurado la esclavitud después que esta fuera abolida por la Convención, definió de esta manera el peligro que entrañaba el movimiento antiesclavista en la colonia francesa: "La libertad de los negros, si es reconocida en Saint Domingue y legalizada por Francia, será por todos los tiempos un punto de unión para todos los que buscan la libertad en el Nuevo Mundo"

Ese valor ejemplarizante es el que no le perdona el imperialismo mundial a la República de Haití. Desde su temprana historia Haití demostró su capacidad revolucionaria. Fue refugio de las goletas libertadoras anticolonialistas llegadas a sus costas desde Venezuela, Centroamérica y México entre 1810 y 1819 cuando todos los pueblos de nuestro continente desarrollaban una guerra revolucionaria contra los imperios español, portugués, británico y holandés. Fue en Puerto Príncipe, capital de Haití, donde jefes revolucionarios como Simón Bolívar, aconsejado por sus líderes Petión, Desálines y otros, concibió dos de las más progresistas medidas de gobierno para Venezuela y la proyectada Gran Colombia: la liberación de los esclavos y la unidad del continente en un solo Estado multinacional, multiétnico y democrático.

En este aspecto medular de la tragedia haitiana operó el mismo esquema de venganza imperial aplicado al continente africano, en especial a aquellos pueblos que protagonizaron decenas de revoluciones anticoloniales desde finales de la II Guerra Mundial. Hoy, medio siglo después, Si África fue catalogado en algún momento como "el continente olvidado", a Haití le cabe la definición de "pueblo olvidado". Está entre las cinco sociedades más pobres del planeta y entre las 10 más inestables, al nivel de Palestina.

Esa herencia legendaria es la que ha sido dilapidada por este Congreso Nacional al votar positivamente la participación argentina en una Misión de intervención en Haití en 2003. El Congreso Nacional argentino es actualmente, colaborador de la infamia internacional que sojuzga al pueblo haitiano.

La mejor manera de mostrarlo es revisar lo que más muestran (casi lo único que les interesa) los mentores internacionales de la intervención: las elecciones.

El corresponsal destacado varios meses en Haití, Gary Olius, relató de la siguiente manera el oprobio que debió el pueblo de la media isla caribeña desde la llegada de la Operación MINUSTAH. Algo que podría definirse "El reparto de Haití": "En la gestión del proceso electoral haitiano la comunidad internacional aplicó una divertida fórmula taylorista que salta a los ojos. Más que una distribución de tareas en el sentido clásico del término, es una fórmula que permite a cada fracción de esta comunidad tener su coto reservado y su esfera de influencia. Al PNUD se le atribuyó el papel de asignación de fondos o de gestión global del presupuesto, a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) la ejecución del plan operativo en su aspecto logístico, de educación cívica, seguridad y preparación del escrutinio propiamente dicho y, finalmente, a la OEA le asignaron las operaciones de registro en todos sus componentes (contratación de personal, adjudicaciones de contratos, preparación de los padrones electorales, etc...). Pero el Consejo Electoral Provisional, la entidad oficial que debería garantizar la totalidad del control del proceso, se vio obligado a confinarse a la ejecución de simples tareas normativas como la publicación del calendario, la firma de decisiones sobre el rechazo o aceptación de candidaturas y la oficialización de los resultados de las elecciones. En suma, se trata de una verdadera desnacionalización del proceso. ¿Y, la democracia deseada por los haitianos en todo esto, se la reducirá a un simple objeto de regateo, por no decir una mercancía? Estas elecciones vieron desfilar en Haití un rosario de especuladores de todo pelo. Representantes de empresas internacionales, subcontratistas, falsos expertos venidos de EE.UU, Francia, Canadá y América Latina, en búsqueda de contratos jugosos. La transición democrática se volvió ipso facto monetaria relegando a segundo plano las cuestiones éticas, para dar paso a ententes, subterfugios de toda clase, luchas de influencia e incluso a subastas. Es por eso, por lo demás, que el proceso fue tan largo, pues era preciso tomar el tiempo necesario para negociar ya que no hay juego allí donde hay disputa financiera. El capitalismo es sobre todo eso... Los haitianos vivían con profunda amargura esta indignante realidad, pero debieron retenerse y contener su hartazgo ya que no se engañan ante el hecho que la comunidad internacional financió cerca del 95% de los gastos relativos al proceso electoral. Aceptan la evidencia que es el país con sus crisis políticas recurrentes que ofrece a los "expertos" internacionales un terreno para que mercadeen. Hasta el momento, los gastos globales para las elecciones presidenciales ascienden a 59 millones de dólares y algunos piensan que Haití, debido a su gran pobreza, no estaba en condiciones de asumir el pago de una factura tan alta. Se engañan, ya que no hace mucho tiempo el país pagó a los proveedores de fondos internacionales más de 60 millones de dólares por concepto del servicio de la deuda externa. La estrategia de la comunidad internacional fue muy cínica a este respecto. Al principio de esta transición, las instituciones financieras llamaron al orden a sus servidores recientemente instalados (Latortue, Bazin et Co) para que liquiden todos los retrasos no honrados por el gobierno de Aristide. El objetivo perseguido era secar la reserva de divisas del Banco Central, reducir la capacidad de autofinanciación del país en algunos ámbitos clave como las elecciones, acentuar su dependencia y ponerlo al remolque de los extranjeros durante un muy largo período. Como la diplomacia obliga, quienes dirigen las misiones extranjeras supieron camuflar todas sus intervenciones en materia electoral bajo el manto de asistencia técnica, alegando que en Haití faltaba competencia en materia electoral y que era necesario importar. Sobre este último punto, no cabe precisar nada pues Louise Brunet, Gerardo Lechevallier (1) y consortes saben muy bien que frente a los expertos haitianos ellos no dan la medida y que es la relación de fuerzas o la magnitud de lo que está en juego que hizo que las cosas sean como son hoy.

"Pasemos ahora a las actividades efectuadas por la misión de la OEA en Haití, a lo largo del desarrollo de este proceso.

"Contratación del personal de los centros de registro e impresión de las tarjetas de identificación En este aspecto preciso, la transparencia no estuvo al orden del día. Un mínimo de preocupación por el cumplimiento de las normas exigía que se haga una convocatoria a las candidaturas previas y que un procedimiento adecuado se ponga en movimiento con el fin de seleccionar a los mejores aspirantes que deseaban ofrecer sus servicios en las operaciones de inscripción de los electores. Al contrario, se prefirió preseleccionar gente sobre la base de su relación con empleados de la misión de la OEA (entre los cuales, partidarios afanosos de Aristide) y se la sometió a un simulacro de examen, como para tener un pretexto que podía servir de justificación a posteriori del procedimiento opaco utilizado. Partidos políticos y egresados de las escuelas de informática reclamaron por esta forma proceder y el Consejo Electoral salió al paso diciendo que no tuvo ninguna responsabilidad en este asunto. Este proceder clientelista es el principal factor que ha causado tantos errores en el ingreso de los datos que servían para la elaboración de las tarjetas de identificación. Según información proporcionada por el CEP, se contabilizaron aproximadamente 20.000 tarjetas con información errónea.

"Por otra parte, la OEA -por razones que quedan por aclarar- decidió hacer imprimir las tarjetas fuera del país. El negocio se asignó a una empresa que opera en México. Esta medida generó enormes problemas que complicaron terriblemente el proceso. Las entregas se realizaron con tardanza y una porción no desdeñable de las tarjetas fue impresa con errores inaceptables (como la fotografía del Sr. X sobre una tarjeta que lleva el nombre de la Sra. Y), sin contar que alguna gente se vio obligada a votar por un diputado o un magistrado que no correspondía a su municipio. Por ejemplo, un amigo que habita en la ciudad de Jacmel debió votar en la Vallée (a más de 50 KM), según la indicación inscrita al reverso de su tarjeta. Son errores gruesos que requirieron rectificaciones urgentes, pero éstas desgraciadamente no se dieron. A la par, tuvieron todos los dolores del mundo para entregar las tarjetas a los electores, tanto que más de 425.000 electores (por sobre el 12%) decidieron renunciar a la voluntad de participar en las elecciones abandonando sus tarjetas en los centros de inscripción. Es necesario destacar también que la fórmula de distribución fue pésima y que la gente asignada a este trabajo sencillamente fue ineficaz. Eso creó peleas enormes que costó la vida a una persona y causaron heridas a varias otras (ALAI-AMLATINA, 08/02/06, Puerto Príncipe)."

El grado de vulneración de la soberanía nacional y el nivel de desprecio sobre la sociedad haitiana es comparable al aplicado a sociedades como la boliviana, por razones similares, en el primer caso por ser negros, en el segundo por ser pueblos originarios, o "indios" como suelen ser catalogados.

Vale la comparación con Bolivia, porque en Haití casi presenciamos en las recientes elecciones la grotesca imagen que conocimos en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada: un presidente yanqui en tierra ajena.

Veamos lo que estuvo a punto de ocurrir en Haití, para indicar la gravedad del error de lo votado por este Congreso en 2003, al aprobar la Operación MINUSTAH.

En una nota publicada por la agencia venezolana Aporrea, se relató el hecho que "La Constitución de Haití está siendo violada por el gobierno interino apoyado por Estados Unidos y por la candidatura de un millonario norteamericano que aparece en segundo lugar en las encuestas para la elección presidencial."

Tomen nota de lo que este recinto decidió acompañar con su votación.

Un candidato a presidente yanqui para Haití apoyado por un gobierno interino sostenido por los Estados Unidos. "Dumarsais Simeus, que nació en Haití y fundó una empresa alimenticia en Texas, ocupa el segundo lugar en las investigaciones de opinión, detrás del ex presidente Rene Preval, pero el Consejo Electoral Provisional, que organiza el pleito, ya dijo dos veces que él no puede competir por ser ciudadano norteamericano."

"El gobierno no está prestando mucha atención a la Constitución", dijo Brian Concannon, un abogado norteamericano que trabajó en Haití y ayudó a procesar líderes militares acusados de la masacre de campesinos.

La nueva Constitución de Haití, escrita en 1987 después de la revolución que derrocó al último tirano de la familia Duvalier, determina que los candidatos a la Presidencia sean ciudadanos haitianos, y afirma que la ciudadanía es perdida con la naturalización en un país extranjero. La Suprema Corte haitiana, sin embargo, decidió dos veces que Simeus podía competir en las elecciones de enero de este año y este Congreso calló porque estaba amarrado a un pacto internacional con el gobierno de los Estados Unidos para sostener la Operación MINUSTAH de ocupación de Haití.

René Preval, el nuevo presidente desde hace pocos meses, saboreó el desprecio internacional cuando tuvo que asumir su magistratura en la más completa soledad, sin la presencia de un solo presidente del planeta. Las Naciones Unidas, la ONU, la OEA, el Mercosur, el Estado de Chile y demás entidades internacionales comprometidas en la intervención subimperialista de Haití fueron muy diligentes para la ocupación, control y manejo de la soberaníìa de ese país y el reparto de los negocios electorales de Haití, y con el mismo criterio segregatorio abordaron la asunción a la presidencia del hombre que resultó ganador en las elecciones que, ellos dijeron, era lo más importante.

Llama la atención el cruce de intenciones contrapuestas entre gobiernos que se proclaman aliados en asuntos internacionales.

Mientras el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ofreció asilo al depuesto presidente Jean Bertrand Aristide, cuando fue echado por un golpe de estado apoyado en la Armada estadounidense, este Congreso aprobaba por mayoría decisiva la propuesta del gobierno recién electo de Néstor Kirchner de participar de la Operación MINUSTAH.

Preval es el resultado del fracaso de esa operación apoyada por este

cuerpo legislativo. Poco después de asumir el nuevo gobierno, René Preval declaró a la

prensa internacional que la mentada "ayuda internacional" fue una estafa, nunca llegó en la medida de la necesidad del pueblo haitiano, la que colocaron sirvió sobre todo a los intereses de las fuerzas participantes en la intervención.

Preval afirmó el 20 de abril de este año: "El tipo de ayuda que necesitamos es como la de Cuba. Esta no es una ayuda en la que se habla de donar 1300 millones(de dólares) que luego se esfuman, sino una (...) que verdaderamente ayuda a nuestro pueblo a salir de la pobreza y de todos sus males".

El nuevo presidente elogió los distintos programas de colaboración

cubana en la agricultura, la acuicultura y la industria azucarera; en particular las becas para formarse en la isla como médicos a más de 600 jóvenes haitianos y la labor en su patria de más de 400 galenos cubanos, que han dado millones de consultas, hecho descender dramáticamente la mortalidad infantil y materna y realizado ya cien mil operaciones, de ellas cincuenta mil de alto riesgo. "Para los haitianos -resumió el presidente- después de Dios están los médicos cubanos".

Desde la salida de Duvalier, Haití se convirtió en un verdadero laboratorio diplomático para la comunidad internacional. No es un homenaje al duvalierismo, sino el honesto reconocimiento de un hecho.

Haití es hoy, como señala el periodista Gary Olius "un país deshonrado, degradado y expuesto a la burla del resto del mundo", excepto por la ayuda humanitaria que recibe de Cuba y el petróleo a bajo precio enviado por Venezuela. El resto de la "ayuda internacional para salvar a Haití", argumento con el que justificaron la intervención, brilla por su vergüenza.

Desde 1986 hasta la realización efectiva de las elecciones del 2006,

se ha experimentado casi todo. Bien sostiene el corresponsal citado: "Aparte de lo que se diga y piense, los resultados están allí para testimoniar la eficacia o no de las fórmulas aplicadas: la inseguridad y la violencia política se decuplicaron, la economía se volvió moribunda, la sociedad fragmentada, la clase política se sumerge en la indignidad más sórdida y la diplomacia del "casco azul" sustituye al proyecto de construir una diplomacia autónoma y que responda a las nobles propósitos del país. Todos estos datos son la prueba de la nulidad de las clases dirigentes nacionales y ponen en evidencia también la singular mala intención de la comunidad internacional que ha manipulado a todos los protagonistas que se sucedieron al poder durante los 20 últimos años."

A todo ello ha colaborado este Congreso Nacional con los votos positivos dados al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional en 2003, para que nuestro país, respetado décadas atrás por su neutralidad y relativa independencia, que llevó entre otros paradigmas a la conocida "Doctrina Drago" de defensa de países hermanos en el continente. sea hoy una sombra al servicio de las políticas imperiales.