La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1- Declarar su preocupación por la legalidad y las condiciones de detención de los presos políticos en Venezuela, en especial de Leopoldo López y Antonio Ledezma, cuya situación hace temer seriamente por su salud e integridad física.

2- Reclamar el restablecimiento de las condiciones que hagan posible el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas en Venezuela, con el fin de garantizar la institucionalidad necesaria en un sistema de gobierno democrático.

Señor presidente:

A través de este proyecto proponemos realizar una declaración firme de esta H. Cámara de Diputados de la Nación de preocupación por la legalidad y las condiciones de detención de los presos políticos en Venezuela, en especial de Leopoldo López, ex alcalde de Chacao, y Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, cuya situación hace temer seriamente por su salud e integridad física.

Asimismo reclamar el restablecimiento de las condiciones que hagan posible el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas en Venezuela, con el fin de garantizar la institucionalidad necesaria en un sistema de gobierno democrático.

La situación de los presos políticos en Venezuela es alarmante, al punto de que se teme seriamente por su salud e integridad física, en especial de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, presos desde hace más de un año, y hace semanas en huelga de hambre a la que se han sumado un centenar de seguidores.

Su reclamo que exige la liberación de los presos políticos, la publicación de la fecha de las elecciones parlamentarias con observadores internacionales de organismos calificados y el cese de la represión y persecución contra la disidencia y la censura en los medios de comunicación, refleja un escenario dramático.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Husein, dijo en su discurso inaugural de una sesión del Consejo de Derecho Humanos de la ONU: "Estoy seriamente preocupado por la legalidad y las condiciones de personas detenidas por ejercer pacíficamente su libertad de expresión y reunión. Ellos deben ser liberados rápidamente y de forma incondicional."

El ex alcalde de San Cristóbal, Táchira, Daniel Ceballos, dejó el pasado 12 de junio la huelga de hambre que lo llevó a perder 20 kilos y sufrir una debilidad general. Encarcelado hace 14 meses, es el primero de los 90 huelguistas que abandona la protesta por razones de salud. Había comenzado la huelga de hambre el 23 de mayo junto al dirigente Leopoldo López.

La intervención directa de la iglesia católica a través del Papa Francisco fue "fundamental", según su esposa Patricia Gutiérrez de Ceballos, hoy alcaldesa de San Cristóbal, para poner fin a la huelga de hambre.

La semana anterior el ex presidente de España Felipe González visitó a las familias de los líderes presos y a la oposición, en apoyo a los reclamos de los presos políticos. La gestión recibió un trato grosero por parte de las autoridades venezolanas. La canciller, Delcy Rodríguez, le sugirió "que se rebusque la vida de otra manera", y el Presidente Nicolás Maduro lo acusó de "vender su alma al diablo".

Por su parte, como respuesta al reclamo de los huelguistas, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, informó que la organización que representa estará presente en las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela, y aclaró que espera que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea (UE) "cumplan su tarea" en la jornada electoral, organismos que han aceptado participar.

La esposa de Ceballos reiteró que su marido a pesar de haber dejado la huelga de hambre "está injustamente encarcelado, víctima de un juicio injusto por rebelión civil del cual él es inocente y nuestra lucha sigue siendo por su libertad, por la de Leopoldo López y por la de todos los presos políticos".

Además de Leopoldo López, continúan en huelga de hambre más de 90 personas, principalmente estudiantes y profesores en diferentes partes de Venezuela.

Hoy ya son 31 los exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que han rubricado la Declaración de Panamá, en vísperas de la VII Cumbre de las Américas, en el que denuncian la "alteración democrática" que sufre Venezuela y solicitan la liberación de presos políticos y el restablecimiento de las condiciones que hagan posible el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en el país.

Entre los signatarios se encuentran los expresidentes de nuestro país, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa; de Brasil, Fernando H. Cardoso; de Bolivia, Jorge Quiroga; de Chile, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos; de Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur; de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge; de Ecuador, Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez y Sixto Durán Ballén; de El Salvador, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol; de España, José María Aznar y Felipe González; de México, Felipe Calderón y Vicente Fox; de Panamá, Mireya Moscoso, Nicolás Ardito y Ricardo Martinelli; de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy; de Perú, Alejandro Toledo; de República Dominicana, Hipólito Mejía, y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

Pero aún faltan más voces comprometidas. Toda la región debe reaccionar sin demoras y reclamar al régimen de Nicolás Maduro la búsqueda de una solución no violenta a la crisis en Venezuela, que respete los principios constitucionales y democráticos y las normas internacionales.

Llama la atención que nuestro gobierno nacional, que ha hecho de su bandera la protección de los Derechos Humanos, aun no se haya pronunciado acerca de esta situación que acontece en la República Bolivariana de Venezuela.

Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de resolución, es nuestro deber y responsabilidad con la democracia.