El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Modifícase el segundo párrafo del artículo 1078 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo. Si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los ascendientes, descendientes, el cónyuge supérstite, y quienes hayan convivido con el causante en ostensible relación de tipo familiar o afectiva."

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

A través del presente proyecto se promueve una modificación al artículo 1078 del Código Civil, a fin de brindar certeza sobre sus alcances, colaborando de esta forma a la obtención de seguridad jurídica, a la vez que propone ampliar los supuestos de legitimados activamente para reclamar por este rubro.

La norma citada dispone que "La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima.

La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos."

Las dudas en relación con el alcance del artículo transcripto se generan respecto de cuáles son los herederos forzosos que pueden reclamar el daño moral ante la muerte de la víctima. Se presentan dos posiciones al respecto: una estricta y una amplia.

Para la corriente estricta, la norma se refiere a los herederos de grado preferente conforme al orden sucesorio en el supuesto particular de que se trate. Para esta interpretación, quienes están legitimados para reclamar el daño moral son quienes se hallan investidos en el caso concreto de la calidad de herederos al tiempo del fallecimiento de la víctima. Es decir, requiere vocación actual.

En cambio, la corriente amplia entiende que la norma se refiere a los legitimados potenciales o en abstracto que invistieren dicho carácter según la ley, con prescindencia del hecho de que en el caso particular sean desplazados por otros herederos de mejor derecho.

Consideramos que ésta última es la solución adecuada y la que mejor se aviene al requerimiento constitucional de afianzar la justicia.

En efecto, el tema en discusión no se refiere a una cuestión hereditaria, sino de derecho indemnizatorio. Por ello, debe ser analizado con criterio obligacional.

En el sentido indicado, se sostiene que la acción de daños y perjuicios se concede al llamado damnificado indirecto iure proprio, no iure hereditatis. Por eso, lo que interesa es el carácter de pariente íntimo del difunto con el alcance que entraña potencialmente la porción legítima (conf. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala 1ª, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en los autos "Álvarez Quintana, Manuel y otro v. Rojas, Dalmiro y otros", sentencia del 2/12/02).

Debe tenerse en cuenta que las limitaciones para reclamar el daño moral sufrido constituyen una excepción al principio general de derecho civil conforme al cual todo damnificado es titular de la pretensión resarcitoria. Si bien se comprende la necesidad de poner una valla a la posible multiplicación de acciones contra el responsable, ésta debe ser razonable y no puede excluir a aquellas personas que más sufren y sienten la pérdida de un ser querido. Por tanto, el criterio para determinar quiénes se encuentran legitimados para reclamar el daño moral en los casos de muerte de la víctima debe adaptarse a esa realidad.

Resulta inadmisible el rechazo de acciones iniciadas por un legitimado cuando este se motiva en la ausencia de vocación hereditaria actual. Este tipo de decisiones -que ocurren actualmente-, se ampara en una interpretación restrictiva de la norma que se pretende modificar.

Al respecto, se ha sostenido que "No puede dudarse de que es axiológicamente negativo y contrario a la realidad de los hechos negar legitimación a los progenitores por el solo hecho de que existan descendientes. No existe dolor comparable a la muerte de un hijo; para el hombre común, a quien está destinada la norma jurídica, es incomprensible que el daño moral por antonomasia, el provocado por el hecho que vulnera todas las reglas de la vida, no encuentre eco en los tribunales" (conf. voto Dra. Kemelmajer de Carlucci, fallo citado).

La posición amplia que sustentamos ha sido sostenida por nuestra Corte Suprema, quien manifestó al respecto que "Corresponde asignar una interpretación amplia a la mención 'herederos forzosos' que hace el art. 1078 del Código Civil, de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios potenciales, aunque - de hecho - pudieran quedar desplazados de la sucesión por la concurrencia de otros herederos de mejor grado" (fallo "Frida A. Gómez Orue de Gaete y otra c/ Buenos Aires, Pcia. de y otros. s/ Daños y perjuicios", sentencia del 9 de Diciembre de 1993), reiterando dicha posición en un caso más reciente, en el que señaló que "Si bien es cierto que el art. 1078 CCiv. admite el reclamo del daño moral sufrido como consecuencia del fallecimiento de una persona sólo respecto a los herederos forzosos, corresponde asignar a tal mención una interpretación amplia de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios con vocación eventual, aunque de hecho pudieron quedar desplazados de la suceción por la concurrencia de otros herederos de mejor grado, comprensión que se ocmpadece con el carácter iure propio de esta pretención resarcitoria y, además, satisface la necesidad de evitar soluciones disvaliosas" (caso "Badin, R. y otros v. Provincia de Buenos Aires", sentencia del 7/8/1997, LL 1998-E-194).

También es la interpretación impartida por la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal en el plenario de fecha 28 de febrero de 1994, en la causa "Ruiz, Nicanor y otro v. Russo", donde declaró por mayoría que "cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los herederos forzosos legitimados para reclamar la indemnización por daño moral según lo previsto por el art. 1078 C.C., no son sólo los de grado preferente de acuerdo al orden sucesorio" (JA 1994-II-679).

Es de destacar que además de las razones axiológicas invocadas, existen también razones prácticas por las cuales adherir a esta postura amplia. Algunas de estas observaciones, señaladas en el voto citado de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, son las siguientes:

- Según la posición restrictiva, se debería rechazar la demanda cuando no se ha acreditado la calidad de heredero del actor mediante la pertienente declaratoria de herederos, situación paradojal si se tiene en cuenta que no se ejercitan derechos hereditarios, y que posiblemente no existan bienes que ameriten la apertura de la sucesión.

- Si sobreviven al causante un hijo y un progenitor, sólo podría reclamar indemnización el hijo, pero si éste repudiase la herencia y la aceptase el ascendiente, surgiría la legitimación de éste, lo que resulta extraño a la esencia de la acción de daños.

- Se debería rechazar la legitimación del cónyuge cuando sólo existen bienes gananciales, pues en tal caso él recibe los bienes sólo a título de cónyuge y no de heredero.

- Si la víctima hubiese fallecido en el país, pero el causante tuviese último domicilio en otro país con otro orden sucesorio de herederos legitimarios, se modificaría la legitimación para reclamar los daños.

- La tesis restrictiva deja sin solución ciertas situaciones que podrían presentarse: ¿qué sucedería si luego de pagadas las sumas al damnificado aparecen otros herederos?.

Por otra parte, y por las mismas razones expresadas anteriormente, proponemos la expresa ampliación del concepto no solamente a quienes poseen vocación hereditaria en abstracto, sino también a quienes, a pesar de no tener una relación de parentesco o conyugal, han mantenido una ostensible relación de tipo familiar o afectiva. Así, estarán legitimadas también otras personas, como la madre de crianza o el/la concubino/a, cuyos lazos afectivos con la víctima justifican sobremanera este reconocimiento.

Las restricciones a la legitimación eran justificadas cuando se le otorgaba al rubro "daño moral" un carácter represivo o punitorio. Sin embargo, carece de fundamento actualmente en el pensamiento mayoritario, que le concede una función satisfactiva.

Esta ampliación en el grupo de los legitimados no generará una catarata de damnificados ni tergiversará el sentido limitativo del art. 1078 del Código Civil, puesto que el juez siempre podrá valorar de distinto modo, cualitativa y cuantitativamente, las pretensiones resarcitorias de cada accionante.

El presente proyecto fue presentado por primera vez en el año 2003 y representado sucesivamente en los años 2005, 2007 y 2009. Tramitó por los Expedientes N° 1464-D-2003, 1227-D- 2005, 2428-D-2007 y 197-D-2009.

En mérito a lo expresado, solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.