La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación y repudio por las agresiones sufridas el 20 de abril de 2010, por el fotógrafo Gustavo Torres del Diario de la Región de la provincia de Chaco, al intentar cumplir con su obligación de informar.

Solicitándose la actuación inmediata de los organismos competentes a fin de esclarecer el hecho y hallar a sus responsables materiales.

Señor presidente:

En las últimas semanas, periodistas de todo el país han sido objeto de agresiones de distinta índole, Adela Gómez en Santa Cruz, Facundo Pastor y Fernando Bravo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Leico en Mendoza, Alcides Quiroga en Santa Cruz, Guillermo Bahr, Juan Federico y Tomás Méndez en Córdoba, entre otros muchos.

En esta oportunidad, Gustavo Torres, fotógrafo del Diario de la Región de la capital chaqueña, fue insultado y apresado por un agente de la policía provincial, al intentar cumplir su rol de comunicador social tomándole fotos a una mujer que yacía sin conocimiento en la vía pública. Al ser trasladado a la Comisaría Nº 5, permaneció demorado durante unas horas, y le fueron borradas las fotos que había obtenido en el lugar del hecho.

Diversas organizaciones, se hicieron eco de este nuevo episodio de agresión, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), repudiando todo accionar policial "...que impida el normal desarrollo del trabajo periodístico (...) condena el maltrato y la humillación que sufrió el fotógrafo Gustavo Torres." Solicitando al Poder Ejecutivo provincial "... que investigue el hecho y sancione a quienes pudieron haber actuado extralimitándose en sus funciones...."

Es sabido que existen en nuestro país intereses muy claros en contra de la actuación del periodismo sin condicionamientos, y sabido es que existen sectores decididos a coartar, presionar y condicionar al periodismo comprometido con brindar la información tal cual se produce, en tanto es el estado el mayor responsable de garantizar en nuestro país la libertad de prensa y expresión y a esa tarea se debe abocar de inmediato.

No solo para esclarecer este hecho y otros que aún están pendientes de resolver y que todavía no se conocen responsables, sino para evitar definitivamente que hechos como este vuelvan a suceder.

Consideramos que éste es un intento más de limitar la labor de los profesionales de prensa, y constituye una clara violación del derecho a la Libertad de Expresión. Pues la sociedad -en su conjunto- tiene el derecho a acceder a una información cierta, sin condicionamiento alguno.

El derecho a la libre expresión es uno de los más esenciales, al ser el fundamento sobre el cual se asienta el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Sin la facultad de opinar libremente, de llamar la atención de otros sobre las injusticias, el hombre está condenado a la opresión. Por ello, quizá, sea uno de los más amenazados, por gobiernos opresores, por individuos que solo quieren imponer sus ideas y valores individuales. Nos debemos como Pueblo, fomentar el respeto a la libertad de los demás a decir lo que piensa, aun cuando no estemos de acuerdo con lo que dice, pues ese respeto importa respetar nuestra propia libertad.

En éste sentido, cabe simplemente enumerar a modo de ejemplo a los siguientes: los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 4 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre.

El Preámbulo d la Declaración de Chapultepec, sostiene: "Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Solo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna."

Es necesario que nuestras instituciones funcionen decidida y eficazmente para garantizar la libertad de expresión en nuestro país, poniendo fin a la intolerancia y a las prácticas que buscan acallar voces en los medios de comunicación, y en tal sentido desde el Parlamento debemos resguardar los derechos de todos los argentinos.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en éste proyecto.