La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar enérgicamente el golpe de Estado suscitado en el hermano país de Honduras, el día 28 de Junio próximo pasado, por considerar al actual mandatario como un presidente de facto al frente de un gobierno ilegítimo, como así también repudiar toda forma antidemocrática de ejercer el poder contra la voluntad popular en América Latina; también solicitar se arbitren los medios diplomáticos necesarios para expulsar el régimen de facto y restituir al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales y la democracia en este país.

Señor presidente:

El golpe de Estado que se suscitó en Honduras el 28 de Junio tiene como particularidad el ser un golpe cívico - militar; es decir, contó con la participación tanto de las fuerzas armadas como, también, de determinados sectores sociales, en especial aquellos pertenecientes a las clases sociales más altas.

El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales proviene del Partido Liberal, que representa originalmente a sectores empresariales y oligárquicos del país y lleva adelante políticas de corte conservador. Sin embargo, luego de dos años de mandato, el jefe de Estado viró en sus políticas hacia los sectores populares: inició algunas reformas para la redistribución del ingreso por medio del aumento el salario mínimo y el control de la canasta básica.

Al mismo tiempo retomó el control sobre los recursos naturales del país: promulgó una ley de protección forestal y realizó un férreo control sobre los recursos petrolíferos, sumándose al proyecto energético del Presidente venezolano Hugo Chávez, Petrocaribe, limitando las ganancias millonarias de las petroleras multinacionales.

En el plano internacional se unió al ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe) y se acercó al líder cubano Fidel Castro pidiendo disculpas en nombre del Estado hondureño por haber prestado su territorio en los años '80 como base para la lucha antiguerrillera de Estados Unidos.

La crisis estalló cuando el primer mandatario decidió realizar una consulta popular para poner en marcha una Asamblea Constituyente que incluyera reformas en la Carta Magna del país, para noviembre de este año, cuando se elegirán presidente, diputados y alcaldes.

El jefe militar se negó a colaborar con la consulta y fue apoyado por los partidos opositores, las cámaras empresariales y los medios de comunicación, que acusaron al Presidente Zelaya de querer introducir la reelección presidencial y perpetuarse en el poder al igual que su aliado: el presidente de Venezuela Hugo Chávez. Asimismo, la Corte Suprema, órgano cuyos miembros son nombrados por el Congreso nacional unicameral, donde tiene mayoría la oposición, falló en contra del gobierno y declaró ilegal la consulta popular.

En el marco de este conflicto de poderes, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso Nacional apoyaron al jefe militar y ante la negativa del presidente de restituirlo, los militares, con la venia de todos estos sectores entraron a la casa de Zelaya, lo secuestraron y lo enviaron en un avión a Costa Rica. También se pudo conocer que los embajadores de los países de Nicaragua, Cuba y Venezuela recibieron golpes cuando se acercaron hasta la residencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, quien estuvo secuestrada en la base de la Fuerza Aérea de la capital.

Según las Fuerzas Armadas de Honduras, todo este proceso fue en defensa de la legalidad, para garantizar el orden y la paz social. Tal como ocurre con los golpes militares, se impuso el toque de queda, pero para darle legalidad al golpe se recurrió al Congreso, que se reunió y luego de leer una supuesta carta de renuncia del presidente electo democráticamente, los legisladores aceptaron la falsa renuncia, aprobaron una moción de censura e inhabilitación en contra del legítimo presidente por supuestas desviaciones del marco constitucional y eligieron como presidente de facto a Roberto Micheletti, presidente del Congreso.

Las reacciones a favor del Gobierno del pueblo hondureño tras el golpe, y en medio de un golpe de Estado y bajo la imposición del toque de queda, de las que participan campesinos, indígenas y movimientos sociales son duramente reprimidas, con cientos de heridos, detenidos, algunos muertos (se desconoce el número total de los mismos) y los líderes de los movimientos sociales y sindicales son perseguidos y asesinados.

La comunidad internacional en su conjunto ha repudiado el golpe de Estado: desde la OEA (Organización de los Estados Americanos) hasta la Unión Europea, pasando por el ALBA (conformado por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, San Vicente, las Granadinas, Antigua y Barbuda y Bolivia), el MERCOSUR, la ONU y el Grupo de Río (integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela).

Respecto de la posición de otros países, es de destacar la opinión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien declaró que a pesar de no estar de acuerdo con el presidente Zelaya, este es el único presidente de Honduras que reconoce.

Esta condena, tan rápida y unánime en un escenario internacional heterogéneo es un hecho para subrayar, aunque las medidas que se tomarán para con el gobierno de facto son variadas: estas van desde interrupciones en el comercio con Honduras, retiro de sus embajadores en este país y la suspensión de envío de fondos por parte de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial.

Asimismo, el presidente Chávez, anunció que planea suspender el envío de petróleo a Honduras en el marco del acuerdo PetroCaribe, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución por la que exigió la restitución inmediata de Zelaya en tanto presidente legítimo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó enviar una misión para verificar la vigencia de los derechos humanos. Cabe destacar que la situación económica, empeorará con el aislamiento del país centroamericano y los más afectados serán los programas de salud, de seguridad alimentaria y de desempleo.

Con el objetivo de romper con el aislamiento en el cual se encuentra hoy en día Honduras debido a la usurpación del poder por parte del gobierno de facto, el presidente ilegítimo anunció el levantamiento del toque de queda que regía desde el día en que se realizó el golpe y declaró que no descarta una amnistía para Zelaya como salida al conflicto. Asimismo, se nombró un nuevo canciller y se realizó una invitación a los organismos internacionales de derechos humanos para que éstos visiten el país. Mientras tanto, las movilizaciones de protesta de las organizaciones populares entraron en su tercera semana de resistencia pacífica contra el régimen de facto.

No existe problema institucional que pueda ser resuelto por medio del secuestro y deportación de un presidente electo democráticamente. Por lo tanto, lo ocurrido en Honduras fue un golpe de Estado, el actual mandatario es un presidente de facto y el gobierno carece de legitimidad.

Este hecho merece especial atención para nuestro continente, debido a que el golpe de Estado en Honduras podría poner en juego la democracia en Latinoamérica. Es por eso que la posición de la OEA de excluir al régimen de facto del organismo es una decisión fundamental para apoyar la democracia de estos pueblos.

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.