El Senado y Cámara de Diputados...

I.- PARTE GENERAL

Artículo 1º: Institúyese el impuesto a las exportaciones denominado como derechos de exportación en el artículo 4º de la Constitución Nacional y conocido como "retenciones", tributo indirecto que se aplicará sobre el comercio al exterior de soja, maíz, trigo y girasol, que en esta ley y sus anexos se detallan, sea por sus nombres o por las posiciones arancelarias que les correspondan según el ordenamiento de la Nomenclatura Común del Mercosur.

Artículo 2º: El tributo regirá a partir del 1 de julio de 2008 y tendrá vigencia hasta el 28/02/2010.

Artículo 3º: Esta ley y sus anexos establecerán las alícuotas, modalidades y características del tributo y su aplicación.

Artículo 4º: El impuesto que se instituye no podrá ser alterado o modificado en ninguno de los aspectos que lo componen y aquí se legislan, por norma alguna de jerarquía inferior a la de ley en sentido material y formal emanada de este mismo Congreso Nacional.

II.- DEROGACIONES

Artículo 5º: Deróganse todas las normas de cualquier naturaleza y jerarquía emanadas del Poder Ejecutivo, Ministerios u otros órganos de la Administración Nacional, que se hayan dictado sobre esta misma materia con anterioridad a la presente ley, sin excepción alguna, sea que se contradigan o que coincidan con la presente.

Artículo 6º: Derógase toda delegación de potestades legislativas del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo Nacional en materia tributaria y arancelaria referida a las exportaciones de los productos comprendidos en esta ley, sea anterior o posterior a la última reforma de la Constitución Nacional, especialmente las contenidas y derivadas del Código Aduanero Ley 22.415.

III.- PARTE ESPECIAL

Articulo 7º: Se establece el derecho de exportación para gravar la posición arancelaria 1201.00.90 (soja) en el nivel básico (mínimo) y la movilidad establecidos en el Anexo 1.

Articulo 8º: Se establece el derecho de exportación para gravar la posición arancelaria 1005.90.10 (maíz) en el nivel básico (mínimo) y la movilidad establecidos en el Anexo 2.

Articulo 9º: Se establece el derecho de exportación para gravar la posición arancelaria 1001.90.90 (trigo pan) y la 1001.10.90 (trigo candeal) en el nivel básico (mínimo) y la movilidad establecidos en el Anexo 3.

Articulo 10º: Se establece el derecho de exportación para gravar la posición arancelaria 1206.00.90 (girasol) en el nivel básico (mínimo) y la movilidad establecidos en el Anexo 4.

IV.- LIMITES A LA TRIBUTACION Y COMPENSACION FEDERAL

Artículo 11º: Se establece que en ningún caso los productores afectados por el tributo que aquí se instituye, podrán resultar gravados por el mismo en un porcentaje que supere el 50% de su valor FOB Buenos Aires establecido según las metodologías de las resoluciones de la SAGPyA 331/01 y 447/06, e informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación o el órgano que la reemplace o el que resulte responsable de publicar oficialmente esos valores.

Artículo 12º: A lo largo de la vigencia de esta ley, en cada cuatrimestre vencido el Fisco Nacional deberá transferir en más a las Provincias Argentinas, de la masa de fondos por impuestos coparticipables, un monto equivalente al excedente

por sobre los porcentajes básicos fijados en esta ley que el Fisco Nacional haya percibido en concepto de los derechos de exportación aquí comprendidos.

Esta norma no configura una coparticipación de esos derechos de exportación, sino un aumento de la coparticipación federal primaria respecto de los fondos recaudados en virtud de los tributos coparticipables.

En cuanto a su distribución secundaria, ese aumento de la coparticipación deberá entregarse a cada Provincia en la misma proporción en que de ella haya recibido el Fisco Nacional los excedentes de los derechos de exportación que esta ley contempla.

Señor presidente:

Estamos ante la oportunidad de retomar el funcionamiento institucional básico, con la reasunción de las potestades legislativas, al menos en materia tributaria sobre derechos de exportación a los cuatro granos incluidos en este proyecto de ley, a saber: soja, maíz, trigo y girasol.

Este Congreso Nacional debe devolverle el prestigio al régimen republicano con la independencia del Poder Legislativo del Estado, diferenciado tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, haciendo uso cabal y responsable de su labor parlamentaria y de creación legislativa.

Sin competencias partidarias, sin imposiciones, sin aires de superioridad, tiene hoy este Congreso la oportunidad de otorgarle legalidad y legitimidad a un régimen tributario específico que se ha venido imponiendo en el país sin la participación protagónica, esencial, del órgano que por disposición constitucional posee las potestades exclusivas y excluyentes de legislar, particularmente en la materia que se trata en este proyecto de ley.

Pero además, tiene la oportunidad de hacerlo según su esencia parlamentaria, es decir, con un tratamiento responsable, racional, razonado, con propuestas, diálogo, debates y consensos según la conciencia individual de cada legislador y el peso de la responsabilidad por la representatividad de la soberanía del pueblo que encarna, más allá de su alineamiento partidario y también por encima de sus propias opiniones personales, si encuentra en una alternativa de acuerdo, el respeto por un bien superior a su posición política o ideológica individual.

Frente a un conflicto por la imposición de medidas que no han alcanzado los fines declarados al establecerlas, se está pagando el inútil precio de una división en la sociedad argentina a lo largo de todo el país, que por cierto ha superado toda puja

Distributiva, todo interés económico, todo acotamiento sectorial, para afectar transversalmente al entramado social y especialmente lesionar los sentimientos federales de los habitantes del interior de las Provincias federadas en la República Argentina.

El proyecto que presentamos, aspira, con sencillez y humildad, a aportar un esbozo de acuerdo que supere el conflicto, empezando por afirmarse en forma contundente en el carril de la legalidad, a saber: el ejercicio de la potestad legislativa del Congreso para establecer estos tributos; la reafirmación de las prohibiciones y límites constitucionales a las delegaciones potestativas del Parlamento; el reconocimiento de una realidad internacional y nacional que justifica el uso transitorio de una herramienta que, si bien no es beneficiosa para la inversión productiva a largo plazo ni para la distribución federal de los ingresos públicos, hoy parece inevitable utilizar, mientras se estudien a futuro soluciones más útiles, menos distorsivas y sobre todo más equitativas para la población y para los Estados que componen la Nación.

Si bien nuestro intento se circunscribe a un tema en particular, nuestros objetivos son elevados, pues de esta experiencia, si resulta satisfactoria para la salud institucional, para superar el conflicto y para comenzar a establecer condiciones de mayor desarrollo económico y social, se podrá tomar renovado ejemplo para tantas otras áreas en las que nuestro país se ha estancada o ha retrocedido.