La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS QUE CORRESPONDAN, INFORME SOBRE LA EXISTENCIA DE UN HECHO DE CENSURA DURANTE LA EMISIÓN DEL PROGRAMA 6-7-8 DEL 17 DE JULIO DE 2009, QUE SE EMITE DE LUNES A VIERNES POR CANAL 7, CUANDO SE TRATABA UN INFORME SOBRE EL PATRIMONIO DEL MATRIMONIO PRESIDENCIAL.

Señor presidente:

La publicación de las ideas por la prensa sin censura previa es uno de los ejes de la Libertad de Prensa y de Expresión, derecho custodiado por la Constitución Nacional. Se trata nada más y nada menos que de uno de los pilares del sistema democrático en el sentido más amplio que se puede concebir. Un ciudadano tiene derecho a manifestar sus opiniones, dentro de determinados límites que significan la vulneración de los derechos de los demás, pero siempre con los debidos resguardos de las garantías para ser utilizado como vehículo de información y opinión. En la Argentina, luego de la recuperación democrática, la prensa se ha desarrollado con indudables tropiezos ante la vigencia de algunos sectores privilegiados que no pretendían ningún control de la prensa, cuestión de la que gozaban en los tiempos dictatoriales. Sin embargo, la misma ciudadanía colocó a la prensa en la misión de expresar sus opiniones, y a los periodistas, como sujeto de la información, en el centro de lo escena pública, donde se producen los intercambios de ideas y los debates propios de una sociedad democrática. Desde la perspectiva de los medios de prensa privados ha habido un sinnúmero de casos de censura de voces discordantes con la línea editorial de los propietarios, cuestión que sin dudas es repudiable desde todo punto de vista. Ahora, el problema es mayor cuando un suceso de censura se produce en un medio de propiedad estatal, financiado con el presupuesto solventado con los impuestos de todos los argentinos. Lo concreto fue que el programa "6-7-8", que conduce la periodista María Julia Oliván, y que se emite de lunes a viernes en Canal 7, terminó su emisión del 17 de julio de 2009 en forma abrupta cuando el tema que tocaban los panelistas era la evolución patrimonial del matrimonio presidencial y las repercusiones que había provocado en distintos medios. El periodista Orlando Barone, panelista del programa, y la conductora hablaron del tono conque algunos medios trataron el formidable crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner, cuando luego de un informe sobre esas coberturas en "Palabras más, palabras menos" y en los almuerzos de programa de Mirtha Legrand, el tema de los millones K ganó la mesa y todos empezaron a opinar. A continuación se hizo una comparación con el patrimonio del diputado nacional electo, Francisco de Narváez, y sus explicaciones sobre el pago de impuestos que realiza sobre ese patrimonio. Plano siguiente, habló el periodista Barone: "Debo decir que, aunque no creo que mi opinión importe demasiado, no me gusta que la fortuna de los Kirchner haya crecido de esa manera, esos terrenos en Calafate pudieron haberlos vendido cuando ya se hubieran retirado a ver los pájaros...", y mientras hablaba la conductora Oliván, se escuchó de repente un grito y apareció en imagen el aviso de Movistar en el que la chica se asusta de la araña. Posteriormente, luego del corte comercial, apareció nuevamente Oliván y se limitó a decir: "Bueno, nos despedimos, que lástima que no pudimos conocer la opinión del licenciado (Ricardo) Forster" (quien esperaba su turno en el piso y había sido enfocado en varias ocasiones). Pero faltaba el aporte de Barone, que alcanzó a decir que "no hubo ningún llamado del Calafate y vamos a seguir tratando el tema de la declaración patrimonial de los Kirchner mañana", dando a entender que la orden de mandar ese "tandazo" encima de sus comentarios provenía de algún directivo del canal o del Sistema Nacional de Medios Públicos. Enseguida comenzó el noticiero Visión Siete y nos quedamos con las ganas de ver y escuchar lo prometido. Al día siguiente tampoco se notó una profundización del polémico tema. La curiosa irrupción de la publicidad cuando los periodistas habían agudizado contra el patrimonio presidencial, sin dudas manejado desde el control de aire del programa, nos genera un serio interrogante. Hay que recordar que Canal 7 no es una emisora del gobierno de turno sino de todos los argentinos representados en el Estado, por lo tanto, sus contenidos no deberían limitarse a respetar la línea político del actual gobierno o de los que vengan. Al contrario, siempre hemos planteado una estructuración diferente del Canal oficial, con una real democratización de sus contenidos, no sólo desde el punto de vista político, sino social y cultural. En este caso, estamos ante la duda sobre la ecuanimidad a la hora de tratar contenidos relacionados con el poder, especialmente, del poder presidencial en un medio de prensa público que debería ser ejemplo de pluralismo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución