El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°. Ratificase el CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE COMPETENCIAS PENALES DE LA JUSTICIA NACIONAL AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, suscripto el día 1° de junio de 2004 entre el Sr. Presidente de la Nación y el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como anexo integra la presente ley.

Artículo 2°. De forma.

Señor presidente:

La reforma constitucional de 1994 dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, ello quedó plasmado, entre otros, en el artículo 129 de nuestra Carta Magna al disponer que: "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad." Estableció asimismo que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad sea capital de la Nación. Es así como surgió la Ley 24.588 conocida como "Ley Cafiero" que, a juicio de muchos, fue más allá de lo establecido en la norma constitucional.

No obstante ello, el artículo 6 de la mencionada ley habilita la celebración de convenios entre la Ciudad y la Nación, así dispone que: "El Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes". Estos convenios deben ser ratificados por las cámaras legislativas de ambas jurisdicciones.

Específicamente, el artículo 129 de nuestra Carta Magna Nacional consagra la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando el marco propicio y necesario para transferencias como las que por este convenio se acuerdan, reforzando así el sistema de estado federal adoptado por Argentina y dando sin lugar a dudas un salto de calidad institucional que consolida la autonomía judicial de la Ciudad.

En éste marco, el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el 7 de diciembre de 2000 un convenio (llamado "primer convenio"), ratificado por Ley Nacional 25.752 y Ley de la Ciudad 597 que transfirió la investigación y juzgamiento de ciertos tipos de delitos relacionados a la portación de armas de uso civil. Este primer convenio significó la puerta que habilitaba la existencia de otros convenios para transferencia progresiva de competencias penales al fuero de la Ciudad. Es así que, el 1 de junio de 2004 (segundo convenio) se celebró un nuevo convenio por el cual se le transfieren a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de investigación y juzgamiento de 16 tipos penales.

La práctica de estos tres años -desde que entró en vigencia el primer convenio- puede decirse que es positiva, ya que ello ha redundado en reforzar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que en lo relativo a su autonomía judicial venía siendo demorada. Los imprevistos que se presentaron al inicio han sido subsanados a lo largo de su implementación. Por otra parte, recientemente la legislatura de la Ciudad sancionó su Código Procesal Penal (Ley 2303 - BOCBA 08/05/2007), lo que implica que ya no se presentará la discusión acerca del vació legal que había al momento de implementarse el primer convenio y que motivara diversas discusiones.

Es necesario aclarar que no se nos escapa que todo proceso de transferencia puede tener sus complicaciones, muchas de las cuales ya han sido resueltas como consecuencia de la implementación del primer convenio de traspaso, hoy vigente. Así, en el caso de delitos cometidos por niñas, niños o adolescentes, han sido muchos los planteos en relación a cuál es la justicia competente para entender en este tipo de causas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de resolver el caso "Paolillo, Néstor Rubén s/ portación de armas de uso civil" (CSJN 322, XL), en el marco de un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional de Menores N° 7 y el Juzgado Contravencional N° 6, ha dicho que la Justicia Contravencional deberá entender en la totalidad de las causas que han dado origen a ese tipo de planteos. Allí claramente la CSJN ha fijado su postura a favor de que el tratamiento de causas contra menores sea llevado adelante por las autoridades judiciales locales.

Así también lo ha entendido la Cámara Contravencional y de Faltas, Sala 1, quien ha dicho que "Más allá de las particulares circunstancias institucionales que motivan la suscripción del convenio de transferencia de competencias penales que habilita la intervención del Poder Judical Local, debe interpretarse que la competencia conferida es en razón de la materia. Rige, entonces lo previsto en el artículo 35 del CPPN, de aplicación supletoria, desplazándose la competencia penal a favor del fuero Contravencional y de Faltas, sin importar la edad de los imputados, tal como acontece cuando el delito que se atribuye es de competencia federal o penal económico. En definitiva, si la competencia penal es la medida en la cual el poder del Estado para aplicar penas es concedido a un tribunal determinado, y el poder que se otorga a éste es inalterable e improrrogable y sólo deriva de la ley, será el hecho punible en concreto cuyo juzgamiento fuera transferido a este Estado en ciernes y no las personas que intervienen en el proceso, lo que determinará el tribunal habilitado para su juzgamiento" (Cam. Apel. Contrav. Y de Faltas, Sala 1, 01/08/05 "G., DM; A.S.,A; M., F.G., y C., L.E. s/ infracción artículo 199 bis CP s/ Apelación" Causa 157-00/CC/05, del voto de los Doctores Saez Capel, Vázquez y Marum, en REVISTA JUSTICIA PORTEÑA, Ed. 2, Año 2, Abril de 2007).

Otra cuestión suscitada fue la relativa a la ausencia de Cuerpos Periciales y trabajadores sociales propios del Poder Judicial de la Ciudad. Ello en razón de que los delitos que se transfirieron y que se transferirán requieren, en su mayoría de la cooperación de estos organismos auxiliares de la justicia. Al respecto, el Consejo de la Magistratura, mediante las Resoluciones 671/06 y 672/06 aprobó los Programas de Implementación del Cuerpo Médico y el Cuerpo de Trabajadores Sociales de la Ciudad.

En relación a otro temor existente, cual es el de las causas pendientes, esto es, las iniciadas con anterioridad a la vigencia del primer convenio, el mismo ha sido resuelto por la CSJN, que se inclinó por remitirlas al fuero contravencional, aplicando el principio general según el cual: "Las leyes modificatorias de la Jurisdicción y Competencia, aún en caso de silencio, se aplican de inmediato a las causas pendientes. Ello es así porque la facultad de cambiar las leyes de forma pertenece a la soberanía, y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las normas procesales y jurisdiccionales son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir delitos." (CSJN, Competencia 451 XL, "Lacour, Rosa Mabel y Velez Vázquez, Marcelo s/ infracción artículo 189 bis CP", del dictamen del Procurador General al que remite la Corte).

Todo esto implica señalar que el proceso de transferencia de competencias que encierra este Convenio no puede ser interpretado como menoscabo ni afectación de los derechos y garantías constitucionales de persona alguna, y menos aún de los magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios judiciales o empleados. En cuento a la transferencia de jueces, la Constitución de la Ciudad en la Disposición Transitoria Decimotercera, contiene una norma que resguarda su status, así ella dispone que "Se faculta al Gobierno de la Ciudad, para que convenga con el Gobierno Federal que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad, de cualquier instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad, conservando su inamovilidad y jerarquía, cuando se disponga que la justicia ordinaria del territorio de la Ciudad sea ejercida por sus propios jueces..."

Según estimaciones de la Secretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incidencia de aquellos delitos cuya competencia se traspasaría a la Ciudad- en caso de aprobarse el convenio de referencia-, representan menos de 20 casos mensuales por juzgado, de acuerdo a la actual organización de la justicia de la Ciudad. Además, dichas causas carecen de todo tipo de complejidad, por lo que no hay razones para creer que no puedan ser absorbidas eficazmente por un sistema local que cuenta con generosos recursos en materia de administración de justicia. Es decir, actualmente la justicia de la Ciudad está dando respuesta de manera eficiente a los delitos sobre los cuales tiene competencia.

Asimismo, según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), "durante el año 2005, las causas originadas por los delitos a transferir representan el 32,19% del total de causas que ingresaron a los juzgados relevados durante el año. Dado que el total de causas ingresadas a los juzgados correccionales durante el año 2005 fue de 51.270, las causas por los delitos a transferir serían 16.504." (Informe sobre el funcionamiento de la Justicia Nacional Correccional en la tramitación de los delitos cuya competencia debe transferirse al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 2007)

Por lo tanto con esta norma sólo estamos cumpliendo con lo previsto por la última reforma constitucional que atribuyó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y, consecuentemente con ello, estamos respetando la constitución de la Ciudad que en los artículos 6 y 106, respectivamente, consagran la autonomía plena en materia jurisdiccional.

No olvidemos que el preámbulo de la Constitución Argentina afirma que debemos "afianzar la Justicia" y ello implica el desafío de alcanzar una administración de Justicia más eficiente. Con el traspaso de competencias penales previsto, creemos que estamos dando un paso firme, no sólo en pos de la manda constitucional, sino también descomprimiendo el fuero nacional.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.

ANEXO

ANEXO

CONVENIO 14/004 LEY N° 2.257

TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE COMPETENCIAS PENALES DE LA JUSTICIA NACIONAL AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 1 días del mes de Junio de 2004, se reúnen el señor Presidente dé la Nación Argentina, Doctor Néstor Kirchner, con domicilio en la calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el señor Jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Doctor Aníbal Ibarra, con domicilio en la Calle Bolívar 1 de esta Ciudad, y acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE COMPETENCIAS PENALES DE LA JUSTICIA NACIONAL AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sujeto a las siguientes declaraciones y cláusulas:

La reforma constitucional del año 1994 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 129 de la Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino.

En ese marco constitucional, se ha iniciado un traspaso de competencias ordinarias al ámbito local con la aprobación del Convenio suscripto el 7 de diciembre de 2000 entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por Ley Nacional N° 25.752 Y Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 597, respectivamente. Las atribuciones para convenir la transferencia ordenada de competencias, a su vez, resultan del art. 129 de la Constitución Nacional, del art. 6° de la ley 24.588, y de la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El referido convenio estableció las bases para el comienzo de ejecución de la transferencia de competencias jurisdiccionales en lo penal, y para una práctica de acuerdos interjurisdiccionales, facultando a los firmantes a acordar directamente las modalidades específicas de la transferencia de las competencias, en forma ordenada y progresiva, garantizando en el período de transición una administración de justicia que no se vea alterada en su prestación por los cambios jurisdiccionales que sean llevados a cabo.

Para ello, se avanza en el sentido de una transferencia gradual de competencias, comenzando por traspasar el juzgamiento de aquellas conductas para las cuales la Ciudad cuenta con una infraestructura o servicios adecuados, relacionadas a materias en las que la autoridad local posee atribuciones que constituyen manifestaciones concretas de su poder de policía.

En esta etapa del proceso se estima conveniente transferir la persecución y juzgamiento de las conductas tipificadas en el Código Penal, artículos 95 y 96 (lesiones en riña), 106 y 107 (abandono de personas), 108 (omisión de auxilio), 128 y 129 (exhibiciones obscenas), 134 a 137 (matrimonios ilegales), 149 bis primer párrafo (amenazas), 150 (Violación de domicilio), 181 (usurpación), 183 y 184 (daños), 208 (ejercicio ilegal de la medicina) y los delitos tipificados en las Leyes N° 13.944, 14.346 y art. 3° de la ley 23.592, cuando los delitos se cometan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Dado que el Registro de deudores alimentarios morosos y el Registro Civil dependen de la Ciudad, ello facilitará una persecución más eficiente de los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y los relacionados con los matrimonios ilegales.

Asimismo, resulta conveniente la transferencia del delito de discriminación previsto en el art. 3° de la ley nacional 23.592 a fin de lograr que sea un mismo poder judicial el que persiga y juzgue la discriminación, evitando de esta forma conflictos de competencias que dilaten las procedimientos. Similares consideraciones cabrían respecto del delito de exhibiciones obscenas y la contravención de alteración de la tranquilidad pública.

La transferencia de estas competencias, y de los medios para atender su juzgamiento, hoy a cargo de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Justicia Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es motivo del acuerdo que aquí se celebra entre el Gobierno Nacional y el local, el cual deberá ser ratificado por el Congreso Nacional y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por todo lo expuesto, el Señor Presidente de la Nación Argentina y el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebran el presente Convenio que suscriben en el marco de lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Nacional, la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 597 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nacional N° 25.752.

PRIMERA: Los delitos que a continuación se detallan, cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y juzgados por sus jueces competentes, con excepción de la competencia federal, conforme a los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta tanto se dicten las normas procesales penales de la Ciudad, con aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo lo que no se encuentre expresamente previsto en aquella ley:

Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código Penal),

Abandono de personas (articulas 106 y 107, Código Penal),

Omisión de auxilio (articulo 108, Código Penal),

Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129, Código Penal),

Matrimonios ilegales (articulas 134 a 137, Código Penal),

Amenazas (articulo 149 bis primer párrafo, Código Penal),

Violación de domicilio (articulo 150, Código Penal),

Usurpación (artículo 181, Código Penal),

Daños (artículos 183 y 184, Código Penal),

Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 Código Penal),

Los tipificados en las Leyes N° 13.944, 14.346 y articulo 3° de la Ley 23592.

Las causas que por estas materias se hallen pendientes ante los juzgados nacionales a la entrada en vigencia del presente, serán terminadas y fenecidas ante los mismos órganos.

SEGUNDA: El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno Nacional y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán los acuerdos necesarios para reglamentar la colaboración de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal con la Justicia y Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, en orden a la aplicación del presente convenio.

TERCERA: La transferencia de competencias objeto del presente convenio se acompañará de los recursos pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75 inciso 2° de la Constitución Nacional, y la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A tal fin los firmantes designarán un representante cada uno a los efectos de la estimación y liquidación de los importes respectivos, en los términos del art. 8° de la Ley N° 23.548. En ningún caso habrá duplicación de gastos.

CUARTA: El presente convenio es complementario del aprobado por Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 597 y por Ley Nacional N° 25.752, dentro de cuyo marco se celebra, ad referéndum de su aprobación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Congreso de la Nación.

QUINTA: El presente convenio entrará en vigencia a los sesenta (60) días de producida la última ratificación de las indicadas en la cláusula precedente.

En prueba de conformidad las partes suscriben este convenio en dos (2) ejemplares y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 1 días del mes de junio del año 2004.