La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que informe sobre los siguientes puntos relacionados con diversas cuestiones referidas a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la ejecución presupuestaria de ese organismo:

1- Cuál es la totalidad del presupuesto asignado y si se le han ampliado partidas por decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

2- Cuál es, en la actualidad, la ejecución presupuestaria del Programa de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.

3- Detalle de la firme de los actos administrativos que autorizaron la remisión de la totalidad de los fondos efectuada a los destinos autorizados.

4- Si el presupuesto se ejecuta o se ejecutó hasta ahora por la vía de Organismos Descentralizados o Fundaciones Públicas. Remitir los actos administrativos que justifiquen esta necesidad y cuál es el marco jurídico en el cual se encuadran.

5- Si las provincias han recibido fondos pertenecientes al Programa de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo, fecha de la transferencia de los mismos, vía bancaria utilizada y acto administrativo autorizante.

6- De haber transferido fondos de este programa a otras jurisdicciones, remita los fundamentos que dieron lugar a esa decisión.

7- Cuál es el comparativo del presupuesto asignado a esta Secretaría cuando dependía del Ministerio de Salud de la Nación y cuál es el actual, dependiendo de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Señor presidente:

Traemos para el tratamiento un proyecto de resolución que intenta dilucidar si hubo efectivamente o no desvíos de los fondos asignados a una Secretaría hacia otras jurisdicciones, o si se han utilizado prácticas que si bien pueden ser legales no son éticas, como viabilizar presupuestos a través de fundaciones para escapar a los controles que sobre los presupuestos del Estado existen en nuestro país.

Cuando la actual Secretaria de Medio Ambiente asumió su cargo, hace un año, algunos estaban esperanzados en que una militante de las organizaciones civiles relacionadas con el medio ambiente venía a terminar con viejas prácticas políticas enquistadas en los cuadros provistos por los partidos políticos, máxime si se recuerda a la tristemente paradigmática María Julia Alsogaray al frente de la misma.

Pero parece que el sillón de Secretaria de Medio Ambiente tiene un efecto un tanto extraño como si fuera el Rey Midas pero de la corrupción. Parientes y amigos contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets privados, compra de decenas de computadoras de última generación, gastos inexplicable en muebles que nadie usa, alquiler de edificios para contener a los 422 empleados más los 350 que ella nombró en una año, a razón de casi uno por día, si contamos sábados y domingos también.

Los anuncios de la Secretaria fueron muy arriesgados, le aseguró al Presidente de la Nación, que el Banco Mundial no le otorgaría créditos a Botnia para construir la planta; pero la empresa no tuvo inconvenientes en conseguir esos créditos. Le prometió a los asambleístas que los jueces de la Haya atendería al reclamo argentino, y al Presidente, que los asambleístas liberarían las rutas, como vemos nada de ello ocurrió. Pero hace tres meses y en medio de duros cruces con funcionarios de Cancillería, terminó alejándose de las negociaciones con la hermana República Oriental del Uruguay.

La gran misión que esa Secretaría tiene desde hace años, recordemos la promesa que el Riachuelo quedaría limpio en mil días. Se organizó la limpieza de la Cuenca Matanza - Riachuelo, pero tampoco estamos mostrando grandes resultados, lo cual quedó de manifiesto en las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desnudaron las falencias de este programa con respecto a lo manifestado por los investigadores de la UBA.

La avalancha de contratos, llega a su máxima expresión con el que le fuera otorgado a la abogada cubano - norteamericana Ana María Kleymeyer, convocada para representar a la Secretaría y al país, ante los foros internacionales como coordinadora de la Unidad de Asuntos Ambientales Internacionales. No cuestionamos la curiosidad de contratar a un extranjero para conducir a un área tan sensible, fuentes de la Cancillería alertan sobre un posible conflicto de intereses: al menos hasta Octubre de 2004 la abogada integraba el staff del Water Program (Programa del Agua) en el World Bank Institute, un apéndice del Banco Mundial, según el diario Clarín. Tan particular es la contratación que en una de las facturas a las que accedió el diario, por 10.000 pesos, lleva el número 00000001, es decir que nunca antes había prestado servicios profesionales en el país y en ella la abogada fija su domicilio fiscal en la propia sede de la Secretaría. Algo similar, también mencionado en la columna del diario Clarín, le ocurre al Dr. Juan Pablo Ordóñez, un colombiano que aunque admite en público que "del tema conozco poco", dirige la Unidad de Gestión Ambiental de la Actividad Minera.

También cargó sobre este tema el Director Ejecutivo de la ONG M'Biguá, Jorge Daneri, quien dijo que son denuncias muy fuertes y tienen que investigarse y admitió que esto le produce un gran daño al movimiento ecologista argentino y a la estrategia frente a la corte de la Haya que sigue el país en el conflicto pastero, también denunció que Romina Picolotti no llegó a la Secretaría de Medio Ambiente por ser la abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, sino por un acuerdo político entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional.

Si el Gobierno de Entre Ríos, recibió de este organismo 206.000 pesos del Programa Riachuelo, algo tendrá que decir porque el caso derivaría en una denuncia penal por malversación de fondos públicos, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En declaraciones a Uno más Uno de FM Capital en la Provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, el Presidente de M'Biguá manifestó "las denuncias tiene que investigarse y deberán hacerse los descargos correspondientes, más allá de hacérselos al Jefe de Gabinete".

Sr. Presidente, siempre sostuvimos que el nombramiento de la funcionaria conductora junto a su marido de la ONG Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, era un acuerdo político y que su aterrizaje en Gualeguaychú venía de la mano del Dr. Vega, cordobés, especialista en Derechos Humanos que está al lado del gobernador desde su época de estudiante en Córdoba. Vemos en definitiva que si lo que prometió tanto a la Asamblea de Gualeguaychú como al Presidente de la Nación no pudo cumplir, que la Corte Suprema de Justicia y los investigadores de la UBA, cuestionaron firmemente tanto la seriedad del Programa de la limpieza integral de la Cuenca Matanza - Riachuelo, como la idoneidad de quien conduce esta Secretaría.

Sr. Presidente, en aras de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, relacionados no sólo con la legalidad sino con la ética, es que solicitamos a nuestros pares la pronta aprobación del presente proyecto de resolución.