El Senado y Cámara de Diputados...

FACÚLTASE AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PARA OTORGAR PENSION A LOS CONSCRIPTOS MOVILIZADOS POR EL CONFLICTO DEL CANAL DE BEAGLE.

ARTÍCULO 1: La presente ley tiene como objeto otorgar una pensión a los soldados conscriptos de la clase 58 y 59 que estuvieron afectados en zona de frontera por el conflicto del Canal de Beagle.

ARTÍCULO 2: La pensión establecida en la presente Ley será compatible con cualquier otro beneficio de carácter previsional permanente otorgado por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal y será otorgado desde la fecha de su promulgación, no dando derecho al pago retroactivo.

ARTÍCULO 3: El beneficio que otorga esta ley será atendido con los recursos que destine a tal efecto el presupuesto general de la administración pública para el Ministerio de Defensa.

ARTÍCULO 4: La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo descentralizado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tendrá a su cargo el otorgamiento, liquidación y pago de la pensión creada por la presente Ley.

ARTÍCULO 5: Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 6: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación.

ARTICULO 7: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En 1978 la dictadura militar llevó a nuestro país a segundos de la guerra con Chile, gobernada entonces por el Dictador General Pinochet. La Dictadura militar argentina no acató el fallo del Tribunal Arbitral. En teoría de la Corona Británica, aunque en realidad era de jueces internacionales prestigiosos integrantes de la Corte Internacional de la Haya. Lo que estaba en juego eran tres islas del extremo sur, sobre el Canal de Beagle.

Este conflicto había surgido en el siglo XIX como consecuencia de los tratados de límites firmados entre Chile y Argentina que dejaban duda sobre la soberanía en las aguas del canal y sus islas Lennox, Picton y Nueva. En realidad de los estudios realizados por el CONASE, durante la dictadura del general Onganía, surgía la idea que no era una cuestión esencial para la Argentina y que sobre esta cuestión era preferible privilegiar acuerdos con Chile para mejorar los pasos fronterizos y facilitar el acceso a los puertos chilenos de los productos argentinos. esto llevaba el sello del espíritu pacificador e integrador de os presidentes Arturo Illia y Eduardo Frei. Se pudo lograr la solución entonces pero el canciller, el mismo que actuó en la Dictadura de Galtieri, Costa Méndez se opuso al acuerdo.

Siguiendo pasos que venían de los gobiernos dictatoriales de Onganía y Levinsgston en 1971 el gobierno del general Lanusse firma un acuerdo con el Presidente Salvador Allende por el cual Argentina y Chile aceptaban la designación de Gran Bretaña como Corte Arbitral para decidir en el conflicto limítrofe entre los dos países como la preveían los tratados precedentes.

En realidad la corona inglesa actuaba formalmente, para respetar los tratados anteriores pero el fallo estaba a cargo de jueces de la Corte de la Haya.

El acuerdo Lanusse - Allende - no fue tratado por el Congreso entre 1973 al 76 como corresponde y los usurpadores del poder no escucharon a un grupo de senadores nacionales, cuyos mandatos concluyeron con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que ya sospechaban que el fallo sería adverso y por eso sugerían que, ante la falta de ratificación por el Congreso, el gobierno dictatorial retirara la cuestión del arbitraje.

El gobierno del dictador Videla, perdió una oportunidad y en cambio cuando se conoció el fallo adverso no lo acató y comenzó una escalada bélica que en 1978, se agudizó hasta llegar a plantearse la posibilidad de un enfrentamiento armado por ambos países, a pesar que Pinochet como Videla no lo querían y por otra parte colaboraban en el plan Cóndor, que era un programa de represión conjunta entre dictaduras militares del Conosur.

El conflicto creció a tal punto que la Argentina comenzó a realizar maniobras militares y simulacros de guerra en el Sur. Chile también efectuó prácticas militares en la frontera. Y en estas situaciones de "tensión de guerra" numerosos soldados argentinos se vieron obligados a prestar servicios en las zonas de peligro inminente de guerra.

Una vez desconocida la validez del Laudo arbitral, Argentina movilizó todo su poderío militar concreto y potencial, para obligar a Chile a cambiar lo establecido por el tribunal.

Desde ese punto de vista, la situación chilena aparecía bastante desventajosa. Frente a un país que casi lo dobla en el número de habitantes, con un ingreso per capita casi del doble y una ventaja geográfica enorme, Chile enfrentaba además, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, una negación a la venta de armas de parte de sus proveedores tradicionales (USA y Europa), lo que dificultaba aun más la ya por su propia geografía difícil tarea de resguardar su territorio.

Ambos países movilizaron sus reservas a fin de 1978 y del lado argentino sólo había un cuarto de millón de soldados estacionados a lo largo de la frontera, listos a defender los pocos pasos a través de la cordillera de los Andes. Esta fue probablemente la mayor concentración de tropas en el continente Sudamericano desde la guerra del Chaco.

En febrero de 1978 los presidentes Augusto Pinochet (Chile) y Jorge Rafael Videla (Argentina) se reunieron en el aeropuerto de Plumerillo en la provincia de Mendoza, y en tal ocasión, una docena de aviones argentinos A-4 Skyhawk fueron emplazados en dirección a Chile, lo cual fue interpretado como una actitud agresiva y belicista de parte de Argentina. El ambiente fue cada vez tensándose más hasta la reunión de Puerto Montt, en la cual ambas partes trataron el tema entre gobernantes.

Finalmente, Argentina a través de la Flomar (Flota de Mar Argentina) decide capturar las islas por la fuerza además de avanzar sobre posiciones chilenas a lo largo de un frente de 2.500 km, cuyo principal objetivo serían las ciudades de Santiago, Valparaíso, Temuco, Puerto Natales y Punta Arenas.

En la noche del 21 y del 22 de diciembre de 1978, Argentina, a través de la "Operación soberanía" pretendía la invasión de las islas y avanzar sobre las fuerzas chilenas (como así mismo la conquista de territorios y costas del Pacífico), Mientras que Chile tenía como plan una defensa fuertemente establecida y luego un contraataque con el objetivo de capturar las ciudades de Neuquén y de Río Gallegos para forzar la paz. La Flomar guiada por el Portaaviones "25 de Mayo" se dirigió a la zona de combate. La Armada de Chile, dirigida por Raúl López Silva a bordo del Crucero Prat hizo lo propio en contra de la flota de mar argentina.

Finalmente, la mediación papal y una tormenta en la zona evitaron el desenlace fatal. La mediación papal otorgó otra vez las tres islas a Chile, haciendo algunas concesiones marítimas a Argentina. La línea de frontera marítima no siguió la línea de equidistancia hacia el sureste, sino que en la parte final siguió el meridiano del Cabo de Hornos hacia el sur, alejándose de la distancia más corta hacia la Antártida, favoreciendo a Argentina. La opinión pública argentina, tras la derrota sufrida en la guerra por las Islas Malvinas, aprobó la mediación papal en un plebiscito en el año 1984.

A pesar de que los resultados de esta situación se resolvieron sin llegar a una efectiva guerra entre Chile y Argentina, es importante reconocer a estos soldados conscriptos el desarraigo y stress psicológico que han sufrido, y sufren aún en la actualidad, con motivo de la movilización en pos de un probable conflicto a la que se vieron sometidos por casi 2 años. Se sabe que hubo enfrentamientos menores y que una buena cantidad de efectivos estuvo acantonada en la primera línea de fuego durante noventa días en condiciones muy duras, tanto por el terreno, el clima, la alimentación, y la tensión constante por la posibilidad cierta de entrar en combate efectivo.

Por tales motivos es que solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.