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PROYECTO DE TP
Expediente 3442-D-2012
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCION DE LA PUBLICIDAD OFICIAL EN MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE EL AÑO 2011.
Fecha: 28/05/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 56
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para
solicitar que informe, a través de los organismos correspondientes, sobre distintas
cuestiones referidas a la distribución de la publicidad oficial en medios de
comunicación durante el año 2011:
1. Monto total de pauta oficial
distribuida.
2. ¿Qué organismos estatales
ejecutaron campañas publicitarias y:
2.1. ¿en qué medios fueron
difundidas?
2.2. ¿cuáles fueron los fundamentos
de bien público que llevaron a la toma de las decisiones en la elección del espacio
publicitario de un programa u otro, en un medio u otro y los montos a asignar en
cada medio o programa?
2.3. ¿cuál fue la finalidad de la
publicidad en cada caso y cómo se planeó el tipo de segmentación al que se quiso
llegar?
3. ¿Cuáles fueron los medios de
comunicación que se presentaron como aspirantes a recibir publicidad oficial
durante 2011 y no la obtuvieron. ¿Cuáles fueron las razones que sustentaron las
respectivas denegatorias?
4. Señale si han existido
modificaciones entre 2010 y 2011 con respecto al porcentaje de pauta oficial
otorgada a los grupos Veintitrés, Crónica, y Página 12.
5. Si es cierto que el grupo UNO
recibió un incremento tuvieron en 2011 en promedio 920% más de pauta oficial
que en 2010.
6. ¿Cuál fue el porcentaje de
pauta recibida durante el año 2011 por los diarios La Nación, Clarín, Olé, La Razón
y Perfil? ¿Se ha incrementado o disminuido su participación con relación a
2010?
7. Con relación a los puntos 4, 5
y 6 explique las razones de incrementos o disminuciones, si los hubiera.
8. Detalle las actuaciones
administrativas que oficializaron transferencias de partidas presupuestarias
durante el año 2011 para ejecutar en concepto de publicidad oficial.
9. A partir de los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Editorial Río Negro SA" y "Editorial Perfil"
¿qué medidas se tomaron para evitar que el manejo de la pauta publicitaria oficial
perjudique el libre ejercicio del derecho de libertad de prensa en la Nación y en las
localidades del interior del país.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente nos dirigirnos al Poder
Ejecutivo para solicitar informes sobre un tema que nos preocupa de manera
sustancial y que desde 2003, período parlamentario tras período parlamentario, no
ha recibido un tratamiento legislativo acorde a su importancia y menos aún
respuesta oficial que aclare sus términos.
Se trata del gasto en publicidad
oficial, y más aún, de la distribución de la pauta oficial; ambas cuestiones
denunciadas permanentemente por su arbitrariedad en los medios audiovisuales
perjudicados, y numerosas veces planteadas sin éxito en esta Cámara a través de
proyectos de pedidos de informe nunca respondidos..
A los datos disponibles sobre el gasto
correspondiente a la pauta oficial presupuestada por la Jefatura de Gabinete de
Ministros para 2011 y que reflejaban un incremento del 38% frente a la cifra
estipulada en la Ley de Presupuesto 2010 (aumentando luego durante el año a
través de reasignaciones presupuestarias), se suman ahora los resultados
recientemente divulgados por la prensa que hablan de un nivel de discriminación
sorprendente entre los beneficiarios.
Aparentemente y según un informe
publicado por el Diario La Nación del 2 de febrero de este año, los periódicos del
grupo Uno (Vila Manzano), tuvieron en 2011 en promedio 920% más de pauta
oficial que en 2010. Particularmente, el diario Uno, de Santa Fe, habría recibido del
Estado nacional 1500% más, Uno, de Paraná, creció 1131% y Uno, de Mendoza,
518 por ciento. La Capital, de Rosario habría facturado el año pasado $ 15
millones en publicidad oficial, 913% más que en 2010 (ese año recibió $ 1,5
millones).
El informe referido establece que
estas cifras son las únicas disponibles "hasta que el Gobierno difunda los datos
oficiales" y que las mismas "muestran la inversión bruta y no incluyen los posibles
descuentos que muchos medios realizan sobre sus tarifas publicitarias".
Como se trata de cifras elaboradas en
ámbitos privados, es que elevamos el presente pedido de informes convencidos, -
y esperanzados una vez más -, de que es el procedimiento adecuado para conocer
los datos reales.
Sobre la distribución de la pauta
oficial en nuestro país, el reporte de la ONG Human Rights Watch para 2011
expresa que: " La falta de criterios transparentes en la asignación de contratos de
publicidad oficial en el ámbito federal y en algunas provincias genera un riesgo de
discriminación política contra medios que critican a funcionarios gubernamentales".
Por su parte, y en nuestro país, la
ONG ADC (Asociación por los Derechos Civiles) denomina su informe sobre este
tema "El precio del silencio" relacionando la cuestión con la instauración de un
sistema de censura previa; al tiempo que se pregunta: ¿Cuáles son los límites de la
publicidad del Gobierno, del Estado y del partido político al frente de la
gestión?
Indudablemente solo podremos
establecerlos con una regulación apropiada que contenga la desmesura e impida
que se trasgredan límites deseables y esperables en una república. Además, la
falta de regulación genera desigualdades y dificulta el control.
Lo remarcable en esta situación es
que la cuestión de los medios y la comunicación obsesiona al actual Gobierno
nacional con profundas contradicciones incluidas. Por un lado, son completamente
válidos y loables sus argumentos sobre la democratización de la información, los
derechos humanos y la lucha contra los grandes monopolios. Pero, por otro lado,
proponen mecanismos de persecución política encubierta a través de la falta de
regulación y control de la Publicidad Oficial, no promueven de ninguna manera la
sanción de una ley de Acceso a la Información Pública y no responden a ningún
pedido de informes que indague sobre estos temas.
Aunque la presidenta Cristina
Kirchner, ha expresado más de una vez en Cadena Nacional la importancia del
derecho a la información y recalcado que este derecho abarca a "toda la
información", no ha enviado al Congreso ningún proyecto sobre Acceso a la
Información Pública, ni sobre publicidad oficial.
Por supuesto que no dejan de hacerse
presentes en nuestra consideración las palabras que la Dra Kirchner pronunció al
retomar su actividad presidencial en estos días: "Los que piensan diferente lo que
tienen que hacer es participar en un partido político, postularse para presidente y
si te votan podés hacer lo que quieras"
En esto de "hacer lo que uno quiera si
vence a los demás", está comprendida toda una concepción sobre qué significa la
vida en democracia, la república y el respeto a las diferencias, en definitiva el
respeto a los derechos humanos.
La aprobación de la Ley de
Publicidad Oficial permitiría acordar los criterios para la distribución de la
publicidad del estado; se eliminarían los premios y castigos en función de las líneas
editoriales así como también la publicidad se circunscribiría a comunicar cuestiones
que interesen y deban conocer los ciudadanos. Sería un paso importante en la tan
proclamada calidad de las instituciones por parte del propio gobierno.
Coincidiendo con las mismas palabras
del informe 2003 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decimos que "la carencia de un
marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación,
contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos
recursos en detrimento de la libertad de expresión".
Por último, y dada su importancia,
recordamos los importantes antecedentes judiciales y legislativos en la
materia:
a) Fallos de la Corte Suprema
de Justicia
En "Editorial Rio Negro S.A.",
septiembre de 2007, la Corte Suprema sostuvo "que la actora carece de un
derecho implícito o explícito basado en la Constitución Nacional a recibir la
distribución de publicidad oficial, lo que no obsta a admitir la revisión judicial frente
a las decisiones administrativas adoptadas en casos de exclusión negativa de
publicidad oficial, cuya arbitrariedad ha sido invocada, mediante el remedio del
amparo." (Fallos: 330:3908),
En Jefatura de Gabinete de Ministros -
SMC s/ amparo ley 16.986", la Corte Suprema confirmó la sentencia de la sala IV
de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que a su
vez había citado como fundamento los argumentos esgrimidos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al resolver el caso del diario Río Negro: "nuestro
más Alto Tribunal ha recordado que el Estado -si dispone la realización de
publicidad de sus actos y de la concreción de sus proyectos- no puede asignar los
recursos disponibles de manera arbitraria, en base a criterios irrazonables".
b) Antecedentes legislativos
consultados para la redacción de este proyecto:
1. Pinedo (2374-D-2004) sobre
pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la asignación de partidas para
publicidad oficial en el periodo 2003 - 2004.
2. Bertol y otros. (1.997-D.-
2006.) Orden del día nº 0980/2006 - dictamen conjunto de los expedientes 5854-
D-2005 y 1997-D-2006 sobre Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el
presupuesto anual asignado y el criterio de distribución para las pautas
publicitarias y/o oficiales en los distintos medios audiovisuales y gráficos, y
cuestiones conexas.1. Montenegro. (5.854-D.-2005.) 2. Bertol y otros. (1.997-D.-
2006.).
3. Morandini Norma y otros
(4977-D-2007).
4. Giudici, Silvana Myriam y
otros (1460-D-2010).
5. Bullrich, Patricia (4802-D-
2011.
Sin más queda fundamentado este
proyecto de resolución solicitando a nuestros pares su pronto tratamiento y la
respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BERTOL, PAULA MARIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| MILMAN, GERARDO | BUENOS AIRES | GEN |
| THOMAS, ENRIQUE LUIS | MENDOZA | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| COMUNICACIONES E INFORMATICA (Primera Competencia) |