La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su preocupación y repudio por las amenazas sufridas por la Dra. Laura Inés Cosidoy, Jueza Federal e integrante del Tribunal Oral Federal Penal Nro. 1 de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Señor presidente:

La Dra. Laura Inés Cosidoy es Jueza Federal Penal de la ciudad de Rosario, y se destacó por realizar diferentes investigaciones destinadas a desenmascarar la complicidad y la intervención de la policía e integrantes de fuerzas de seguridad provinciales en diversos episodios de venta y tráfico de drogas ocurridos en la provincia de Santa Fe.

En este marco, el pasado 8 de julio la Dra. Cosidoy hizo públicas las amenazas de muerte que recibió en los últimos días como consecuencia de haber comenzado a investigar la presunta vinculación de siete oficiales jefe de la policía de Santa Fe con dos importantes narcotraficantes que actúan en la Provincia y que tienen su base de operaciones en la ciudad de Rosario. En declaraciones realizadas a la agencia DyN de Rosario y aparecidas en diferentes medios periodísticos, la magistrada señaló que "un policía retirado se le acercó a un amigo y le dijo que tratara de no estar cerca de nosotros, en referencia a mí y a mi marido, porque nos podía pasar lo mismo que le había pasado al comisario Alfredo De Félix". De Félix fue el creador de la División Drogas Peligrosas de la Provincia de Santa Fe y murió en un confuso accidente automovilístico ocurrido hace más de un año que, según la magistrada federal, "se investigó poco y la causa se cerró rápidamente".

Cabe destacar que no es la primera vez que la Dra. Cosidoy recibe amenazas, ya que en el año 1993 su casa de la ciudad de Rosario fue baleada y como consecuencia de ese episodio la jueza tuvo custodia permanente durante más de cuatro años. En ese momento, Cosidoy había procesado a tres de los supuestos cabecillas de las organizaciones más importantes de Rosario dedicadas al tráfico de estupefacientes y dictado la prisión preventiva de siete policías, entre los que se encontraba el comisario inspector Raúl Romero, que ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de la policía provincial.

Desde el episodio aludido en el párrafo anterior, la Dra. Cosidoy fue objeto de innumerables amenazas pero pese a ello continuó con su inquebrantable compromiso de investigar y denunciar a las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y que se encuentran integradas por personal perteneciente a las más altas esferas de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, lo que les permite operar con impunidad. Las nuevas amenazas sufridas por la magistrada originaron que tanto el Colegio de Abogados de Rosario, como la Oficina Anticorrupción de la provincia de Santa Fe emitieran comunicados expresando su solidaridad con Cosidoy.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los Señores Diputados que acompañen el presente proyecto.