La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por medio de la autoridad competente, informe:

1) Si tiene conocimiento de la suspensión de la provisión de gas natural envasado a los usuarios de la Provincia de Tierra del Fuego durante la primera semana de julio del presente año. En caso afirmativo, especificar las causas que produjeron dicha interrupción.

2) Si la Provincia de Tierra del Fuego da cumplimiento a las normas que regulan la entrega de gas a precios diferenciales, en los términos del decreto 786/2002.

3) Si tiene conocimiento de incumplimientos de la Provincia de Tierra del Fuego respecto del envío de información sobre los subsidios otorgados tal cual lo prescriben los términos del Decreto Nacional 786/02. En caso afirmativo, se solicita detalle de los incumplimientos y, de haberlas, de las notificaciones realizadas al Gobierno Provincial.

4) Cantidad de usuarios de gas envasado en la Provincia de Tierra del Fuego según el último relevamiento suministrado por el Gobierno de esa Provincia.

5) Valores a los que ascienden los montos de los subsidios por gas envasado para los residentes de la Provincia de Tierra del Fuego desde el año 2005 a la fecha.

6) Si el Poder Ejecutivo Nacional ejerce alguna modalidad de fiscalización respecto a la veracidad de la información remitida por la Provincia de Tierra del Fuego relativa a los usuarios de gas envasado en su jurisdicción. En caso afirmativo, se solicita dar cuenta del modo de control de la cantidad de gas envasado entregada y de los montos a los que ascienden los valores en concepto de subsidios correspondientes.

7) Cualquier otra información y documentación respaldatoria que considere de relevancia inherente a esta cuestión.

Señor presidente:

La provisión de servicios públicos es una cuestión que debe ser garantizada por el Estado, tanto provincial como nacional. Este es el caso de la provisión de gas natural envasado que, en latitudes como la de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur, constituye un bien imprescindible para asegurar el bienestar de la población atento a las bajas temperaturas propias de dicha provincia. Efectivamente, en Tierra del Fuego existe una gran cantidad de usuarios que no cuentan con conexión a las redes de gas natural, ya que las mismas se encuentran en ampliación, habiendo, asimismo, regiones y barrios cuya accesibilidad dificulta notoriamente la extensión de las redes de gas hasta los domicilios.

La provisión de gas está regulada, entre otras normas, por la Ley 25.565, que dispuso la creación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, con el objeto de financiar: a) las compensaciones tarifarias para la zona Sur del país que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales del Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales y b) la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo en las Provincias ubicadas en la Región Patagónica y del Departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza. La misma norma estableció que el aludido Fondo Fiduciario de constituirá con un recargo de hasta cuatro milésimos de peso ($ 0.004) por cada metro cúbico (m3) de 9300 kilocalorías, que se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman por redes o ductos en el Territorio Nacional, cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo.

En el año 2002, por medio del decreto 786/02, se constituyó el "Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas", dictado en una política nacional que promueve la unión nacional y la solidaridad entre todos sus habitantes, atendiendo aquellas asimetrías o problemas cuya solución resultan impostergables a los fines de mantener la paz social". Dicha norma regula los beneficiarios del Fideicomiso.

El mencionado decreto 786/02 identifica como beneficiarios, en el punto c del artículo 15, a "las personas físicas y/o jurídicas que indiquen las Provincias y que realicen ventas mayoritarias de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo para uso domiciliario, efectuadas a precios diferenciales inferiores a los de mercado, en las Provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, en el Departamento de Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires y en el Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza, quienes lo percibirán con el objeto de financiar dichos precios diferenciales". Los beneficiarios percibirán el subsidio con el objeto de financiar la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales de las zonas respectivas, como lo indica el artículo 12.

Los beneficiarios anteriormente citados, según lo establece el decreto en cuestión en el artículo 26, deberán presentar ante la Provincia que corresponda, dentro de los cinco días hábiles de cada mes, el monto total del subsidio que corresponda ser pagado. Dicha presentación "tendrá carácter de declaración jurada, debiendo incluir el volumen de consumo residencial del mes inmediato anterior, el importe facturado al usuario residencial final por ese volumen y el importe de la compensación correspondiente a ser abonado por el Fondo Fiduciario". A su vez, las Provincias deberán enviar a la Secretaría de Energía de la Nación, las declaraciones juradas presentadas por los beneficiarios, indicando la procedencia o improcedencia del pago del subsidio.

En lo referido a la provisión de gas en Ushuaia, y en consonancia con las regulaciones estipuladas por la normativa anteriormente citada, en la página de Internet de uno de los proveedores se informa que dicha empresa fue convocada por el Gobierno de Tierra del Fuego mediante el Instituto Provincia de la Vivienda para brindar el "servicio y la solución energética a las nuevas urbanizaciones que aún no tienen servicio de gas natural como por ejemplo el Barrio Río Pipo adonde se suministra gas a granel". Efectivamente, en la Provincia de Tierra del Fuego la provisión de gas envasado en zonas carentes de gas por redes, ya sea mediante garrafas o el traslado a los domicilios particulares, se realiza a través de la entrega de bonos que son provistos a los usuarios por el área de emergencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Provincial, los que, a su vez, son entregados por los usuarios a la empresa responsable del abastecimiento. Vale aclarar que, si bien los bonos son entregados por el área de Desarrollo Social, los mismos son abonados a un precio diferencial al proveedor, realizándose esta distribución en forma universal a todos los usuarios que no cuentan con el servicio de gas en red.

En la actualidad, se ha suspendido la entrega de los bonos y la consecuente entrega de gas envasado. Frente a ésta situación, la Secretaría de Energía de la Nación nos ha informado telefónicamente que el Gobierno de Tierra del Fuego habría incumplido con los términos del Decreto Nacional 786/02, al omitir el envío a la Secretaría de Energía de la Nación de las declaraciones juradas presentadas por los beneficiarios, dando cuenta de la procedencia del pago de los subsidios como así también del monto al que ascienden. Dicha omisión, de acuerdo a lo recavado, es de larga data, no siendo motivada esta interrupción del servicio por ser ésta la primera vez en que la Provincia incumple con el envío de la información mencionada.

Claramente, señor presidente, no es admisible que las autoridades solucionen a último momento situaciones como las suscitadas a partir de la suspensión de provisión de gas envasado como ocurre en la actualidad en la Provincia de Tierra del Fuego. De más está remarcar las consecuencias negativas que tienen estas desinteligencias en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, habida cuenta de las crudas condiciones climáticas que caracterizan la cotidianeidad de tales latitudes. Es por ello que consideramos imperativo conocer fehacientemente el estado de situación de la entrega de gas en la Provincia de Tierra del Fuego a fin de realizar las previsiones correspondientes y no estar, en pleno invierno, detrás de los hechos consumados, lamentando el desarrollo de tan poco felices episodios toda vez que los mismos podrían haberse visto evitados por una mero acto administrativo como lo es la actualización de los datos de los beneficiarios.

Por las razones expuestas, y en el convencimiento de que es nuestra obligación garantizar la provisión de servicios públicos que hacen a la dignidad de las personas, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto afirmativo del presente proyecto de Resolución.