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PROYECTO DE TP
Expediente 3396-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AUMENTO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE GAS Y ELECTRICIDAD, A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2009.
Fecha: 16/07/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 80
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder
Ejecutivo de la Nación, para que a través de los Organismos que
correspondan, se sirva informar acerca de los siguientes puntos
relacionados al aumento en las tarifas correspondientes al servicio
de gas y electricidad convenientes a partir del mes de julio del
2009:
1) ¿Cuáles son las
razones que justifican el aumento en los cuadros tarifarios de gas y
electricidad que repercuten en los usuarios?
2) ¿Cuál ha sido la
participación de los organismos de control en esta nueva escala de
aumentos tarifarios?
3) Sabiendo que no se
realizaron las audiencias públicas previas pertinentes al aumento de
las tarifas conforme lo marca la ley: ¿Se llevaron adelante estudios
sobre el impacto del aumento en los usuarios? ¿Cuál fue el resultado
de los mismos?
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la crisis
económica que estamos atravesando en la República Argentina,
como consecuencia de la crisis financiera internacional, nos
encontramos con el crítico escenario en los servicios de gas y
electricidad a causa del incipiente aumento tarifario de los servicios
públicos de gas y luz.
Dichos aumentos
fueron aprobados el año pasado por el Poder Ejecutivo Nacional,
pero habían sido congelados hasta las elecciones legislativas del
pasado mes de junio.
Gracias a la resolución
628/08 del ENRE, con la que se aprobaron los nuevos cuadros
tarifarios de las empresas Edenor, Edesur y Edelap, es que las
boletas de energía del mes de julio ascendieron con aumentos de
entre el 500 y el 700 por ciento.
Más grave aún es lo
que sucede con el aumento del gas, que responde a un nuevo
impuesto para cubrir la inyección de combustible del exterior cuando
sea necesario garantizar el abastecimiento interno, sea a través de
Bolivia o del gas natural líquido que llega por barco a Bahía Blanca.
Dicho incremento lo pagarán los hogares que consuman más de
1.800 metros cúbicos anuales.
Un reciente informe de
la Defensoría nacional destaca que "Estos montos irrazonables,
desde el punto de vista económico, se constituyen arbitrarios y
manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de
justicia contenidos en nuestra Constitución Nacional".
Por esta razón, el
organismo promovió acciones judiciales cuestionando estas
normativas. "Puntualmente, el cargo tarifario impuesto en el servicio
de gas es inconstitucional toda vez que vulnera el principio de
reserva de ley garantizado por la Carta Magna en la creación de
tributos, competencia que está exclusivamente en cabeza del
Congreso de la Nación en el ejercicio de la función legislativa",
informó en un comunicado.
La Defensoría también
presentó una medida cautelar por el incremento eléctrico y, según
señaló en el informe, "la Justicia ordenó a las distribuidoras del
servicio se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía
eléctrica motivado en la falta de pago de las facturas emitidas en
base a las Resoluciones discutidas en el pleito, hasta tanto se
pronuncie la sentencia definitiva".
Concebimos que por
medio de este tipo de acciones se viola no sólo el espíritu de la
Constitución Nacional, sino también la Ley de Presupuesto y la Ley
de Administración Financiera y de Sistemas de Administración, que
pretenden garantizar que el pueblo de la Nación, a través de su
órgano representativo el Congreso Nacional, decida cómo se
distribuye el gasto fiscal.
Esta medida, a todas
luces inoportuna, genera un agravio a la acuciante situación de las
familias argentinas, quienes resultan ser las principales perjudicadas
por las medidas aludidas. Asimismo, la industria y los productores
de pequeña y mediana escala sufren el embate de un aumento
desmesurado e intempestivo en las cuentas de los servicios de luz y
gas que les resultan difíciles de afrontar al no estar en condiciones
de "trasladar" estos aumentos a los precios de los productos y
servicios que brindan dada la contracción que sufre el
mercado.
De la misma forma que
cuestionamos el aumento excesivo de servicios públicos, es aquí
donde condenamos el hecho de que estos aumentos no se
comunicaron previamente por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
sobre todo antes de las elecciones del 28 de junio del corriente año,
agraviando y subestimando así a la soberanía del pueblo respecto
de la disposición de los fondos públicos y creando una grave
violación de los procedimientos establecidos para el control de la
gestión.
Creemos que hubiera
sido mejor consensuar, según los caminos que fija la ley, realizando
audiencias públicas, en vez de optar por acuerdos unilaterales, de
espaldas a los ciudadanos.
Actos así deben ser
cuestionados y juzgados, tanto por parte del Poder Judicial como del
Poder Legislativo, ya que no respetan la finalidad de bien común
que debe llevar consigo un acto de gobierno, afectando
coetáneamente la capacidad de producción, consumo y de ahorro
de la población.
Ante la evidente falta
de información precisa sobre las razones que motivan las decisiones
que al respecto se han estado tomando y que afectan a una gran
franja de la población y de la industria nacional, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CAMAÑO, DANTE ALBERTO | BUENOS AIRES | NACIONAL SINDICAL |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 12/08/2009 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |