La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su categórico rechazo a las expresiones del Secretario de Seguridad de la Nación Tte Cnl Sergio Berni, quien señaló: "Si sacamos a los jueces y ponemos robots o maquinitas expendedoras... creo que sería mejor, pero ese es el sentido de que haya jueces, que puedan interpretar las cosas".

Asimismo, se adhiere al malestar que tales términos provocaron en los jueces y se hace propio de esta Cámara el pronunciamiento del 8 de mayo de 2014 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) que en respuesta a los descomedidos dichos de Berni expuso que éste: "...debe acatamiento y respeto a las decisiones de los jueces ... "La sola mención burlesca de la sustitución de jueces por máquinas implica ignorancia y desprecio por el régimen republicano y democrático de nuestro sistema constitucional, en el que los jueces están a cargo de la interpretación de la Constitución y de las leyes".

Señor presidente:

Nuevamente nos encontramos con un ataque de otro funcionario del Poder Ejecutivo Nacional en contra del Poder Judicial. Días atrás fue el viceministro de Justicia Álvarez, ahora su par de la cartera de Seguridad Teniente Coronel doctor Sergio Berni.

Coincidimos con el disgusto de los señores jueces quienes a través del Comunicado Nº 66/2014 de la AMFJN expusieron que:

1. El Secretario de Seguridad es un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional que debe acatamiento y respeto, como auxiliar del Poder Judicial, a las decisiones de los jueces.

2. La sola mención burlesca de la sustitución de jueces por máquinas implica ignorancia y desprecio por el régimen republicano y democrático de nuestro sistema constitucional, en el que los jueces están a cargo de la interpretación de la Constitución y de las leyes.

3. Precisamente es en la interpretación de las leyes por parte de los jueces donde radica la garantía de libertad de todos los ciudadanos y el equilibrio de los poderes que supone que ninguno de ellos sea absorbido por los restantes.

4. Reiteramos que para un funcionamiento adecuado del Poder Judicial de la Nación, es imprescindible la rápida cobertura con jueces titulares de las 264 vacantes existentes y el acatamiento y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales.

5. Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas como actos de gobierno que son, pero la vigencia institucional se ve afectada cuando quienes tienen a su cargo hacerlas efectivas son quienes las desobedecen.

Las expresiones tendentes a menoscabar y destratar a un poder del Estado, por parte de un funcionario de segunda línea del gobierno nacional, afecto a la grandilocuencia de sus gestos y uniformes ad hoc merecen inclusive un llamado de atención de su propios superiores, la ministra de Seguridad Lic. Cecilia Rodríguez y la señora presidente de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner.

Decimos con Karl Popper y Giovanni Sartori que no se puede ser tolerante con los intolerantes, porque tolerar la intolerancia implica justificar que su forma de pensar también es válida dentro del discurso público, lugar común que por definición deben participar todos las personas por igual, donde se toman decisiones escuchando y aceptando que la opinión del otro puede a llegar a ser tan válida como la propia.

Es evidente que el poder Judicial está plagado de falencias. Está burocratizado, muchas veces es ciego no por imparcial, sino por indolente. También es verdad que el principio de celeridad pareciera que no rige en los fueros judiciales. El rosario de críticas sería interminable. Empero, un alto funcionario del P.E.N. no tiene la licencia que sí disponen los dirigentes opositores quienes están impelidos por su propia condición a formular observaciones y censuras. Un funcionario del P.E.N. en contrate debe ser respetuoso de los otros poderes del estado y en todo caso mirar introspectivamente el propio funcionamiento y comportamiento del poder que integra. La mayoría de los jueces hoy en actividad han sido nombrados en sus magistraturas por el gobierno que está cumpliendo once años en el ejercicio del poder ejecutivo del país. Si los jueces son "robots", ¿de quién es la primera responsabilidad? Además, hay una innegable responsabilidad del gobierno ejecutivo por no cubrir las vacantes. Esto se origina en la mayoría de los casos en la intención de nombrar jueces no imparciales lo cual determina la oposición de los consejeros no oficialistas, lo cual trae como consecuencia que se traben los proceso de designación.

Un gobernante ejecutivo debe proveer soluciones y no ser peyorativo con otro poder del Estado. Hay que tener y mostrar responsabilidad. Es de lo que ha carecido ostensiblemente el Dr. Berni.

Es por ello, que el atentado gratuito y cerril del viceministro Berni a la integridad del Poder Judicial de la Nación amerita una declaración ostensible por parte de esta Cámara, para lo cual solicito el acompañamiento de mis colegas.