La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su rechazo a la designación del Comisario Mayor (R) de la Policía Federal Argentina Jorge Alberto Palacios, como titular de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 2 de julio de 2009.

Señor presidente:

La reciente designación del Comisario Mayor (R) de la Policía Federal Argentina (PFA) Jorge Alberto Palacios, como titular de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, merece una declaración unívoca de todas las representaciones sociales y políticas y particularmente institucional de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se encuentra representada democráticamente la voluntad popular.

Jorge Alberto Palacios (alias "el Fino"), cuenta en su historial con graves imputaciones que cuestionan su idoneidad, ética y transparencia para hacerse cargo de este o cualquier otro organismo oficial.

Este ex Comisario General de la PFA, se forjó en el área de la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza policial, de la cual fue jefe y tenía a su cargo el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas. También ocupó la jefatura del Departamento Drogas Peligrosas de la institución federal, desde donde anudaría sólidos vínculos con el ex juez federal Juan José Galeano.

Precisamente algunas de las imputaciones lo vinculan a la causa Amia, en la que su trabajo investigativo avaló todo lo actuado por el mencionado Galeano. En esta causa además, "está sospechado de alertar sobre un inminente allanamiento al empresario sirio-argentino Alberto Kanoore Edul, en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía", consigna el Diario El Argentino el 5 de julio de 2009, uno de los motivos por los cuales el fiscal especial para la investigación del atentado a la Amia, Alberto Nisman, considera "los elementos para procesar a Palacios son más que categóricos".

Otra imputación lo vincula al secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004, motivo por el que fue echado de la Policía Federal, luego de haberse comprobado comunicaciones de un celular a su nombre con Jorge Sagorsky, reducidor de autos y de estrechos vínculos con el represor Carlos Gallote, acusado precisamente de haber participado en dicho secuestro.

Gallone, condenado a prisión perpetua en el Penal de Marcos Paz por su participación en la Masacre de Fátima, "mantiene una conversación con Sargosky, a quien le menciona que el "Fino" Palacios está a su lado y que son

amigos, para luego pasarle el teléfono, dado que andaba en la búsqueda de una 4x4 para ir a pescar".

En tanto a partir de un fallo conocido el 20 de diciembre de 2006, según distintos artículos periodísticos del día siguiente, "la jueza federal María Servini de Cubría procesó sin prisión preventiva al ex comisario general Jorge "Fino" Palacios por las cinco muertes ocurridas aquella vez en los alrededores de Plaza de Mayo" en alusión a lo ocurrido el 20 y 21 de diciembre de 2001.

La misma información que "Servini, que impuso un embargo de 2 millones de pesos sobre los bienes del comisario general retirado, encontró semiplena prueba para procesarlo por el delito de "homicidio imprudente".

Sostiene en tanto que la magistrada, "en aquella jornada había pedido a Palacios "parar la represión" que se desató pasado el mediodía sobre la Plaza de Mayo". El periódico también consigna que "en su extenso fallo, de 126 carillas, Servini de Cubría dijo que la actuación policial del 20 de diciembre fue "ineficaz" y que ésta, con su "ineptitud", "propició los episodios de violencia generalizada". También la nota describe que "Palacios ese día no había sido convocado por sus superiores al operativo. Estaba en la Plaza de Mayo por voluntad propia. Había llegado en avión luego de un viaje por el interior, se enteró de los incidentes y concurrió a la Plaza "por una cuestión moral", según declaró en su momento en la causa en la que nunca hasta hoy estuvo procesado". Y finaliza la nota sosteniendo que "para Servini, hay semiplena prueba para considerar que Palacios "participó directamente de la conducción del operativo". Y sostuvo que éste tuvo una "falta de adecuado control y dirección", lo que derivó, de acuerdo con la magistrada, en las muertes de los cinco manifestantes caídos durante la represión policial".

Por otra parte también "estaría imputado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y retardo de los deberes del oficio, incumplimiento de la obligación de persecución y represión a delincuentes, falsedad de documento, destrucción de prueba y falsedad por destrucción o falsedad de documentos" según se escribe en web El Argentino.com del 8 de julio de 2009.

Más allá de todas estas imputaciones y sospechas, el Jefe del Gobierno porteño Mauricio Macri, avanzó en el nombramiento de Palacios, sosteniendo que "cuenta con todos los requisitos exigidos por el jefe comunal: es un hombre de su entera confianza y también cuenta con el visto bueno de los hombres que lidera el comisario general Néstor Valleca", describe la nota del periódico digital de Noticias Urbanas, lo que permite deducir que en su nombramiento también estaría involucrado el actual funcionario policial.

Por otra parte Macri esta formando su fuerza con personajes muy cuestionados, a esta designación se suman la del "abogado ultraderechista Daniel Pastor quién estará a cargo de la academia que formará a los policías metropolitanos y como coordinador de la fuerza ha sido nombrado el comisario Carlos Kevorkián, vinculado a un homicidio durante un operativo policial a su cargo en la cancha de Huracán", consigna el Diario Página12 del 5 de julio de 2009.

De manera que se torna sumamente preocupante que Macri siga nombrando personal cuestionado en la policía local, tal como lo hizo con acusados de delitos contra los derechos humanos en otras áreas del Gobierno porteño o cuando el desplazado titular de la Agencia de Control Comunal, Federico Young, contrató a militares como inspectores municipales.

Cabe destacar que por la designación de Jorge Palacios ha habido un repudio generalizado de varios sectores de la sociedad, como las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA y buena parte de las organizaciones de la comunidad judía, como así también de numerosas organizaciones de derechos humanos.

Sergio Burstein, titular de la agrupación Familiares y Amigos del Atentado a la Amia, aseguró en Miradas al Sur que dicho nombramiento es como "una burla para los muertos". Y agregó: "No podemos entender cómo se ignora que este hombre está vinculado al atentado terrorista más sangriento de la historia argentina".

En similar sentido se pronunció Laura Ginsberg, dirigente de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, que "exhortó a volver atrás con la designación del comisario Palacios porque si no tendremos garantizada la maldita Policía Metropolitana".

Desde el Congreso hace varios años que venimos reclamando la Plena Autonomía de Buenos Aires y que la misma debe contar con una policía propia, como ocurre con otras grandes ciudades, para lo que trabajamos entre otras tareas en la modificación del art. 7 de la Ley N º 24.588 conocida como "Ley Cafiero" y reclamamos insistentemente el "traspaso de los recursos" por parte del Gobierno Nacional para este fin.

Por lo tanto, y cómo ya lo hemos manifestado anteriormente en nuestro Proyecto de Declaración (Expte Nº: 3130) presentado el 30 de Junio de 2009, el tema en discusión no es sobre la existencia o no de dicha policía, sino, sobre qué doctrina debe formar a esa policía para que sea, efectivamente, respetada y controlada por los ciudadanos. Insistimos en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe contar con su propias fuerzas de seguridad, una policía local especialmente formada para combatir la criminalidad y con una doctrina acorde con el sistema democrático.

La nueva fuerza de la ciudad que debe basarse en el espíritu plural cosmopolita y diverso de nuestra ciudad- estado, una fuerza civil despojada de militarismos o espíritus autocráticos. De allí la necesidad que los primeros miembros de esta nueva fuerza cumplan con todos los requisitos de idoneidad técnica y fundamentalmente moral.

Por todo ello solicitamos se apruebe el presente proyecto.