La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y profunda preocupación por la situación de persecución, opresión y avasallamiento de derechos, planificado y sistemático que están sufriendo la familia campesina Bustamante en la localidad de Quilino provincia de Córdoba.

Señor presidente:

La familia campesina Bustamante, que vive desde hace décadas en el Paraje Las Toscas a 45 km de Quilino, está por ser desalojada con el aval del Tribunal Supremo de la Provincia por una medida impulsada por el Dr. Guillermo Córdoba, quien fuera intendente de facto y hoy se desempeña como abogado promotor de varias causas en contra de campesinos organizados en el Movimiento Campesino de Córdoba.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, Sala Civil, presidida por el Juez García Allocco decidió no aceptar los sucesivos recursos de los abogados del Movimiento Campesino de Córdoba para defender la posesión de la familia Bustamante del campo "Las Chuñas", ubicado cerca de la localidad de Quilino, Departamento Ischilín. En los últimos 5 años los tribunales han rechazado una a una la contestación de demanda, apelación, casación y recurso directo, demostrando hasta qué punto la justicia de Córdoba desconoce los derechos campesinos ancestrales. Con un marcado sesgo ideológico a favor de la propiedad absoluta, los tribunales desconocen los principios que sostienen el ánimo de dueño de los pobladores, su realidad social local y en consecuencia el derecho real; se desconoce además el principio constitucional que determina que la propiedad debe cumplir una función social.

LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

La familia Bustamante había heredado tras la muerte de Don Ezequiel el conflicto con el Sr. Ernesto Peña, un empresario de la Capital Federal , quien en el año 1976 compra el campo Las Chuñas a un ex comisario, y lo abandona. Quedando Don Ezequiel Bustamante a cargo, éste realiza actos posesorios y mejoras para sostener la producción del campo, que además es compartido en épocas de pastoreo con los vecinos de la zona.

El empresario Peña retorna en el año 2000 y busca al abogado Córdoba, quien fuera Intendente de la Localidad de Deán Funes durante la última dictadura militar y vinculado posteriormente a la ya desaparecida UCD.

Ante las dificultades para desalojar a los Bustamante, Ernesto Peña comienza una serie de acciones de intimidación a la familia: los amenaza, les cierra las puertas con cadenas, circula de noche con actitudes amenazantes en ausencia del jefe familiar, cierra las puertas con alambres utilizando a la policía local como "adicionales", al tiempo que impide y denuncia a Roberto Bustamante por la producción forestal que lleva adelante con autorización de la Secretaría de Ambiente Provincial.

Por otra parte, en el campo de la familia Bustamante no se conoce hasta la fecha producción agropecuaria que sea del propio Peña. A su llegada en el 2000, éste se instaló construyendo una vivienda y limitándose a merodear por la zona; de manera que actualmente sólo perduran las majadas y las vacas que otrora fueran de la familia Bustamante. Hoy Peña enfrenta además una causa penal por amenazas con armas al maestro de la escuela del Paraje Las Toscas, y es sindicado en la zona por violento. Desconoce los límites de la legalidad, moviéndose al amparo del poder.

LAS INJUSTICIAS SUFRIDAS

En casi nueve años de disputas, la arbitrariedad a la que ha sido sometida la familia Bustamante es increíble:

1- Rechazo y denegación de pruebas contundentes de ánimo de dueño en las demanda, apelación, casación y recurso directo.

2- Tuvieron que enfrentar varias denuncias del Sr. Peña, por sacar candados y alambres para acceder a su propia casa.

3- Afrontaron un juicio penal por cortar postes en su propio campo, aún con el reconocimiento y autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.

Este no es un hecho aislado; en el mismo Paraje Las Toscas unas nueve familias han presentado trámites en el Registro de Poseedores y mensuras para Usucapión. Hoy, todas estas familias enfrentan diversas demandas civiles y penales por vivir en los campos al borde de Las Salinas Grandes.

Frente a esto cabe señalar que:

1- El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desconoce la normativa internacional que prevé la obligación de los Estados a suspender desalojos en marcha y a evitar nuevos, y consagra a los campesinos como uno de los sectores mas vulnerable de la sociedad ( Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). De esta manera la justicia cordobesa no tiene el coraje de asentar una jurisprudencia que defienda las propiedades campesinas, postergando una vez más al sector más vulnerable y desprotegido de nuestra sociedad.

2- Tampoco los diversos estamentos del Gobierno de la Provincia de Córdoba han querido llevar adelante una política contundente que dé respuestas a estas situaciones. Paradójicamente, fue otra Bustamante, Doña Ramona, quien impulsó el registro de poseedores hace 5 años tras resistir 2 desalojos.

3- Es clara la responsabilidad política y funcional del poder ejecutivo de Córdoba al no haber generado una política que asegure el derecho sobre las tierras y a su producción por parte de las familias campesinas. En la actualidad en esta provincia no se dispone de capacidades operativas para garantizar mensuras, constataciones in situ, ni asesoramiento.

Tampoco se han dado respuestas a los numerosos pedidos de intervención en situaciones de campos abiertos y de uso común. Mientras las antiguas administraciones del Registro de Poseedores "perdieron" gran cantidad de expedientes y no han sido investigados, los "nuevos" funcionarios tienen que volver a empezar sin recursos ni contundencia. Hoy, a poco tiempo de que se sancione una nueva Ley de Bosques de la provincia, producto de la acción organizada de diversos sectores sociales, este campo con unas 1700 hectáreas de monte parado, su familia, los habitantes de las Toscas, y los compañeros y compañeras del Movimiento Campesino de Córdoba esperan a la guardia de infantería provincial y las topadoras que vienen a intentar demoler lo construido con el trabajo.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto..