La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que proceda a impartir las instrucciones que sean necesarias a los efectos de que la Secretaría de Inteligencia proceda a la desclasificación de todos los documentos, aún de aquellos confidenciales y secretos, que no afecten la seguridad del Estado, referidos a las actividades desarrolladas por esa Secretaría de Estado entre los años 1973 y 1983.

Asimismo, que por intermedio del Ministerio de Seguridad proceda a impartir las instrucciones que sean necesarias, a los efectos de que la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional procedan a la desclasificación de todos los documentos, aún aquellos de carácter confidencial y secreto, referido a las actividades desarrolladas en la llamada lucha contra la subversión entre los años 1973 y 1983.

Solicitar de igual manera, a que la Sra. Presidenta de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas instruya a los Comandos en Jefe del Ejército, la Armada y la Aeronáutica para que procedan a la desclasificación de todos los documentos fechados entre 1973 y 1983, existentes en los archivos de los servicios de inteligencia de cada fuerza, con excepción de aquellos que puedan afectar la seguridad del Estado Nacional.

Señor presidente:

Son suficientemente conocidos a través de la crónica periodística, y de la bibliografía publicada en los últimos años todo lo ocurrido en la Argentina entre los años 1974 y 1983, que determinó la muerte y la desaparición de miles de personas. A la organización autodenominada Triple A, surgida desde las mismas entrañas del poder político en el año 1974, y el desenvolvimiento discrecional de los organismos represivos sucedió la instrumentación de una política criminal llevada a cabo por la dictadura cívico- militar a partir del 24 de marzo de 1976. El pretexto que se esgrimió en aquellos momentos fue efectivizar la llamada lucha contra la subversión, aunque en realidad se trató de ahogar en sangre a todos aquellos que se opusieron a un régimen vesánico que no trepidó en violar las leyes, avasallar la Constitución y destruir a miles de vidas humanas.

Después del trabajo de la CONADEP, que documentó más de 8000 casos, del enjuiciamiento a las Juntas por decisión del Presidente Alfonsín y de los indultos de Menem, que hicieron tabla rasa con las condenas de la Justicia Federal parecía que la impunidad iba quedar asegurada para los autores y ejecutores de hechos aberrantes, que no tenían precedentes en nuestra historia. Afortunadamente, viejas causas judiciales, la anulación de los indultos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la activa participación de los organismos defensores de los derechos humanos permitió una reversión de la impunidad existente y el enjuiciamiento de todos aquellos que de una u otra manera habían participado en los actos criminales que terminaron con la vida de miles de personas.

Si bien no puede desconocerse el avance existente en las causas contra los represores, que han determinado las condenas de algunos de ellos por delitos de lesa humanidad, no ha pasado lo mismo con los responsables civiles de la autoría y la instrumentación de ese plan de aniquilamiento, que además de no haber sido citados por los tribunales en ninguna de las causas, continuaron con sus actividades comerciales, financieras y empresarias, participando en encuentros nacionales e internacionales, con funcionarios del gobierno y organismos multilaterales de crédito.

Como lo señalara Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, la política económica desarrollada a partir de 1976 no hubiera sido posible sin la política represiva que se ejecutó, lo que hace suponer una estrecha participación de civiles en la instrumentación de la misma, no solo por sus vinculaciones con las fuerzas armadas, sino en beneficio de las propias empresas que manejaban, en los negocios que llevaron adelante y en el proyecto de transnacionalización de la economía que fue puesto en práctica por José Alfredo Martínez de Hoz.

Si bien es indudable que en estos últimos años se ha progresado bastante en las diversas investigaciones, hay enormes zonas oscuras a las que no se ha podido llegar debido a la inexistencia de documentos que puedan mostrar todos los planes operacionales de los distintos cuerpos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Tampoco se ha avanzado en mostrar las estrechas relaciones entre el poder económico y los integrantes de las fuerzas militares que respaldaron en todos los casos una política que destruyó gran parte de la estructura económica del país y dejó una deuda externa de más de 44.500 millones de dólares, cuya tercera parte fue utilizada en la compra de armamentos y exportaciones no declaradas, tal como surge de las pericias efectuadas en la causa 14.467, que iniciara Alejandro Olmos en 1982 y que tramitara ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2.

Aunque se han encontrado algunos papeles, algunos elementos fragmentarios en muchos allanamientos que se efectuaran, todo ello forma parte de la limitada investigación que lleva la justicia en esto de encontrar evidencias documentales que puedan mostrar la arquitectura del plan de aniquilamiento. Y decimos limitada, porque se reduce a incorporar a las diferentes causas elementos que han permanecido en poder de los actuales encausados, sin que exista una apertura institucional de los archivos de las fuerzas armadas y de seguridad, y naturalmente de la actual Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), donde indudablemente deben encontrarse elementos de relevancia para aclarar lo que todavía no se conoce, poner en evidencia relaciones que pueden imaginarse pero permanecen en la oscuridad y tener una idea exacta de cómo fueron los planes, quienes los articularon e instrumentaron, que ideas los sustentaron y los autores ideológicos de los mismos, más allá de que haya existido una colaboración estrecha entre militares y civiles en todo lo que se puso en ejecución.

Los que conocen el funcionamiento de las instituciones militares, saben que todo aquello que deciden realizar lo documentan escrupulosamente hasta en sus mínimos detalles, como pueden verse en los legajos de los oficiales que se encuentran en los distintos archivos donde se guarda la documentación oficial pública y aquella considerada secreta y confidencial. Al respecto en una de las declaraciones que efectuara el ex general Antonio Domingo Bussi manifestó que "no existieron procedimientos ilegales, todo se escribía y se hacían tres copias, una quedaba en la Unidad Militar que intervenía en el operativo, otra iba al Cuerpo Militar del que dependía ésta y la tercera se remitía al Estado Mayor General" (declaraciones prestadas en los autos Santucho, Ana Cristina y otro s/ información sumaria"). La idea de documentar todo el accionar de las fuerzas militares y de seguridad estaba fundada en el criterio de que estaban procediendo para proteger y salvar al país de ideologías extremistas, debido a lo cual les resultaba necesario guardar ese material que les serviría para cuantificar la eliminación de los elementos considerados peligrosos y continuar estableciendo las relaciones de los mismos con otros sectores, ampliando así el marco de la acción represiva.

Es bien conocido que los distintos jefes militares que están siendo actualmente juzgados, y otros que se encuentran con condenas firmes, han reivindicado en todos los casos la forma en la que condujeron la represión, lo que significa que los esquemas que elaboraron y las acciones que llevaron a cabo estaban debidamente ´planificadas y escritas para que todo se desarrollara de acuerdo a los objetivos que se habían planteado. Esos documentos de carácter secreto deben encontrarse sin duda en las instituciones militares que custodian los archivos, sin que ninguno de los gobiernos de la democracia haya realizado acción alguna para solicitar la apertura de los mismos.

De igual manera la Secretaría de Inteligencia conserva documentadamente la totalidad de todas las tareas que llevó a cabo la que en su momento se llamaba Secretaría de Inteligencia del Estado, y resulta imprescindible que todos esos papeles sean puestos a disposición de la justicia para contribuir al esclarecimiento de hechos que por su propia naturaleza sus responsables quisieron ocultar. En este caso, como en el de las instituciones militares no estamos hablando de secretos de Estado o de documentos que podrían afectar la seguridad del país que por su carácter están protegidos por una ley de la Nación, sino de todos aquellos que tienen que ver con el sistema represivo instalado a fines de 1973 y perfeccionado después del golpe del 24 del marzo de 1976.

En lo que hace a la Policía Federal, resulta indudable que allí deben estar registradas las operaciones ilegales efectuadas durante la década 73-83, especialmente todo lo relacionado con la operatoria de la Triple A, ya que prominentes oficiales de la misma como el Comisario Alberto Villar estaban relacionados con esa organización criminal que era protegida por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega.

También es importante desclasificar los documentos de la Gendarmería Nacional, debido a su misión de custodia de las fronteras y la realización de operaciones especiales y su posible vinculación con las fuerzas militares de países limítrofes para el intercambio de inteligencia y la realización de procedimientos coordinados con instituciones similares.

Creemos, finalmente que la apertura de los archivos que hemos mencionados, permitirá conocer el destino de muchos desaparecidos, poder analizar con mayor rigurosidad como se instrumentó toda la política represiva, y aún la colaboración acordada en el "Plan Condor", aclarando hechos que aún se desconocen como el paradero de los niños nacidos en cautiverio que todavía no han podido ser recuperados y toda otra circunstancia relacionada con los crímenes de la dictadura.

La desclasificación de los documentos es una práctica suficientemente conocida en países de Europa, y en Estados Unidos que permiten conocer hechos y circunstancias del pasado que por determinadas razones permanecieron secretos, pero debido al curso de los años carece de sentido conservarlos en esa condición, especialmente cuando se trata de hechos ocurridos internamente y aquellos referidos a las relaciones internacionales. Aunque es indudable, que en muchos casos se habrá efectuado una desclasificación selectiva, muchas cuestiones importantes pudieron ser aclaradas a través de esa apertura documental.

En nuestro país, se ha utilizado permanentemente el secreto para encubrir acciones deleznables ejercidas por diferentes gobiernos, y entre muchos ejemplos históricos que podrían citarse, entendemos que uno de los más relevantes es el Tratado Secreto del Triple Alianza que llevó la guerra al Paraguay en 1865, y que solo fue conocido por decisión de hacerlo público por parte del gobierno de Gran Bretaña. Es hora de terminar con más de un siglo y medio de permanente secretismo y de que salgan a la luz los hechos tal como ocurrieron y no se siga tratando de ocultar decisiones gubernamentales carentes de toda justificación. En el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la dictadura y todos sus colaboradores, ello resulta un imperativo categórico para que se haga justicia y el NUNCA MÄS se convierta en una tangible realidad.