La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que por medio del Ministerio de Economía de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, Administración Nacional de Seguridad Social y demás organismos que corresponda, se arbitren los medios necesarios para que se disponga, para los habitantes de los Departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria de la Provincia de Salta, los que han sido declarados "Zona de Desastre y Emergencia", los siguientes beneficios:

1) períodos de gracia o diferimiento impositivo y previsional para el pago de sus obligaciones, por un año, a partir del período de enero del 2006

2) instrumentación de planes de pago con tasas diferenciadas y cuotas mensuales de hasta 120 días de plazo de las obligaciones impositivas y provisionales vencidas y a vencer en el transcurso de ese período, con quitas de intereses punitorios y resarcitorios y eventuales condonaciones para contribuyentes identificados en zonas de desastre, con el objeto de adecuar su capacidad de pago, a las contingencias padecidas por los productores, comerciantes y empresarios de la zona.

3) suspensión por el término de un año de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de obligaciones vencidas con anterioridad a la emergencia, por un año, a partir del mes de enero de 2006

4) paralización por igual plazo y por el mismo período de las actuaciones de los juicios ya iniciados, sus términos procesales, caducidad de instancia y prescripción.

Señor presidente:

Es de público conocimiento lo que ha venido transcurriendo desde principios de año, en los Departamentos San Martín, Orán, Iruya, Rivadavia y Santa Victoria, de mi Provincia. A raíz de ello sus habitantes se encuentran en una grave situación de crisis, debido a los desastres naturales que han venido soportando, tales como permanentes lluvias, que culminaron con el desborde del río y la caída del puente del Rìo Seco y Río Tartagal, entre otros, con el consiguiente riesgo para los habitantes del lugar, ya que todavía no se ha resuelto el tema del cruce del río en debida forma, tenemos un puente sin defensas a los costados, etc, etc.

La desesperanza y depresión sufrida por la gente del lugar, al producirse estos acontecimientos, agregada a la ya tan deteriorada economía regional que vienen soportando, debería ser reparada de alguna forma; no basta con declararlos en estado de emergencia nacional, con eso no se come, sino que el Estado, a quienes ellos han ayudado en forma solidaria, arriesgando sus vidas y trabajando sin descanso para los que se encontraban afectados, debe retribuirles, y no veo mejor forma que otorgarles un alivio en el pago de sus obligaciones y no una presión fiscal, como la que se encuentran recibiendo en la actualidad, soportando embargos en sus cuentas corrientes, en automotores o inmuebles, costas y honorarios de abogados del fisco, han recibido innumerables boletas de deudas, que implican nuevos juicios, por la falta de pago o el atraso del mismo, en distintos impuestos y cargas fiscales.

Creo que se podrían implementar las disposiciones que estoy solicitando, y otorgar un alivio a los habitantes de los mencionados departamentos, que se consideran olvidados desde hace ya bastante tiempo y que ahora han sufrido estas tragedias naturales.

No es que el Estado no haya intervenido en estos hechos, ya que tanto el Gobierno Nacional como Provincial, han participado, para que vuelva a ser normal su forma de vida, pero, esto no basta, hay que prestarles ayuda financiera, y que mejor que una quita o una espera, para que puedan abonar sus deudas en tiempo y forma, pero por sobre todas las cosas, para que vuelvan a vivir dignamente, ya que, por obra de la naturaleza, se encuentren en permanente sobresalto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de este Proyecto.