La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que corresponda, reglamente la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas

Señor presidente:

La Ley Nacional 26.842, promulgada el 27 de diciembre de 2012, incorporó modificaciones a la Ley 26.364 vigente desde 2008, así como penas con prisión y aspectos procesales específicos en el Código Penal y el Código Procesal Penal respectivamente.

Al final de su artículo 1º, la Ley indica que "el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores". Sin dudas este fue uno de los puntos más celebrados por aquellas Ongs e instituciones intermedias que trabajan con la problemática y que reclamaban cambios en una ley que no garantizaba los derechos básicos de aquellas personas que habían caído en las redes de la trata y la explotación.

De acuerdo al informe denominado "La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito" elaborado entre el año 2008 y comienzos de 2011, conjuntamente por la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), establece que en nuestro país uno de los delitos más comunes es aquel que contempla la prostitución y la oferta de "servicios" sexuales. En este sentido, en la Argentina el 98 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres, y de ellas un 72 por ciento son mayores de edad, correspondiendo el resto a menores de edad donde la mayor cantidad de casos se registra en adolescentes de entre 15 y 17 años.

La trata de personas se inicia mayoritariamente con la captación de víctimas vulnerables. En gran parte de los casos, las mismas han manifestado ser madres con hijos a cargo y tener graves problemas económicos, lo que las impulsa a aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas o que suponen un alejamiento de sus familias y sus redes de contención. La mayoría de las mujeres en estas condiciones aceptan ofertas de trabajo doméstico, de meseras o niñeras. Luego son trasladadas en autos o en micros hasta el lugar de su destino, desconocido hasta ese momento.

Las víctimas de la trata terminan quedando atrapadas por estas aberrantes redes delictivas que trabajan con formas de sometimiento económico mediante la retención de salarios, un sistema de "multas" por quejas de clientes, faltas y peleas, así como descuentos en alojamiento, comida, limpieza, vestimenta, y hasta preservativos si quieren "cuidarse" de enfermedades de transmisión sexual y embarazos durante las relaciones que están obligadas a mantener. Asimismo, son amenazadas con represalias a sus familiares si se fugan.

Los lugares de explotación son en su mayoría whiskerías, pubs y pooles expuestos al público y a los controles policiales y municipales. En un 49 por ciento de los casos registrados, la explotación se produce en ciudades de menos de 70 mil habitantes. De ellas, un 32 por ciento corresponde incluso a distritos de menos de 25 mil personas, donde es bien conocida la existencia de este tipo de establecimientos.

Las intervenciones de la Justicia son posibles gracias a las denuncias y al compromiso de aquellos ciudadanos que, alertados sobre situaciones anómalas que ocurren en los sitios de explotación, deciden dar el aviso y permitir poner fin a este delito. Auspiciosamente el número telefónico 145, creado por la Ley 26.842, funciona de forma permanente durante las 24 horas para receptar denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas, que pueden realizarse de manera anónima.

Si bien, los prostíbulos están prohibidos desde el año 1937 por la Ley 12.331 de Creación del Instituto de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas, no se ha cumplimentado lo establecido en su artículo 15 que expresa: "Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella". Sin dudas, se trata de la ley más violada de toda la legislación argentina.

No será tarea fácil la lucha. En este sentido, el Santo Padre el pasado 9 de abril al recibir a los participantes de la Segunda Conferencia Internacional "Combating Human Trafficking": Church and Law Enforcement in partnership, organizada por las Conferencias Episcopales de Inglaterra y Gales, manifestó: "La trata de personas es una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, una llaga en el cuerpo de Cristo. Es un crimen contra la humanidad".

Por las razones expuestas, señor Presidente, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.