La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la suspensión de la aplicación del Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Educativa entre la Republica Argentina y la Republica de Cuba, relativo al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados académicos, firmado el 22 de Junio de 2007, hasta tanto sea considerado por el Congreso de la Nación, por encontrarse el mismo en contradicción con:

a) El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, referido a las atribuciones del Congreso;

b) La ley Nº 24521 de Educación Superior, su decreto reglamentario 576/96 y diversas resoluciones.

c) El principio de autonomía universitaria consagrado por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

El 22 de Junio de 2007 el ministro de educación de la Argentina, Daniel Filmus, y el embajador de Cuba en nuestro país, Aramis Fuente Hernández, firmaron el Protocolo Adicional al "Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la República de Cuba", convenio que había sido aprobado por el Congreso de la Nación en noviembre de 2000.

El mencionado Protocolo se refiere al reconocimiento oficial mutuo de certificados y títulos de estudios superiores otorgados por universidades e instituciones reconocidas tanto por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, como por el Ministerio de Educación Superior de Cuba, así como el reconocimiento de la habilitación de los mismos para el ejercicio profesional de los mismos, funciones que estarán a cargo de una "Comisión Bilateral Técnica", cuyas funciones se encuentran comprendidas en el articulo 5 del Protocolo.

El mencionado protocolo adolece a nuestro entender de varias fallas. En primer lugar, se establece en su artículo 8º que el mismo "se aplicará provisionalmente a partir del día de la fecha de su firma y entrará en vigor en la fecha de la última notificación por la que las partes se hayan comunicado por vía diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos necesarios para su entrada en vigor". Además de lo confusa que resulta esta afirmación, el protocolo no puede tener ningún tipo de validez ni aplicación hasta tanto el Congreso no proceda a su tratamiento y aprobación, de acuerdo con lo establecido en el inciso 22 del articulo 75 de la Constitución Nacional, que establece claramente las atribuciones del Congreso de la Nación en la materia.

Por otra parte, el reconocimiento mutuo de los títulos y certificados universitarios pasa por alto el artículo 29 inciso k) de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, en el cual se establecen los procedimientos de revalidación de títulos otorgados por universidades extranjeras y cuya aplicación queda bajo la exclusiva responsabilidad de las universidades nacionales, lo que, además de entrar en contradicción con lo establecido en la mencionada ley, también constituye una violación del principio de autonomía universitaria.

Los mecanismos de reconocimiento mutuo de títulos universitarios y habilitaciones profesionales que establece el mencionado protocolo, también ignoran las disposiciones del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, reglamentada por el decreto Nº 576/96, que establece que:

"Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés publico poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos:

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades:

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria [...].

También se pasa por alto la necesaria homologación de los contenidos de estudio establecidos en diferentes resoluciones del Ministerio de Educación, como por ejemplo, en la resolución 535/99 que establece los contenidos curriculares y los criterios de intensidad sobre formación práctica para la carrera de medicina, carrera que se encuentra, en virtud de la resolución 238/99, del mismo ministerio, comprendida en la nómina de carreras previstas en el articulo 43 de la ley 24.521

En estas circunstancias, el ejercicio de este tipo de profesiones por parte de graduados en universidades sin la necesaria revalidación o sin la homologación de contenidos curriculares correspondientes, puede acarrear serios riesgos para la población de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos dirigimos a esta Honorable Cámara para solicitarle la sanción urgente del presente proyecto de resolución.