La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que se sirva informar, por medio del organismo que corresponda, respecto de los siguientes puntos referidos a la Ley Nº 26.892 "Para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas":

¿Cuál es el estado de la línea telefónica nacional gratuita para la atención de situaciones de violencia en las escuelas prevista en el art. 8 inc. e) de la ley 26.892?

¿Qué datos preliminares tiene el Ministerio de Educación respecto de la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas?

Señor presidente:

La ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, es una iniciativa parlamentaria del Congreso Nacional en respuesta a una situación, en extremo preocupante, de casos violencia en los colegios.

El Congreso Nacional dio debate de esta ley, en la Comisión de Educación, por más de dos años antes de su aprobación y la sanción definitiva de un texto consensuado que contó con apoyo de la mayoría de los bloques políticos que integran dicha comisión. La preocupación primordial era dar herramientas, protocolos y procedimientos de prevención, identificación, intervención y seguimiento de situaciones de conflictividad en las instituciones educativas.

De esta forma, por medio de la ley, se intentó dotar a las escuelas, a través del Consejo Federal de Educación, el reconocimiento de las competencias de cada institución para elaborar y revisar periódicamente sus propios códigos y acuerdos de convivencia, la creación de instancias de participación para todos los integrantes de las instituciones educativas, la constitución de un sistema de sanciones formativas que posibilite al educando hacerse responsable progresivamente de sus actos, herramientas de capacitación a las instituciones y equipos docentes y de supervisión, fortalecimiento de equipos especializados para prevención y abordaje de situaciones de violencia, elaborar una guía orientadora con líneas de acción y criterios normativos y de distribución de responsabilidades para los diferentes actores intervinientes y, finalmente, la creación de una línea telefónica nacional gratuita para la atención de situaciones de violencia en las escuelas.

Ninguna de estas medidas previstas y mencionadas han sido puestas en práctica dado que la ley 26.892 no ha sido reglamentada aún. Es de especial preocupación la reglamentación y aplicación de esta ley ante los numerosos casos

de violencia desmedida y conflictividad en las instituciones educativas que, en más de un caso, han resultado en la muerte de alumnos y alumnas. La escuela es una

caja de resonancia de un contexto social donde la violencia es un componente cotidiano. En menos de dos meses de clase de este nuevo año lectivo, hemos tenido noticias de violencia en escuelas en Junín, Berazategui y Miramar, Provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos localidad de Paraná.

El observatorio de Violencia en las Escuelas, del Ministerio de Educación de la República Argentina, publica desde el 2006 el libro "Violencia en las escuelas. Un relevamiento desde la mirada de los alumnos", en él salen a la luz los siguientes datos:

El 32% de los estudiantes de secundaria reconocen haber sufrido la rotura de útiles u otros objetos llevados a la escuela.

La violencia verbal (gritos, burlas e insultos) alcanza porcentajes entre un 12% y un 14%, dependiendo del grado.

El 10% de los alumnos dicen haber sufrido amenazas por parte de un compañero.

Un 8% han sido víctimas de violencia social (exclusión).

Un 7% de ellos señalan haber sido golpeados por sus compañeros.

Y un 4,5% declaran haber sido víctimas de robo por fuerza o amenazas.

Otros datos son los que aporta la CEPAL, en el estudio realizado en 2011:

El 37,2% de los chicos de sexto grado dice que fue insultado o amenazado y el 32,4% dice que fue maltratado físicamente.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares legisladores al presente proyecto de resolución.