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PROYECTO DE TP
Expediente 3323-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LEY 26892, PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Fecha: 09/05/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 41
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que
se sirva informar, por medio del organismo que corresponda, respecto de los
siguientes puntos referidos a la Ley Nº 26.892 "Para la Promoción de la
Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones
Educativas":
¿Cuál es el estado de la línea
telefónica nacional gratuita para la atención de situaciones de violencia en las
escuelas prevista en el art. 8 inc. e) de la ley 26.892?
¿Qué datos preliminares tiene el
Ministerio de Educación respecto de la problemática de la conflictividad en las
instituciones educativas?
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.892 de
Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las
Instituciones Educativas, es una iniciativa parlamentaria del Congreso Nacional en
respuesta a una situación, en extremo preocupante, de casos violencia en los
colegios.
El Congreso Nacional dio
debate de esta ley, en la Comisión de Educación, por más de dos años antes de su
aprobación y la sanción definitiva de un texto consensuado que contó con apoyo
de la mayoría de los bloques políticos que integran dicha comisión. La
preocupación primordial era dar herramientas, protocolos y procedimientos de
prevención, identificación, intervención y seguimiento de situaciones de
conflictividad en las instituciones educativas.
De esta forma, por medio de
la ley, se intentó dotar a las escuelas, a través del Consejo Federal de Educación,
el reconocimiento de las competencias de cada institución para elaborar y revisar
periódicamente sus propios códigos y acuerdos de convivencia, la creación de
instancias de participación para todos los integrantes de las instituciones
educativas, la constitución de un sistema de sanciones formativas que posibilite al
educando hacerse responsable progresivamente de sus actos, herramientas de
capacitación a las instituciones y equipos docentes y de supervisión,
fortalecimiento de equipos especializados para prevención y abordaje de
situaciones de violencia, elaborar una guía orientadora con líneas de acción y
criterios normativos y de distribución de responsabilidades para los diferentes
actores intervinientes y, finalmente, la creación de una línea telefónica nacional
gratuita para la atención de situaciones de violencia en las escuelas.
Ninguna de estas medidas
previstas y mencionadas han sido puestas en práctica dado que la ley 26.892 no
ha sido reglamentada aún. Es de especial preocupación la reglamentación y
aplicación de esta ley ante los numerosos casos
de violencia desmedida y
conflictividad en las instituciones educativas que, en más de un caso, han
resultado en la muerte de alumnos y alumnas. La escuela es una
caja de resonancia de un contexto
social donde la violencia es un componente cotidiano. En menos de dos meses de
clase de este nuevo año lectivo, hemos tenido noticias de violencia en escuelas en
Junín, Berazategui y Miramar, Provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre
Ríos localidad de Paraná.
El observatorio de Violencia en las
Escuelas, del Ministerio de Educación de la República Argentina, publica desde el
2006 el libro "Violencia en las escuelas. Un relevamiento desde la mirada de los
alumnos", en él salen a la luz los siguientes datos:
El 32% de los estudiantes de
secundaria reconocen haber sufrido la rotura de útiles u otros objetos llevados a la
escuela.
La violencia verbal (gritos, burlas e
insultos) alcanza porcentajes entre un 12% y un 14%, dependiendo del grado.
El 10% de los alumnos dicen haber
sufrido amenazas por parte de un compañero.
Un 8% han sido víctimas de violencia
social (exclusión).
Un 7% de ellos señalan haber sido
golpeados por sus compañeros.
Y un 4,5% declaran haber sido
víctimas de robo por fuerza o amenazas.
Otros datos son los que aporta
la CEPAL, en el estudio realizado en 2011:
El 37,2% de los chicos de sexto grado
dice que fue insultado o amenazado y el 32,4% dice que fue maltratado
físicamente.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo
de mis pares legisladores al presente proyecto de resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
GIMENEZ, PATRICIA VIVIANA | MENDOZA | UCR |
DE FERRARI RUEDA, PATRICIA | CORDOBA | UCR |
GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL | JUJUY | UCR |
BULLRICH, PATRICIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
NEGRI, MARIO RAUL | CORDOBA | UCR |
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Comisión |
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