La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo para que informe sobre los siguientes aspectos referidos a la Política de Prevención, lucha y sanción del Lavado de dinero en la República Argentina, a saber:

1. Acciones concretas asumidas por la Procuradoría General, en lo que va desde el último trimestre del año 2009 hasta el presente, en virtud de la ausencia de sentencias judiciales contra el llamado "lavado" de activos financieros de origen delictivo, habida cuenta que trimestralmente dicho funcionario cuenta, o debiera contar, con un informe actualizado acerca del avance procesal de los casos relativos a la especialidad de la Unidad de Información Financiera.

2. Enuncie al menos 10 casos avanzados que haya trabajado de manera conjunta la Unidad de Información Financiera con otras Unidades Fiscales, como por ejemplo la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y que hayan producido sentencia o imputación fundada durante el último semestre del año pasado y lo que va de este año.

3. Informe acerca del contenido y el destino de los proyectos de reformas efectuados el año pasado por la Unidad de Información Financiera vinculados a la lucha contra el lavado de activos, como ser, la reforma al tipo penal del lavado de activos y la incorporación de técnicas especiales de investigación para éste tipo de delitos.

4. Explique las razones por las cuales habiendo sido elevado al P. Ejecutivo una propuesta de ley por parte del Comité Científico Asesor En Materia De Control Del Tráfico Ilícito De Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas Y Criminalidad Compleja -según consta en su informe público de cumplimiento de su propio cronograma- aún no se ha promovido el tratamiento del mismo, ni a través del proyecto ni a través de un debate público, técnico o académico del tema.

5. Informe el estado de concreción efectivo de los compromisos asumidos por decreto presidencial nro. 1225 de septiembre de 2007, mediante el cual se fijó un Proyecto de Agenda Nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2007-2009, teniendo en cuenta que mediante el mismo supuestamente se definió la Estrategia del Estado Nacional a través de veinte objetivos prioritarios en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

6. Brinde datos acerca de la existencia de Base de datos única y actualizada que tenga información de las Fiscalías Nacionales y Federales del país acerca del estado procesal de los diferentes expedientes que abordan la materia de lavado de dinero, como así también respecto de los requerimientos de cooperación internacional que hayan sido librados o recibidos en orden a estos tipos de delitos.

Señor presidente:

Cuando se habla de lavado de dinero estamos haciendo referencia al blanqueo de fondos cuyo origen es un ilícito. Mayormente está relacionado con la corrupción, el narcotráfico, el juego ilegal, el contrabando y hasta la trata de personas. Se trata de organizaciones delictivas que operan en la superficie amparados por un Estado ineficiente en el diseño de políticas públicas tendiente a combatirla.

Más allá de la información que tomó estado público a través de una nota periodística sobre un informe del Gafi que destaca el incumpliendo de la Argentina de su compromisos sobre el tema tan relevante de la lucha contra el lavado de activos originados en delitos, es indispensable que realmente se tomen cartas reales en el asunto.

No hay razón de ningún orden que justifique el incumplimiento de las obligaciones en esta área. Y para no generalizar en un juicio negativo hacia los distintos funcionarios, es indispensable conocer las distintas responsabilidades, cumplidas o no. Existen niveles y jurisdicciones diferentes que debieron, deben y deberán trabajar en pos de la punibilidad de quienes cometen estos gravísimos ilícitos. Es más, hay niveles de inacción o distracción de tiempos que más que mala gestión parecen complicidad.

No es nueva esta situación.

El motivo del presente no es otro más que conocer el real estado de situación, contar con los datos más precisos, a fin que el Congreso elabore las herramientas legislativas pertinentes para reprimir este tipo de delito complejo.

Esta Cámara no puede ser ajena en el estudio de los procedimientos aplicados, en la división de las responsabilidades asignadas a los organismos competentes para poder llegar a una conclusión acabada de lo que falta, lo que debe cambiarse y lo que debe fortalecerse.

Es por ello, y ante la gravedad económica y política es que solicito al H. Cuerpo acompañe la presente iniciativa.