El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Suspéndase la Resolución N° 125 del 10 de Marzo de 2008, dictada por el Ministerio de Economía y Producción, hasta tanto el Congreso de la Nación fije la alícuota de los derechos de exportación para cereales y oleaginosas.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El reciente anuncio del envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley de ratificación de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción, nos impulsa la presentación de este proyecto de ley de suspensión de la misma, hasta tanto el Congreso establezca los derechos de exportación.

Entendemos que el debate sobre la resolución que generó la mayor crisis entre los sectores rurales y el gobierno que la historia reciente recuerde, merece un tratamiento genuino que su vigencia empañaría.

La resolución 125/08 fue dictada sorpresivamente el 10 de marzo de 2008, norma por la cual se instauraron las retenciones móviles aplicadas a ciertos cereales y oleaginosas. La reacción popular surgida desde ese momento, es consecuencia de su carácter desalentador y confiscatorio a la producción.

La protesta generalizada de los productores, el lock out, los piquetes en todas las rutas por más de noventa (90) días y las protestas en todas las ciudades y pueblos del país reclamando una solución y diálogo, han impulsado la presentación de este proyecto por el Poder Ejecutivo al parlamento, para que de su debate y modificaciones, surja el consenso necesario para que de su aplicación todos los sectores se vean beneficiados, y el país por fin se encamine hacia la paz social tan necesaria.

Sin duda, la amplitud y la profundidad del estudio que requiere este debate fundamental, requiere la imperiosa necesidad de suspender la vigencia de la resolución 125/08, hasta tanto el Congreso decida. No puede válidamente considerarse una normativa que en las actuales condiciones del conflicto se pretende ratificar, si simultáneamente continúa la vigencia que tanta resistencia genera.

No se deben desvirtuar el debate y las propuestas de modificación que seguramente los legisladores querrán hacer. Los consensos se logran con la amplitud y seriedad necesarias que la institucionalidad republicana tiene por su propia naturaleza, por lo que no se puede pretender tratar un proyecto de ley para la ratificación de la vigencia de una normativa de rango ministerial, mientras su conflictiva vigencia continúa.

Sin perjuicio de los motivos mencionados, no podemos dejar de mencionar que la suspensión de la resolución 125/08, generaría un inmediato alivio para la sociedad toda, que espera señales alentadoras de la recuperación del diálogo.

La falta de diálogo imperante entre los sectores en crisis, no debe estimularse desde el Congreso y la suspensión de la resolución 125/08 será el comienzo del destrabe del conflicto, y del reinicio de las conversaciones.

El Congreso justamente, es el ámbito ideal para que las expresiones de todos los sectores se expresen y participen honestamente en la elaboración de una norma consensuada, en la que intervengan todos los sectores, y sea el inicio del acuerdo para una verdadera política agropecuaria para el mediano y largo plazo.

Por lo mencionado, resulta necesaria la suspensión de la resolución 125/08 que proponemos en este proyecto de ley, y que solicitamos sea acompañado por nuestros pares.