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PROYECTO DE TP
Expediente 3243-D-2011
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA ARGENTINA NO HA FIRMADO EL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA.
Fecha: 17/06/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 72
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo que a
través de los organismos que corresponda se sirva informar sobre el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, que ha sido firmado por 147 países para fines del año
2008 y entró en vigor en septiembre de 2003.
1) ¿Cuales son los motivos de que
nuestro país no ha firmado el referido convenio?
2) ¿Cuáles son los requisitos
jurídicos y técnicos que se exigen para permitir o prohibir el ingreso y egreso
de OGM?
3) ¿Qué se tuvo en cuenta para
prever el posible hecho que nuestro país se vea sometido a posibles demandas
por "responsabilidad y reparaciones para daños resultantes de movimientos
transfronterizos de organismos vivos modificados.?
4) ¿Qué riesgos implica la
aplicación en nuestro país de esta nueva tecnología? En caso afirmativo
indique cuales.
5) ¿Existen en nuestro país
herramientas metodológicas que se puedan aplicar para evaluar estos
riesgos?
6) ¿Se están llevando a cabo
investigaciones referentes a los posibles efectos sobre la salud de los OGM, a
los efectos de responder a las siguientes temáticas:
a) ¿Cuales son los impactos
ambientales y socioeconómicos de estos cultivos?
b) ¿Son seguros para el consumo?
En caso negativo, explique los motivos y en caso afirmativo, indique en que
consisten y sus conclusiones.
7) Después de haber participado
en la reunión de las partes (MOP, por sus siglas en inglés) en el año 2010 en la
República de México :
a) ¿Que postura ha tomado la
Argentina sobre esta temática?
b) ¿Que otros países tienen la
misma posición?
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo de Cartagena, es el
primer acuerdo internacional que rige la transferencia, manejo y uso de
organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna.
Se espera que el tratado fomente
el uso seguro de transgénicos, tema que despierta una encendida polémica
global, liderada por Estados Unidos y Europa.
Adoptado en 2000 por los
miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica, el tratado busca un
comercio internacional de transgénicos más transparente, a través de medidas
de seguridad acordes con las necesidades de consumidores, industriales y, en
particular, con el medio ambiente.
El objetivo es descartar
potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el régimen de
bioseguridad global, según explica una guía sobre el protocolo ofrecida por la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
El proceso de conciliar intereses
legítimos del comercio, la bioseguridad y otros no ha resultado fácil. Existe
una agria disputa entre quienes ven en la biotecnología el camino hacia la
seguridad alimentaria, y aquellos que aducen razones éticas, ambientales,
sociales y de salud al intentar poner un coto a la biotecnología moderna.
La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió en marzo de 2000 la
Declaración sobre Biotecnología, donde sostiene que esta ciencia ofrece
instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la
pesca y la actividad forestal, así como de las industrias alimentarias.
La Red de Cooperación Técnica en
Biotecnología Vegetal (REDBIO), de FAO, compuesta por 570 laboratorios en
32 países, aboga por mantener y reforzar la investigación biotecnológica,
incluidos los cultivos transgénicos, a la vez de fijar las normas de bioseguridad
necesarias para evitar daños a la salud y el medio ambiente.
Entretanto, grupos ambientalistas,
como Greenpeace consideran que la riqueza biológica de los cultivos
tradicionales es una herencia mundial amenazada por la contaminación
genética. Y responsabilizan a transnacionales de la biotecnología, como
Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo, de presionar a los
gobiernos de muchos países para descartar mecanismos de control sobre los
transgénicos.
Estados Unidos y la Unión Europea
(UE) protagonizan la polémica. En julio pasado, el Parlamento Europeo adoptó
una ley que obliga a los productores de alimentos genéticamente modificados
a etiquetar sus productos para conocimiento del cliente.
La medida deberá ser ratificada
por cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pero fue percibida
como la primera señal de un posible levantamiento de la prohibición de
comercializar transgénicos en el bloque comunitario.
Estados Unidos y otros países
productores de OGM, incluidos latinoamericanos como Argentina, demandaron
ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) la suspensión de la
prohibición a la venta de esos alimentos en el territorio de la Unión Europea,
impuesta en 1999.
En junio de 2003 la República de
Palau se convirtió en el Estado número 50 en ratificar el Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad, lo que permitió su entrada en vigor Protocolo
de Cartagena.
Nuestra inquietud manifestada a
través de las preguntas en este pedido de informes es que nuestro país, no
ha ratificado Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotetecnologìa
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual ha sido firmado por 147
países para fines del año 2008 y entró en vigor en septiembre de 2003.
Siempre partiendo de la base que
dicho Protocolo es el único instrumento internacional que se ocupa
exclusivamente de los organismos genéticamente modificados, y siendo este
tema de los OGM, generador de interrogantes especialmente relevantes para
América Latina, pues es la región productora y exportadora de transgénicos
más grande del mundo después de Estados Unidos y Canadá es que este tema
se ha convertido de principal relevancia.
También Argentina y Brasil son,
respectivamente, el segundo y el tercer mayor productor de cultivos
transgénicos en el mundo, Paraguay es séptimo y Uruguay noveno. Argentina
sola es responsable de 19% del área sembrada de transgénicos del mundo.
Estas preocupaciones son
atendidas a nivel internacional por el Protocolo de Bioseguridad de las
Naciones Unidas, conocido también como el Protocolo de Cartagena."Por
primera vez en el derecho internacional hay un reconocimiento implícito de
que los organismos genéticamente modificados (OGM) son inherentemente
distintos de los organismos de origen natural, y traen riesgos y peligros
especiales, y por lo tanto necesitan tener un instrumento legal con fuerza de
ley", dice Lim Li Lin, coordinadora del Programa de Bioseguridad de la Red del
Tercer Mundo.
"El Protocolo
reconoce que los OGM pueden tener impactos sobre la biodiversidad, la salud
humana y de índole socioeconómica, y que estos impactos deben ser objeto
de evaluaciones de riesgo o tomados en consideración a la hora de tomar
decisiones sobre transgénicos."
El Protocolo, firmado por 147
países para el verano de 2008, fue adoptado en 2000 tras años de
contenciosas negociaciones y entró en vigor en septiembre de 2003.5 Su
ratificación fue lograda gracias a los esfuerzos de las delegaciones de países
en vías de desarrollo, organizadas como el "Grupo de Igual Parecer".
En el bando opuesto, las
delegaciones de países que no querían un protocolo con fuerza de ley y que
eran hostiles incluso al concepto mismo de bioseguridad, estaba el "Grupo de
Miami". Este pequeño pero poderoso grupo fue dirigido por Estados Unidos e
incluyó a Argentina, Chile y Uruguay. Ninguno de los miembros del Grupo de
Miami ha firmado el Protocolo.
Para firmar el Protocolo los países
deben también ser miembros de la Convención de Biodiversidad de la ONU
(CBD), un acuerdo internacional para la protección y uso sustentable de la
biodiversidad firmado por 191 países para el verano de 2008. La Convención
fue firmada inicialmente en la Conferencia de la ONU sobre Ambiente y
Desarrollo, conocida también como la Cumbre de la Tierra, que tomó lugar en
Brasil en 1992. Estados Unidos se negó a firmar la CBD y el Protocolo, pero un
número de productores de transgénicos lo firmaron, incluyendo Brasil.
El Protocolo se negocia
regularmente en sesiones conocidas como las reuniones de las partes (MOP,
por sus siglas en inglés).
El Protocolo y el campo de la
bioseguridad se fundamentan sobre el principio precautorio, un concepto
científico formulado para ayudar con la protección de la salud humana y el
ambiente ante factores de riesgo e incertidumbre. El principio postula que
cuando la sociedad balancea riesgos causados por actividades humanas (como
por ejemplo la introducción de nuevas tecnologías), la falta de certeza
científica no deberá ser usada como excusa para no tomar acción preventiva
para proteger la salud humana y el ambiente. Hay referencias al principio en
el Artículo 1 del Protocolo y en el
Principio 15 de la Declaración de
Río, un documento de consenso producido en la Cumbre de la Tierra.
El principio precautorio pone el
peso de la duda en los promotores de nuevas tecnologías y no sobre aquellos
que expresan reservas y advierten sobre peligros. "En el uso general de la
tecnología, aquellos que alegan la existencia de efectos no probados se han
visto obligados a demostrar que la actividad en cuestión causa daño a la salud
y el ambiente", dice Anne Ingeborg Myhr, del Instituto de Ecología Genética
de Noruega."Con el empleo del principio precautorio, la carga de la prueba se
traslada al proponente, que ahora necesita demostrar que la actividad es
necesaria y que no perjudicará la salud o el ambiente. Esto se refleja en el
Protocolo de Cartagena."
Sin embargo, ni en la Declaración
de Río ni en el Protocolo se mencionan las palabras "principio precautorio". En
ambas instancias la delegación estadounidense y sus aliados (en el caso del
Protocolo, el Grupo Miami) lograron exitosamente impedir que se mencionara
y que se sustituyera por el ambiguo término "acercamiento precautorio".
Es por esto que el Principio 15 de
la Declaración de Río dice: "Con el fin de proteger el ambiente, el
acercamiento precautorio será ampliamente aplicado por los estados de
acuerdo a sus capacidades. Donde hay amenazas de daños serios o
irreversibles, la falta de completa certeza científica no será usada como razón
para posponer medidas costo-efectivas para prevenir la degradación
ambiental."
Además, el Grupo Miami pudo
eliminar cualquier referencia a organismos genéticamente modificados y
sustituirlas con el ambivalente término "organismos vivos modificados".
El preámbulo del
Protocolo dice: "En concordancia con el acercamiento precautorio contenido
en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, el
objetivo de este Protocolo es contribuir a asegurar un nivel adecuado de
protección en el ámbito de la transferencia, manejo y uso seguros de
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que
puedan tener efectos adversos sobre la conservación y uso sustentable de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta riesgos a la salud humana y
específicamente enfatizando los movimientos transfronterizos."
Sin embargo, el Protocolo y su
cumplimiento se han estancado por un impasse sobre los temas gemelos de
responsabilidad y reparación de agravios.
El Artículo 27 del Protocolo provee
para "responsabilidad y reparaciones para daños resultantes de movimientos
transfronterizos de organismos vivos modificados."
"Los países en
vías de desarrollo siempre habían argumentado que si los organismos
genéticamente modificados son tan seguros como la industria y los países
productores alegaban que eran, entonces no tenían que preocuparse por
provisiones fuertes de responsabilidad y reparación de agravios, lo cual
aumentaría la confianza en sus productos", según Lim Li Lin.
"De hecho, la
inclusión de provisiones sustantivas de responsabilidad y reparación de
agravios en el Protocolo de Bioseguridad era vista como crucial para su éxito,
y durante las negociaciones muchos delegados apoyaron la campaña de las
organizaciones no gubernamentales, 'Sin responsabilidad no hay Protocolo y
luego 'Sin responsabilidad no hay bioseguridad'."
¿Quién es responsable? Buscando
un régimen con fuerza de ley.
La primera MOP fue en 2004, así
que un régimen de responsabilidad y reparación de agravios debió haber sido
acordado para el tiempo de la MOP de
2008 en Bonn. Pero ese no fue el
caso. En camino a la reunión de Bonn, un acuerdo todavía lucía improbable.
Después de la MOP de 2004 se formó un Grupo de Trabajo sobre
Responsabilidad y Reparación de Agravios en el cual no se hizo ningún
progreso.
La última reunión, un último
intento de llegar a un acuerdo, tomó lugar en la ciudad colombiana de
Cartagena en marzo de 2008, sólo dos meses antes de la MOP de Bonn, co-
presidida por los jefes de las delegaciones colombiana y holandesa. Para
facilitar la negociación se formó un grupo de Amigos de los Co-Presidentes.
Durante la reunión de los Amigos
seis corporaciones de biotecnología propusieron un acuerdo contractual de
compensación, el cual llamaron un Compact. Alegaban que era una
alternativa a las difíciles negociaciones, las cuales algunos observadores ya
comenzaban a pensar que estaban sentenciadas al fracaso.
Muchos delegados y observadores
de sociedad civil estuvieron consternados ante esta iniciativa de la industria.
"El Compact propone redefinir los roles de los estados y las corporaciones", de
acuerdo a Lim Li Lin. "Las corporaciones están tratando de crear derechos y
obligaciones legales, y a los estados se les permite, como terceras partes,
tratar de hacer valer esos derechos."
El sector de organizaciones no
gubernamentales (ONG) condenó el Compact rotundamente y lanzó una
declaración a ese efecto. "La industria sería a la vez acusado y juez de los
reclamos por daños, " y la privatización del derecho internacional establecería
"un mal precedente dentro del sistema entero de la ONU".16 Las ONG
exhortaron a que el Compact sea "despachado con el desprecio que merece".
A pesar de los esfuerzos de los
Amigos de los Co-Presidentes, los negociadores se fueron de Cartagena sin un
acuerdo que llevar a la MOP de Bonn. Durante la reunión de Bonn Malasia
intentó romper el empate con la formación de un Grupo de Amigos de Igual
Parecer. Eventualmente más de 80 países se unieron a este grupo, cuya
propuesta pretendió llegar a algún tipo de régimen vinculante de
responsabilidad a la vez que tomaba en consideración las objeciones de países
como Japón, que estaban totalmente en contra de la responsabilidad y
estaban bloqueando las negociaciones.
Los únicos países que no
aceptaron ni siquiera esta propuesta fueron Japón, Perú, Paraguay y Brasil. En
ese punto en las negociaciones la delegación peruana dijo que no veía la
necesidad de negociación, ya que "la biotecnología no tiene riesgos".
Como fue ya mencionado,
Argentina es miembro del Grupo Miami, no firmó el Protocolo y es además el
segundo mayor productor de cultivos transgénicos del mundo.
No hay duda que el gobierno
argentino, encomendado al modelo agroexportador de transgénicos, ha
desempeñado un importante papel en socavar la bioseguridad y adelantado
los intereses de la industria de biotecnología en negociaciones internacionales
como la COP-MOP de Bonn. Según el Grupo de Reflexión Rural, una ONG
argentina, Moisés Burachik, líder de la delegación argentina en Bonn, no era
servidor público.
Cuando la reunión de Bonn
terminó sin llegar a un acuerdo, los participantes decidieron tener dos
reuniones adicionales de negociación de responsabilidad y reparación de
agravios antes de la próxima MOP en 2010.
México fue el anfitrión y la
posición argentina y de otros países ha seguido en la misma tesitura.
Por todo lo expuesto, es que
vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | PERONISMO FEDERAL |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 17/08/2011 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |