La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que corresponda, se sirva informar los siguientes puntos respecto del acuerdo suscripto el pasado 27 de mayo entre el secretario de Medios Enrique Albistur y determinados medios de comunicación, para la conmutación de pasivos fiscales por espacios publicitarios destinados a la emisión de publicidad de la administración nacional:

- ¿Cuáles son los términos y condiciones, las obligaciones de parte y las instancias de control de cumplimiento de lo establecido en dicho acuerdo?

- ¿Cuál es el monto total de la deuda impositiva conmutada a los medios firmantes y el total a conmutarse en las siguientes etapas del proceso que abarca la medida?

- ¿Cuántas y cuáles son las empresas beneficiadas por la medida?

- ¿Cuáles son los requisitos para ser incluida en los beneficios de la medida?

- ¿Cuáles son las pautas de asignación de las publicidades a emitirse o publicarse por cada medio beneficiado por esta medida?

Señor presidente:

El pasado 27 de mayo el titular de la Secretaría de Medios de la Nación, Enrique Albistur, en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández y acompañado del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, firmó una serie de convenios para la cancelación de pasivos fiscales con medios de comunicación. Tal cancelación tendría como contrapartida la cesión de espacios publicitarios para la emisión de publicidad del estado - la llamada "publicidad oficial" por el término de 5 años.

Si bien los medios firmantes durante el acto fueron sólo cinco (La Gaceta de Tucumán, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, América TV, Telefé y Canal 10 de Mar del Plata); las empresas comprendidas por la medida serian cerca de quinientas, y la firma de los respectivos convenios estaría pensada para etapas posteriores.

En este acto, la mandataria adelantó la intención de impulsar, junto con los representantes de esas empresas, un proyecto de ley para rever el IVA al precio de tapa de los medios gráficos, respondiendo a una demanda de larga data del sector. La presidenta remarcó que esta medida será debatida en el parlamento, en tanto se trata de un impuesto coparticipable.

En el marco de una crisis que ha golpeado de manera particularmente intensa a los medios de comunicación y aún más a los medios gráficos en todo el mundo, es importante y saludable que el Estado tome medidas tendientes a revitalizar el sector, garantizar el empleo y la competitividad.

En efecto, los pasivos acumulados con el fisco, la pérdida de competitividad, el régimen diferencial respecto de otros sectores, etc. requieren un estudio y una reforma legislativa de manera coherente, ordenada e institucional.

Tal como fue expresado, hacemos nuestra la inquietud de la presidenta y nos preguntamos por qué entonces se resolvió firmar acuerdos sectoriales particulares, cuando el asunto requiere una revisión global en materia fiscal para un sector de la economía.

Lo que es sumamente preocupante del asunto, es la carencia de institucionalidad bajo la cual se avanza en la materia.

Así lo entendió la entidad que agrupa a los editores de diarios de Buenos Aires -AEDBA- que no fue parte de este "canje" y emitió un comunicado crítico respecto de estos acuerdos y sostuvo que "deberían haberse desarrollado dentro de un marco más consistente y acorde a la gravedad de la situación que viven los medios de comunicación en la Argentina". "Estos acuerdos generan incertidumbre respecto de su implementación y alcance, y repercuten sobre la seguridad jurídica de los medios y la libertad de expresión" agregan.

También denuncia que desde hace tres meses la AFIP intima de manera abusiva a centenares de medios de todo el país a través de cartas documento, inspecciones integrales, determinaciones de deuda cuya existencia está en debate y otras herramientas de presión. "El riesgo es que tal conducta, desplegada de manera casi desafiante pese a decisiones judiciales, no responda sólo a un exceso de afán recaudatorio sino a una finalidad extrafiscal que encubra otras intenciones, lo cual sería aún más preocupante para la libre expresión."

Acompañamos el planteo de la entidad al advertir que la libertad de expresión es el valor que está siendo puesto en juego en esta serie de acuerdos sectoriales y parciales, dado que con esta medida se conjugan dos realidades que hacen que la libertad de expresión pueda quedar fácilmente condicionada: la crisis financiera e impositiva de los medios los deja expuestos ante situaciones de abuso de herramientas coercitivas por parte de los anunciantes, especialmente aquellos con intereses de influencia política sobre la opinión pública. Y hoy en día el Estado Nacional es uno de los anunciantes con más peso y mayor interés de influencia política, lo cual podría afectar a los contenidos.

Es decir: ante medios empobrecidos y endeudados, el acreedor principal es además el anunciante más influyente. Da la impresión de dejar poco margen de negociación y tener el Estado las herramientas de imposición: "la sartén por el mango, y el mango también", como reza el dicho popular.

Pero esta situación podría no resultar tan grave, si la asignación de pautas del Estado nacional fuese transparente y estuviese institucionalizada, normada y monitoreada. Nada de ello sucede. Muy por el contrario, la "publicidad oficial" es uno de los reductos más oscuros de la gestión oficial: no existe una ley que regule bajo criterios transparentes esos fondos estatales a pesar de los numerosos proyectos, ha habido fallos judiciales por discriminación en la asignación de pauta, informes negativos de entes de control en su auditoría a la Secretaría encargada de la distribución, e investigaciones de la sociedad civil que dan cuenta del caótico manejo de estos fondos:

- Proyecto 15-D-2008 - Giudici, Baragiola y otros; Proyecto 812-D-2008 - Bertol y Pinedo; Proyecto 1581-D-2008 - Sánchez, Quirós y otros; Proyecto 3247-D-2008 - Martínez Garbino; Proyecto 4048-D-2008 - Linares, Morán y otros; Proyecto S-0962-2008 - Cabanchik, Estenssoro y otros; Proyecto S-1553-2008 - Naidenoff y Marino; Proyecto S-2292-2008 - Negre de Alonso y Rodríguez Saá; Proyecto 2570-D-2008- MAacaluse, Belous y otros.

- El 10 de febrero de este año, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema sentada en el caso Editorial Río Negro S.A. contra la provincia de Neuquén en noviembre de 2007, admitió un amparo de la Editorial Perfil contra el Estado Nacional, revocando un fallo de primera instancia y ordenando al Estado a colocar avisos oficiales en los medios de la editorial. La corte estimó que: supone "una evidente violación al principio de libertad de prensa"."Lo que se examina aquí es una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al gobierno de turno [...] Es decir, en una decisión discriminatoria y, por ende, violatoria de la libertad de expresión."

- El informe de la Auditorìa General de la Nación, realizado sobre la gestión en la Secretaría de Medios de Comunicación para el ejercicio 2006 y primer trimestre 2007, concluyó en un diagnóstico que destaca la falta de planificación estratégica en materia de publicidad oficial, la carencia de normativa específica y la ausencia de parámetros objetivos para la distribución de publicidad, la informalidad en que se desarrollan las contrataciones y la falta de controles adecuados: "no existe un control adecuado respecto a la realización de la publicidad, ya que la misma empresa en la que se pauta es la que certifica la efectiva prestación del servicio". La falta de normas claras en las distintas etapas (evaluación de necesidades de comunicación, planificación, distribución, contratación y control) "puede dar como resultado la falta de cumplimiento de los principios generales a los que debe ajustarse toda gestión de contrataciones como ser, la razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes y la transparencia en los procedimientos, publicidad y difusión de las actuaciones, entre otros"

- "Una Censura Sutil" y "El Precio del Silencio", son sendas investigaciones nacionales y regionales que publicaron ADC - Asociación por los Derechos Civiles y Open Society Justice Initiative en los años 2006 y 2008. En ambas realizan un monitoreo y seguimiento de la pauta pública como herramienta indirecta de coerción a medios y periodistas. La Fundación Poder Ciudadano, por su parte, hizo pública la dimensión económica del Estado como anunciante, a través de un pedido de acceso a la información pública: en el primer año de gestión, el gobierno de Cristina Kirchner gastó algo más de un millón de pesos diarios en publicidad oficial. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la inversión en publicidad fue de 46,2 millones de pesos, y en 2008 llegó a 395,3 millones, lo que representa una suba del 754% respecto de 2003. Si se toman los datos de 2007, el incremento del año pasado fue del 21 por ciento.

Esta utilización descontrolada e indebida de la pauta pública, contrasta con la que debería ser su finalidad: información de los actos de gobierno, campañas de propaganda y prevención, fomento de valores, difusión de mensajes e informaciones relevantes a la población como un servicio de interés público. Esto, en la medida en que es la población -vía Estado- la que paga por esa publicidad, es un bien público y debería tener finalidad de servicio.

No pueden solaparse la política de comunicación del estado con la política fiscal para un sector. Tienen objetos, autoridades, destinatarios, métodos y finalidades diferenciales.

Por lo tanto, así como no puede ser utilizada del modo en que se lo hace como censura sutil o premio-castigo, tampoco puede ser utilizada como subsidio o moneda de cambio para la cancelación de deudas, o salvavidas de empresas de medios. Sencillamente, no es su finalidad, sigue siendo un uso absolutamente indebido, una estafa a las arcas públicas y un peligro para la libertad de expresión.

La prensa dijo: "Las empresas periodísticas involucradas se comprometen a cambio a otorgar segundos y espacio de forma gratuita para publicidad oficial durante los próximos cinco años.". ¿Dónde está la condición de gratuidad? Cuando están condonando deuda a cambio. A nosotros, la sociedad, la publicidad oficial nos está costando lo mismo -incluso más caro- y ellos están redimiendo deudas. El cambio no es claro, los números no están a la vista, los convenios no están publicados y, así como no hay ley de propaganda estatal, tampoco existe una referida al Acceso a la Información Pública.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente solicitud de información al Poder Ejecutivo Nacional.