El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1ero.- Los trabajadores en relación de dependencia que hayan pertenecido a la Administración Pública Nacional y / o Provincial, sus reparticiones y organismos centralizados, descentralizados o autárquicos o Empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, empresas privatizadas y que hubiesen cesado en las actividades por retiro voluntario u otra forma de distracto laboral anterior al 31/12/01.

Tendrán derecho por única vez a una jubilación ordinaria anticipada aquellos que al 31/12/07 tengan no menos de 55 años de edad y acrediten no menos de 25 años de servicios con aportes en uno o más regímenes jubilatorios de reciprocidad.

Artículo 2do.- Los trabajadores de la Administración Pública Provincial serán aquellos de las provincias que al 31/12/98 hayan transferido a la Nación sus sistemas jubilatorios.

Artículo 3ero.- El monto jubilatorio será el que fije la Ley Nacional Nº 24.241 y Nº 24.347.

Artículo 4to.- El derecho a este beneficio se configurará a partir del 1º de Enero de 2.008, no correspondiéndose para el pago de haberes ningún período anterior a dicha fecha ni retroactivos anteriores a la fecha de la solicitud.

Artículo 5to.- Podrán acceder al beneficio jubilatorio anticipado los que a la fecha de solicitud del beneficio no gocen de jubilación, retiro o pensión no contributiva nacional, provincial o municipal.

Artículo 6to.- A partir de la promulgación de la presente ley derogase la Ley Nacional Nº 25.362.

Artículo 7mo.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En el año 1989 la Nación comienza con la transformación del Estado y sanciona las Leyes Nº 23.696 y 23.697, y en 1.990 lo hace mi Provincia y sanciona la Ley Provincial Nº 6.583 y declara sujeta a privatización las Empresas y Organismos del Estado provincial.

En enero del año 1.993 firma con la Nación, el Pacto Federal para el Empleo, en el cual se compromete a transferir a la Nación la caja de jubilaciones, dicho acuerdo fue refrendado el 28/11/93, por Ley Provincial Nº 6.723, cabe destacar que al momento de la firma de dicho compromiso con la Nación, en nuestra provincia en materia jubilatoria regían las Leyes Provinciales Nº 6.335 y sus modificatorias Leyes Nº 6.396 y 6.604, que fijaban como condición para obtener un beneficio de una jubilación ordinaria, tener 55 años los varones y 50 años las mujeres y tener 30 años de servicio, con 15 años de aporte. La transferencia se materializa el 29/12/95, lo cual implico que la provincia quedara imposibilitada del dictado de cualquier norma sobre esta materia.

Era previsible pensar que dicha transformación traería aparejado situaciones de injusticia social, ya que la transferencia de las actividades productivas y de servicio a manos privadas, implicaría que varias personas perderían voluntaria o involuntariamente su fuente laboral y que su reinserción en el campo laboral resultaría dificultosa.

En el año 1.997 la Nación entendió necesario contemplar las situaciones sociales disvaliosas, que se produjeron por la perdida de la continuidad laboral de los agentes del Estado y dicto el Decreto Nº 869/97, donde establecía condiciones que tendían a hacer menos exigentes los requisitos para la obtención del beneficio jubilatorio y en su Art. 4to, habilitaba a las Provincias que hubieren transferido al Estado Nacional su régimen previsional social, a negociar condiciones análogas.

En fusión de ello el gobierno Provincial, sanciona un proyecto de Ley de mi autoría, por la cual se crea una comisión negociadora (Ley Provincial Nº 6.982).

De la tarea constante de la misma, la cual me toco integrar, ante las Autoridades Nacionales, surge el compromiso del dictado de una norma que implicaría otorgar un beneficio jubilatorio anticipado a los Ex Agentes del Estado, lo cual se materializo en la Ley Nacional Nº 25.362.

Entre los fundamentos que se expusieron para la aprobación de la Ley Nacional Nº 25.362, allá por el 13 de septiembre del año 2000, se decía que la reforma operada en la estructura administrativa del sector público acompañada de los cambios vertiginosos producidos en el marcado laboral y la drástica reforma que se introdujo a la Ley Nacional Nº 24.241, trajo como consecuencia que un importante sector de los trabajadores y su grupo familiar se vieron privados de derechos tan elementales como el derecho a la cobertura de vejez, invalidez y muerte.

Que existían a esa fecha Ex Agentes del Sector Público que no podían acceder a la jubilación ordinaria por no cumplir con la edad requerida en la Ley Nacional Nº 24.241 y al mismo tiempo no conseguían trabajo alguno por exceder la edad requerida por el mercado laboral, que tampoco percibían subsidio por desempleo, ni estaban aptos moral o económicamente para ser autónomos, o simplemente no conseguían vender su servicios.

Desde mi banca como Senador en la Provincia de Salta, exprese que la Ley así sancionada no resultaría una herramienta valida para solucionar las necesidades de miles de personas que en aquel momento no podían incorporarse en el mercado laboral, después de haber perdido sus trabajos, fruto de la reforma del Estado llevada a cabo, lo cual los colocaba en un estado de extrema crisis.

Por lo que a través de un Proyecto de Declaración pedí a los Legisladores Nacionales introdujeran modificaciones a la misma, lo cual no se produjo, y solo se registro un intento de hacerlo , a través de la iniciativa de el Diputado Juan Manuel Urtubey que se canalizo mediante el exp. 2493/D/03, el cual caducó en el año 2005 sin ningún tipo de tratamiento.

Hoy la respuesta a mi nota del 22/03/07, dirigida a las autoridades del Anses, donde solicitaba información sobre el total de los beneficios otorgados por la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.362, producida recién el 14/06/07 después de numerosos reclamos telefónicos, lamentablemente me dieron la razón, solo se otorgaron después de casi 7 años de vigencia de la Ley Nacional Nº 25.362, 156 beneficios en todo el país y en mi provincia, la mayor afectada por la privatización de YPF, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, Banco Provincial, Casino Provincial, Empresas Estatales Mixtas, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, etc, solo siete.

Como el actual Gobierno Nacional tuvo la decisión política de otorgar jubilaciones a personas que nunca aportaron al sistema, creo que seria de extrema justicia que este beneficio también fuera otorgado a aquellos que sin quererlo perdieron su trabajo y sus beneficios sociales, después de haber aportado durante mucho tiempo.

Es por eso que hoy pongo a consideración de mis pares el presente Proyecto de Ley.