La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio a la intención de demoler la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial por parte del Gobierno de la Ciudad de Cordoba y, a la vez, acompañar la solicitud de Miguel Baronetto, víctima del mencionado establecimiento.-

Señor presidente:

Entre los meses de marzo y octubre de 1976 fueron fusilados 29 presos políticos en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial (Barrio San Martín, Córdoba), en el marco de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. En la época en que se cometieron esos crímenes comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército el General Luciano Benjamín Menéndez, en tanto que al frente de la Cuarta Brigada Aerotransportada (área 311), unidad de la cual dependía el Servicio Penitenciario, se desempeñaba el general Juan Bautista Sasiaiñ . Como tales, ellos fueron los principales responsables de las muertes. El asesinato de estos 29 presos políticos, todos activistas políticos de izquierda, marcó el pico más alto del régimen terrorista creado por los militares en la Penitenciaría de barrio San Martín. Los presos de la UP1 estuvieron incomunicados totalmente entre el 24 de marzo de 1976 y el 25 de mayo de 1979, es decir, durante más de tres años. Por decisión del Gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, la cárcel de barrio San Martín se desalojó completamente el pasado mes de abril con la intención de ser demolida próximamente para dar lugar a un parque verde y recreativo, que será inaugurado antes de fin de año, especulando -obviamente- con el momento eleccionario.Las autoridades provinciales quieren imprimirle un trámite rápido a todo el proyecto, con el objetivo de que sea el propio De la Sota quien lo inaugure antes de que finalice su mandato el próximo 10 de diciembre.El Ministro de Comunicación Jorge Lawson no descartó que se realice una implosión completa, lo que será anunciado con la suficiente antelación y en el marco de un operativo de seguridad y en los próximos días comenzará a trabajar en el lugar personal militar especializado.Ante esta decisión, el juez federal Nº3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida de "no innovar" al Gobierno provincial, no debiendo ser demolida la Penitenciaría debido a las investigaciones judiciales en curso sobre violaciones a los derechos humanos. "Tanto en este juzgado como en la Fiscalía Nº3 de Graciela López de Filoñuk hay numerosas investigaciones en curso por violaciones a los derechos humanos que hubo en ese establecimiento durante la dictadura y antes", dijo Vaca Narvaja.Miguel Baronetto, ex preso político y querellante en la causa UP1, había realizado una presentación para que no se avance en la demolición de la ex Penitenciaría. En su escrito, Baronetto dijo que había "podido verificar que se habrían iniciado las tareas de demolición, según me fuera informado primero por vecinos del lugar, constatado luego en forma personal desde los exteriores a los muros perimetrales"."En efecto, el día 7 de mayo pasado en horas de la tarde pude observar desde calle Colombres, el desmantelamiento de los techos de las instalaciones de los talleres, conocidas como industria, ubicadas a los fondos el penal", escribió:El juez federal Vaca Narvaja no constató aún los dichos de Baronetto pero dispuso resguardar el establecimiento. Intentando justificar la topadora del actual gobierno, la Ministra de Justicia y DDHH Graciela Chayeb afirma que "sólo dos presos políticos fueron asesinados en el interior de la cárcel, los otros dos fueron muertos afuera. Ignorancia jurídica?".

Si estos funcionarios hubiesen consultado con la Justicia Federal o con organismos de DDHH, habrían tenido información suficiente para saldar su ignorancia. Por último, la Ministra reprocha a Miguel Baronetto y a otros firmantes de la solicitud judicial de no innovar no haberles consultado sobre el tema, además de "estar mal informados".

Por lo expuesto solicito el acompañamiento del presente proyecto.-