La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al señor Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, Dr. Julio De Vido y al señor Secretario de Transportes, Dr. Ricardo Jaime, a concurrir al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que brinden informes verbales sobre las presuntas irregularidades denunciadas públicamente por la Auditoria General de la Nación en relación a:

1. Las consecuencias de la modificación presupuestaria prevista en el Decreto 678/2006.

2. Las obras que se verán afectadas por el recorte de $ 395.582.092 de los fondos originalmente previstos en el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2006 para el Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

3. Los criterios utilizados para el otorgamiento de subsidios anuales al transporte por más de $ 1.600 millones provenientes del fondo fiduciario Sistema Integrado de Transporte (SIT), financiado con una tasa del 18,5% aplicada al gasoil.

4. El anticipo de $17 millones al Sindicato de Camioneros para tomar exámenes psicofísico a choferes.

5. Los aumentos de tarifas del transporte público que sufren los ciudadanos del interior del país como producto de los subsidios limitados al transporte de pasajeros de Capital Federal y zona metropolitana.

Señor presidente:

Ante la reciente denuncia pública presentada por la Auditoría General de la Nación, la Cámara de Diputados requiere de acuerdo con las atribuciones que le son propias a través de lo establecido en el artículo 71 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL, citar al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, señor Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, Dr. Julio De Vido y al señor Secretario de Transportes, Dr. Ricardo Jaime a presentarse ante ella a los efectos de proporcionar las explicaciones e informes convenientes a los términos allí expuestos.

La información vertida públicamente demuestra que estamos ante un hecho de extrema gravedad que exige una inmediata dilucidación por parte de las autoridades competentes en la materia.

Durante la última semana, nuevamente la temática de los subsidios al transporte automotor, su distribución y control, fueron objeto de tratamiento en los medios de comunicación, producto de un informe de la Auditoría General de la Nación y el análisis de las probables consecuencias de la modificación presupuestaria prevista en el Decreto 678/2006.

Los subsidios estatales constituyen una herramienta útil para garantizar el acceso de la población a determinados bienes y servicios, y así lo entienden -y aplican- gran parte de los países centrales que subsidian fuertemente el transporte público.

La gran diferencia con los países centrales reside en el hecho de que, en nuestro país, el monto de subsidio asignado a cada empresa se calcula sobre la base de las necesidades explicitadas por las compañías en sus declaraciones juradas y no es acompañado por un serio y eficaz control por parte del Estado-es más, sin ningún control-. Por el contrario, lo que sucede en casi todos los países donde se subsidia el transporte público es que el monto del aporte estatal se establece a partir de un exhaustivo análisis de la estructura de costos de la actividad. Pero además, en nuestro caso particular, lo grave es que la aplicación de esos subsidios resiente, posterga y en ciertos casos hasta olvida la inversión estatal en áreas y obras de carácter estratégico para su desarrollo a mediano y largo plazo.

En Argentina, la mayor parte de estos subsidios se distribuyen a través de un fideicomiso denominado Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), que se financia con una tasa del 18,5% aplicada al gasoil y se dedica al desarrollo de obras de infraestructura vial y a la compensación del transporte. Ese fideicomiso se compone de dos grandes sistemas: el SISVIAL -destinado a obras viales- y el SITRANS -destinado a subsidiar el transporte de pasajeros y cargas-, los cuales, hasta mediados del año pasado, se repartían en partes iguales los recursos provenientes de la tasa al gasoil.

Sin embargo, por una redistribución transitoria que aprobó el Gobierno en junio de 2005, el SITRANS pasó a embolsar el 65% de los ingresos con la promesa de que se iba a restablecer el reparto original a partir de este año. Pero ahora, a través del Decreto 678 del 31 de mayo de este año, el Ejecutivo volvió a prorrogar esa distribución asimétrica hasta fines del 2006 y dejó al sector vial con casi 400 millones de pesos menos de los que ya se habían presupuestado para imprescindibles obras viales -entre ellas, la autopista Rosario-Córdoba e importantes pasos fronterizos-.

La Auditoría General, al igual que la Defensoría del Pueblo de la Nación, sostuvo y sostiene que los servicios subsidiados de trenes y colectivos continúan siendo altamente ineficientes por falta de mantenimiento de las unidades y de capacitación del personal, incumplimiento en las frecuencias y falta de limpieza. Las deficiencias en la prestación refuerzan los cuestionamientos hacia la política implementada por el Gobierno y distorsionan una herramienta que utilizan con eficacia los países centrales para que el transporte público y de carga funcione con eficiencia y aporte a la generación de riqueza social.

Esa valiosa política de intervención del Estado en la economía que significan los subsidios, en nuestro país está severamente cuestionada por manejos poco transparentes y acusada de financiar la ineficiencia de muchas empresas privadas, en gran medida producto del sistema confuso y complicado por el cual se construye la fórmula que justifica los montos entregados a las empresas prestatarias del servicio de transporte. Los criterios utilizados para la construcción de esa fórmula, sumados a la discrecionalidad utilizada en la administración de los recursos del fondo fiduciario, perjudica de manera absolutamente evidente a las empresas de transporte del interior del país y favorece a las de la zona metropolitana de Buenos Aires.

Pero además, en este caso puntual, lo más grave es que, por esa práctica del subsidio permanente sin controles, se siguen postergando -por segundo año consecutivo- imprescindibles inversiones en infraestructura que no pueden seguirse posponiendo ni evadiendo. Resulta necesario comenzar a tomar medidas en función de las necesidades estructurales del país, y evitar las tentaciones del manejo discrecional de fondos públicos siempre acotado a la inmediatez de la coyuntura.

Los subsidios son políticas de estado que deben ser diseñadas y aplicadas más allá de las aspiraciones electoralistas del oficialismo dado que su función es apuntalar los sectores de la economía, reequilibrando el sistema por encima de la lógica del mercado.

Subsidiar el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires en detrimento de obras viales imprescindibles para conseguir un desarrollo y una integración más armónicas y equilibradas del territorio nacional, significa una insensatez incomprensible.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.