La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, informe acerca de los siguientes temas relacionadas con los servicios de comunicación audiovisual desde la aplicación de la ley 26.522:

1.- Informe si se han registrado cambios positivos en la programación televisiva de todo el país, de acuerdo a los objetivos fijados por la ley, en comparación con la situación actual, a la fecha de sanción de la presente. En caso afirmativo, detalle cuáles fueron.

2.- Detalle que porcentaje de participación tenían en el mercado los medios y canales alternativos, comunitarios o independientes, antes de la vigencia de la ley en comparación con la participación a la fecha.

3.- Detalle de cuáles son las empresas que proveen la programación que es difundida en los canales de televisión, especialmente los de mayor audiencia.

4.- Cuál es el efectivo y real porcentaje de los contenidos televisivos retransmitidos en las provincias argentinas cuya procedencia proviene del área metropolitana de Buenos Aires.

5.- Si se han creado nuevos canales creados desde la vigencia de la ley 26.522, quiénes son sus titulares, su financiamiento y su adecuación a la requisitoria de la ley vigente.

6.- Sobre el gasto diario del Estado nacional en publicidad oficial y a qué canales y emisoras radiales se destina.

7.- Detalle de las sanciones aplicadas en virtud del art. 111 de la ley 26.522, dando cumplimiento a lo prescripto en ese artículo en cuanto a la obligación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de hacerlas públicas.

8.- Detalle de la asignación señales de televisión digital y cuál es el rol de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en ese procedimiento.

9.- Nómina de los integrantes del Directorio de AFSCA, con detalle de funciones y datos de Hoja de Vida. En su caso, informe porque motivos no se ha completado total o parcialmente el Directorio, según prescribe la ley 26.522.

Señor presidente:

La sanción de la ley 26.522 tuvo como uno de los objetivos más preciados la de posibilitar la apertura a nuevas voces, organizaciones, cooperativas, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro especialmente habilitadas para brindar los servicios que esta norma regula, de democratizar la comunicación social en todos sus aspectos.

Tras la aprobación y sanción de esta ley y su consecuente entrada en vigencia, es necesario que Organismo competente informe acerca de la situación de los cambios que la ley trajo aparejado hasta este momento.

Como lo expresamos en este Pedido de Informes, son varios los temas en los que requerimos la información al Poder Ejecutivo Nacional, toda vez que, como es su costumbre, no comunica acerca de los actos de Gobierno. Este tema es particularmente sensible por la importancia que la libertad de expresión tiene en la conformación de un sistema de vida democrático.

Durante el debate de la ley, advertimos que se estaba discutiendo una medida de corto plazo, sin abordar el tratamiento de políticas viables y sostenidas en el tiempo que generen la necesaria irrupción de los nuevos actores en el escenario comunicacional constituido por los nuevos medios digitales.

Señor Presidente, considero que los objetivos que persigue el oficialismo con esta ley son diametralmente opuestos a los que se manifiestan en los fundamentos de la misma. Especialmente en lo que se refiere a la pluralidad de ideas y democratización de la comunicación audiovisual, ya que hasta el momento el mayor esfuerzo oficial está depositado en:

a. La descapitalización del Grupo Clarín, mediante la aplicación del artículo 161, por el que se establece que quienes tienen más de diez licencias o más tres en una misma zona de cobertura, deben desprenderse de las mismas. Pues a pesar de que varias empresas comunicacionales presentan condiciones parecidas en cuanto a la cantidad de licencias que detentan, el Gobierno nacional ha demostrado un particular ensañamiento hacia los medios del Grupo Clarín, con campañas promovidas por funcionarios de alto rango.

b. La creación de un holding mediático oficialista. Al tiempo que se califica de "corporación" o "monopolio" al Grupo Clarín, el oficialismo manifiesta ilimitada tolerancia y un excesivo apoyo a los medios y grupos empresarios comunicacionales que manifiestan

su decidido apoyo al Gobierno Nacional. Con lo cual se ha constituido una red de medios oficialistas mucho más abarcativa y poderosa que los supuestos "monopolios' preexistentes, donde a las emisoras de radio y televisoras se le suman medios gráficos y digitales. En esta red se integran:

• Medios operados por proveedores del Estado, como el Grupo Electroingeniería que controla Radio del Plata y Canal 360;

• Grupos sostenidos con publicidad oficial y que no existirían de otra manera, como el Grupo Ámbito (Buenos Aires Herald, Ámbito Financiero, El Ciudadano de Rosario y El Tribuno de Tucumán), el Grupo Olmos (Diario Crónica, Diario BAE, Diario El Atlántico, Crónica TV), Grupo Veintitrés / Spolsky - Garfunkel (Radio América, Tiempo Argentino, El Argentino, Revista Veintitrés, Revista Forbes, Revista Newsweek, Revista Lonely Planet, Canal Vivra!, Canal CN23), Grupo Moneta - Garfunkel (Semanario Infocampo, Revista El Federal, FM Rock & Pop, Radio Splendid, FM Blue, FM Metro, Radio Belgrano), Grupo Indalo / Cristóbal López (Diario El Patagónico, Canal 9 de Comodoro Rivadavia, Radio del Mar, Minuto Uno. com) que controla, a su vez, al Grupo Hadad (Canal C5N, FM Vale, FM Vega, FM Pop, FM TKM, Radio 10), Grupo Albavisión / Remigio González (Canal 9 de Buenos Aires, Canal Suri, FM Aspen), Ediitorial La Página (Diario Página 12, Diario Rosario 12).

• Medios de organizaciones del tercer sector ligadas al Gobierno nacional, como ONG, sindicatos, etc.: AM 530 Radio La Voz de las Madres, Sindicato de Trabajadores de Edificios (AM 750, Revista Caras y Caretas, Diario Z), UOCRA (Construir TV).

• Medios estatales: Televisión Digital Argentina, Radio y Televisión Argentina (Radio Nacional, Canal 7), televisoras de los ministerios (Paka Paka, Encuentro, Tecnópolis TV, INCAA TV) Agencia de noticias Télam, Telesur.

La lista no es exhaustiva. Faltan algunos medios y grupos oficialistas no tan explicitados ni tan dependientes de la publicidad oficial, televisoras y emisoras de radio provinciales o departamentales de menos alcance, etc.

También es importante destacar que la mencionada sociedad del estado Radio y Televisión Argentina maneja la tanda obligatoria y los sobreimpresos de "Fútbol para Todos", entre otras producciones de alto rating, exclusivamente con publicidad oficial.

Afirmamos que el objetivo es el Grupo Clarín al no advertir el mismo rigor en la aplicación de las normativas a otras empresas del sector. En este sentido, podemos citar el caso de Telefónica, quien es dueña de Telefé entre otros medios, no solo es una empresa de telefonía, sino que además es de capitales españoles, siendo propietaria de varios medios audiovisuales en distintas partes del mundo. Baste recordar en este punto que la normativa permite la constitución de un 30 % como máximo de capitales extranjeros. Asimismo, resulta sorprendente que el accionista controlante sea una empresa de servicios públicos, lo que está expresamente prohibido en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Existe otra situación poco clara con el titular del Canal 9 de Buenos Aires, el Sr. Ángel Rodríguez, de origen mexicano, quien además de ser dueño del canal citado posee otras señales si que exista un Tratado Bilateral con México que lo habilite en esta materia.

Por otra parte, entendemos que es necesario recibir informes sobre la situación de las radios del Grupo Prisa o, sobre las recientes compras realizadas por el Grupo Indalo, que incluyen Radio Diez y el canal C5N, entre otras señales del mismo grupo.

Con relación a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 111, es de interés público conocer si se han adoptado medidas contra Radio y Televisión Argentina anta la falta de implementación de una estructura directiva democrática y por erigirse en una agencia propagandística oficialista, transgrediendo justamente los principios normativos consagrados en la ley 26.522.

Señor Presidente, en definitiva estamos solicitando que el Poder Ejecutivo cumpla con el mandato republicano de publicidad de los actos públicos, sobre todo en un área tan sensible como es el de la comunicación social.

El permanente silencio del Gobierno nos pone en la obligación de requerir los informes acerca del desenvolvimiento de un organismo del Estado por el que el Gobierno regula a los medios de comunicación.

Por estos motivos es que solicitamos el tratamiento y la consecuente aprobación el presente Pedido de Informes.